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Acompáñanos mañana en nuestro facebook live desde el cierre del Comité Contra la Tortura de la ONU, examen #Argentina, compartiremos las impresiones y análisis de las ONGs locales que participaron con sus reportes. 6PM Suiza - 1PM Argentina.
27.04.2017 at 02:48 amMe gusta
Red Internacional de Derechos Humanos The most damning evidence of Europe’s lack of political will to address the crisis, and the sign of a profound moral deficit within European institutions, is perhaps reflected in the European deal with Turkey of March 2016, a mechanism to reduce the number of “irregular” migrants and refugees departing Turkey to enter the EU through Greece.27.04.2017 at 01:33 amMe gusta
Red Internacional de Derechos Humanos #CATArgentina
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Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra

PALABRAS INICIALES
Lic. CLAUDIO AVRUJ, SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL DE LA NACIÓN.

Comenzaré por referirme a un concepto fundamental, que considero necesario tomar como punto de partida para que las políticas de derechos humanos se orienten en el camino correcto, con una mirada amplia.
Este concepto fundamental, compartido por la gestión de gobierno que inició su tarea en diciembre de 2015, consiste en la necesidad de reconocer la existencia de un problema para poder tomar y emprender acciones concretas para enfrentarlo y resolverlo.
Es necesario entonces, para poder adecuar el marco institucional y las políticas públicas a la lucha contra las prácticas de tortura y malos tratos, comenzar por reconocer su existencia para avanzar en la implementación de políticas concretas para enfrentarlas y erradicarlas.
Determinadas prácticas arraigadas en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad, del sistema carcelario y de las diferentes ramas de los poderes públicos, llevan años de existencia y representan una deuda que tiene la democracia argentina que debe ser saldada con acciones preventivas e investigativas, enfrentando con coraje las prácticas que pueden implicar tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En ocasiones previas, también representando al gobierno de la República Argentina, he estado presente y asumido la responsabilidad que le cabe a las autoridades del país ante otros organismos internacionales frente a los que Argentina ha rendido examen durante el año 2016.
Me refiero, concretamente, al examen del informe presentado ante el Comité de Derechos Humanos, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los días 29 y 30 de junio de 2016, y a la presentación ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, los días 22 y 23 de noviembre de 2016.
En esas dos oportunidades tuve la posibilidad de referir los primeros pasos que se estaban dando desde las políticas públicas para avanzar en una decidida y amplia protección de derechos, así como aceptar los enormes desafíos a los que nos enfrentamos.

