Por: Juan Gasparini

 

Ginebra, 15 de septiembre.- “Las Madres y la Abuelas de Plaza de Mayo nos sentimos agradecidas a este Grupo que continúa examinando a la comunidad internacional en las desapariciones forzadas y graves violaciones a los derechos humanos”, dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que presentó hoy su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Compuesto por 5 expertos independientes, este Grupo es presidido por el jurista y catedrático argentino de la Universidad de Texas Ariel Dulitzky, quien recordó su creación “hace 35 años para que la ONU pudiera ocuparse de los desaparecidos en Argentina y Chile”, venciendo así la reticencia de la comunidad internacional bajo presión de las dictaduras de Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, instauradas en los años 70.

“Este Grupo fue el principal mecanismo de expertos independientes con el que contamos para denunciar qué era lo que pasaba en nuestro país, mientras la prensa local e internacional y la diplomacia evitaban la condena pública en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU”, explicó Carlotto refiriéndose al órgano que precedió al actual Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Tanto la antigua Comisión como el presente Consejo han observado como principio elegir a los expertos de los Grupos de Trabajo y a los Relatores Especiales por consenso: personalidades que trabajan gratuitamente, solo cobran viáticos y son designados por su calidad moral y académica para que actúen con base en su conciencia, al margen de su nacionalidad, origen y creencias.

El mandato del Grupo es “ayudar a las familias de las personas desaparecidas a esclarecer la suerte y el paradero de sus familiares desaparecidos, vigilar el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones derivadas de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y prestar asistencia a los Estados en aplicación de esas normas”, establecidas por la Asamblea General de la ONU.

En su labor de investigación, el Grupo “ha trasmitido un total de 54 557 casos a 105 Estados”, de los cuales 43 563 casos, atinentes a 88 Estados, continúan siendo examinados”. En el último año se han esclarecido 65 casos.

Las más resonantes averiguaciones del Grupo, al margen de las de Argentina y Chile, conciernen a Irak, Argelia, El Salvador, Guatemala, Perú y Sri Lanka.

Al propio tiempo, la ONU se ha dotado de una Convención contra la Desaparición Forzada, ratificada hasta la fecha por 50 Estados, que dispuso la constitución de un Comité de diez expertos independientes encargados de vigilar si dichos Estados cumplen con los preceptos de la Convención. Actualmente, y hasta el 18 de septiembre, el Comité está examinando los casos de Irak y Montenegro.

Uno de sus miembros, el argentino Luciano Hazan, estima que “el Comité tiene mandato normativo para hacer cumplir importantes obligaciones para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones, que no son algo del pasado, sino que se han ido extendiendo como práctica del terror por el mundo, a veces con formas distintas”. Se congratuló de “que Estela Carlotto (haya hecho entrega al Comité) del listado con los casos resueltos de niños desaparecidos: 117 personas que recuperaron su identidad y dejaron de estar desaparecidas. El objetivo que todos buscamos”.