Tengo que decir que encaramos algunas deudas importantes, como son avanzar institucionalmente hacia la designación de un Defensor del Pueblo de la Nación y la conformación del Comité contra la Tortura, dos cuestiones impostergables, sobre las que sí hay avances para informar.
Argentina, en el año 2016, también se presentó ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial y ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. En ambas ocasiones fuimos objeto de recomendaciones, como así también pudimos exponer los diferentes planes y programas que ya se encuentran en acción en esos aspectos.
Por otra parte, se ha recibido la visita de Relatores Especiales de Naciones Unidas, como es el caso del Relator Especial sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia y el Experto Independiente sobre la Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o de identidad de género y, a la brevedad, estaremos recibiendo a la delegación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que ha aceptado la invitación efectuada y que se concretará dentro de unas semanas.
En primer lugar referiré los Avances institucionales encarados por la actual gestión de gobierno.
Uno de los primeros cambios efectuados por esta gestión a nivel institucional, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos en el país y que las políticas públicas se traduzcan en acciones concretas en la lucha contra prácticas nocivas, fue la modificación de la estructura orgánica de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
A partir del decreto N° 13/15 la Secretaría pasó a llamarse Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
En enero de 2016, mediante la decisión administrativa 483/16 se modificó la estructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reordenando las responsabilidades de las distintas áreas del mismo, creando y jerarquizando las de otras.
En tal sentido, en lo que concierne a la temática que hoy nos convoca, se mantuvo la vigencia de la estructura organizativa del Programa Verdad y Justicia y del Programa para las Victimas contra las Violencias.
Debo destacar la creación de nuevas direcciones dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, como la Dirección Nacional de Cultura Cívica en Derechos Humanos; la Dirección Nacional de Derechos y Resolución de Conflictos y la Dirección Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional.
Me he referido en particular a estas áreas porque se trata de cambios institucionales que jerarquizan y otorgan un papel preponderante a la formación, capacitación y protección de derechos humanos con un enfoque en las víctimas, cuyos derechos deben ser protegidos y a los que las autoridades les otorgan un papel importante.
Defensor del Pueblo
Volviendo a uno de los dos temas pendientes a los que me acabo de referir, quiero decir unas palabras sobre el Defensor del Pueblo de la Nación.
En octubre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas publicó una resolución que aprobó la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
En ese marco, y a fin de colaborar con la Organización de las Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo de la República Argentina, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, implementa desde el 30 de diciembre de 2015, el “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030”.
Si bien es cierto que es evidente que esas metas son y deben ser ambiciosas, se pretende favorecer la concreción de la colaboración activa que cabe al Defensor del Pueblo de la Nación, de allí que, en lo que va del corriente año parlamentario, se ha reunido la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo, y en su primera reunión ya reiteró la decisión de avanzar con la designación del Defensor del Pueblo de la Nación.
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura
Por otro lado, existe la firme decisión política de avanzar con la implementación del Sistema Nacional de prevención de la Tortura. Quiero recordar que en el año 2012 se sancionó la Ley Nº 26.827, que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta ley prevé que el Sistema estará integrado por un Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en el ámbito del Poder Legislativo Nacional y por Mecanismos Locales de Prevención en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, se han impulsado diversas acciones para el desarrollo y puesta en funcionamiento del Mecanismo Nacional y de los Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura en contextos de encierro. Su mantenimiento, creación e implementación requieren de una labor basada en la construcción de consensos con las provincias, sostenidos en el diálogo constructivo y el respeto por el carácter federal de nuestro país.
Somos conscientes de que el grado de avance en la implementación de los Mecanismos Locales ha sido dispar; mientras existen provincias que cuentan con Mecanismos creados por ley, actualmente en funcionamiento, y otras cuentan con proyectos de ley en trámite o con anteproyectos de ley en distinto grado de avance. Eso no quiere decir que debamos dejar de apostar al esfuerzo mancomunado.
Dentro del ámbito del Poder Legislativo, la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que es el órgano encargado de impulsar la conformación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura estableció en marzo de este año un cronograma para la integración de dicho Comité.
Es importante informar en esta instancia que el período de recepción de postulaciones para cubrir cargos en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura propuestos por organizaciones sociales de derechos humanos o profesionales que cuenten con trayectoria en la defensa de las personas privadas de la libertad se encuentra abierto hasta el día 28 de abril.
La conformación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura dará comienzo a un proceso trascendental, que se impone luego de casi 10 años de dictado el protocolo contra la tortura de las Naciones Unidas y tres años desde que se reglamentara la ley en nuestro país.
A nivel federal, desde principios de 2016, en la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural se creó internamente un área específica de Implementación del Protocolo Facultativo en el ámbito del Consejo Federal de Derechos Humanos, que trabaja para avanzar en la implementación homogénea del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos, o Degradantes.
Con esta medida se complementan los esfuerzos internacional, nacional y provincial, gubernamental y de la sociedad civil, para lograr la homogénea y adecuada implementación del Protocolo Facultativo en el país, conforme lo previsto por su art. 29.
En materia legislativa, resulta oportuno destacar la existencia de un importante proyecto normativo. En febrero de este año, el decreto 103/2017 creó una Comisión para debatir y elaborar la reforma y actualización del Código Penal.
Sabemos que es imprescindible que la normativa punitiva nacional sea adecuada a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos, la persecución del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción.
Esta comisión está integrada por juristas destacados y funcionarios especializados representantes del poder judicial y del poder ejecutivo, y trabaja en forma coordinada con el programa Justicia 2020, con el propósito de emplear la plataforma digital de dicho programa, para informar los avances del proyecto y recibir los aportes que aseguren la representación amplia de la sociedad.
Sistema penitenciario
En materia penitenciaria, cabe destacar que en el año 2008 se creó el Consejo Federal de Justicia –COFEJUS-, ámbito institucional de encuentro federal que tiene como misión concertar y coordinar las acciones de cooperación entre la Nación, las Provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendientes a fijar políticas comunes en materia judicial y penitenciaria. Este Consejo depende funcionalmente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, más precisamente de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios.
El Consejo Federal Penitenciario realizó su primera reunión ordinaria del año 2017 en el mes de marzo, ocasión en la que presentó su plan de gestión 2017 y la campaña de promoción de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como las reglas Mandela. También se abordó la reforma integral del Servicio Penitenciario Federal y los mecanismos de articulación federal como el Eje Penitenciario del Programa Justicia 2020 y la ampliación del programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica, entre otros puntos.
Registros y estadísticas
Una de las primeras medidas del gobierno que asumió sus funciones el 10 de diciembre de 2015 fue el dictado del Decreto 55/2016 declarando el estado de emergencia administrativa del Sistema Estadístico Nacional (07/01/2016).
Los aspectos que hoy nos convocan no están exentos de la crisis generalizada que se dio en la disponibilidad de datos estadísticos, y es así que se nos ha recomendado en reiteradas ocasiones y por distintos organismos internacionales, la necesidad de contar con registros y estadísticas confiables.
El pasado mes de marzo, convocados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representantes de los Ministerios Públicos Fiscales de todo el país participaron de un intercambio para avanzar en el desarrollo de un sistema de estadísticas transparentes para la justicia argentina. Es una iniciativa que implica un claro avance en términos de transparencia institucional del sistema judicial en su conjunto y una oportunidad para desarrollar políticas basadas en datos empíricos.
Se trata de un trabajo coordinado de producción y publicación de datos entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y medio centenar de instituciones de justicia de todo el país, en el marco del Convenio Interjurisdiccional de Datos Abiertos, suscrito en 2016. En el encuentro que se hizo en el Ministerio de Justicia el mes pasado, participaron representantes de los Ministerios Públicos Fiscales de Capital Federal y de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y La Pampa.
Como puede observarse, los desafíos que enfrentamos son importantes, el reconocimiento de la realidad es el primer paso para modificarla y las acciones que venimos adoptando van en ese sentido. Cuestiones demoradas hace años están siendo encaradas con decisión política. La presencia de la presidenta de la comisión bicameral de la Defensoría del Pueblo de la Nación en esta delegación es la manifestación de un claro ejemplo de ello. La senadora Marta Varela no solo viene a exponer los avances en el parlamento argentino sino, también, a llevarse las inquietudes y planteos internacionales sobre la puesta en práctica del mecanismo nacional de prevención contra la tortura.
En definitiva, para el gobierno argentino la presentación ante este Comité es siempre una oportunidad de analizar los avances, cuestionamientos y desafíos que enfrenta para hacer realidad la efectiva protección de los derechos humanos.
26.04.2017 at 06:22 pmMe gusta
Red Internacional de Derechos Humanos Organizaciones que luchan en contra de la mutilación genital de personas #intersex participan del #UNCAT60 #CATArgentina en Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra

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26.04.2017 at 01:48 pmMe gusta
Red Internacional de Derechos Humanos En vivo: #CATArgentina #Argentina en UN Geneva #humanrights transmitiendo en vivo por Red Internacional de Derechos Humanos #UNCAT60 #NomasTorturaARG

Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra
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26.04.2017 at 01:07 pmMe gusta
Red Internacional de Derechos Humanos #RIDHLive #CATArgentina #UNCAT60 #NomasTorturaARG

#Activistas de toda América Latina esta semana estaremos acompañando el proceso de las organizaciones de la sociedad civil locales quienes participan en el Comité Contra la Tortura de la ONU en Suiza, presentando sus reportes y denuncias durante examen que cumple el Estado de Argentina ante la comunidad internacional.

Correpi Organización Asociación Pensamiento Penal Red Nacional de Medios Alternativos La Izquierda Diario
26.04.2017 at 03:05 amMe gusta
Red Internacional de Derechos Humanos Suiza debe respetar la prohibición absoluta de la tortura rechazando todo pedido de extradición basado en una condena penal cuestionada por actos de tortura”, dijo el relator Melzer en un comunicado emitido por la ONU.25.04.2017 at 08:20 pmMe gusta
Red Internacional de Derechos Humanos En el marco de su examen ante el Comité de la ONU Contra la Tortura, #Argentina responderá en Ginebra sobre el estado de las investigaciones, condenas y reparaciones por las denuncias de torturas cometidas durante la dictadura militar.25.04.2017 at 08:10 pmMe gusta