ACNUDH condenó ataques contra manifestantes y medios de comunicación en Nicaragua
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos instó al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión y de reunión de los ciudadanos que se manifiestan desde el miércoles.
A través de su portavoz en Ginebra, Liz Throssell, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) se pronunció el viernes pasado sobre la violencia, las muertes y las agresiones en contra de manifestantes y medios de comunicación producidas en el contexto de las protestas que estallaron en Nicaragua tras la reforma al seguro social decretada el 18 de abril por el presidente, Daniel Ortega.
Throssell también deploró los ataques contra periodistas y la suspensión de transmisión de los canales de televisión que habían estado cubriendo las protestas. La portavoz exhortó al Estado a «cumplir sus obligaciones internacionales para garantizar que las personas puedan ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y asociación», y urgió a quienes se manifiestan a hacerlo de manera pacífica.
Otras organizaciones internacionales también se han pronunciado al respecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Gobierno a respetar el derecho a la protesta pacífica y anunció que solicitará una visita formal al país. En esta misma línea, Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades a cesar la represión y a entablar un diálogo con los distintos sectores de la sociedad con el fin de buscar una solución pacífica. «El presidente Ortega no puede seguir gobernando sin diálogo, consulta y respeto por los derechos humanos del pueblo nicaragüense”, declaró la directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La oficina regional del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos en Centroamérica también exhortó al Gobierno a prevenir la violencia y a garantizar los derechos de los manifestantes a la libertad de expresión y de reunión pacífica, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Nicaragua es signatario desde 1980.
Detrás del descontento de los nicaragüenses
Por quinto día consecutivo, los nicaragüenses salieron este domingo a las calles de Managua y de otras ciudades a protestar contra la reforma que prevé una deducción a las pensiones del 5 % y un aumento a las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, y que fue decretada por el presidente Ortega como parte de una estrategia para resolver la crisis económica por la que está pasando el Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
Estas reformas fueron rechazadas por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) con el argumento de que pondrían en riesgo la economía del país. Además, según reportó La Prensa, expertos han advertido que el empleo del decreto presidencial puede ser inconstitucional debido a que la modificación al sistema de pensiones puede considerarse tributaria y la Constitución solo otorga potestad a la Asamblea Legislativa para crear, modificar o eliminar tributos.
Tras varios días de protesta, Ortega aceptó a sentarse a discutir con el COSEP sobre las reformas. No obstante, el grupo empresarial declaró que no habría diálogo hasta que no cese la violencia contra los manifestantes, que ha ido escalando por parte de las fuerzas de seguridad, e incluso de agentes del ejército desplegados en algunos lugares, como en las ciudades de Estelí y de León y en la Universidad Politécnica de Managua.
Como consecuencia de los enfrentamientos, medios oficiales reportan al menos 10 muertos, cifra que según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos se eleva a 30. También se informa de 64 heridos y 43 personas desaparecidas.
Escombros de las instalaciones de la radio Darío 89.3 en León. Fotografía: Carlos Langrand
Agresiones contra la prensa
Desde que iniciaron las protestas el pasado miércoles se han reportado numerosos ataques a periodistas, que fueron golpeados por grupos de choque afines al Gobierno, y al menos cinco canales de televisión que estaban cubriendo las protestas vieron su transmisión en vivo interrumpida el jueves por la tarde. Según Aníbal Toruño, propietario de la radio Darío 89.3, en la ciudad de León, la noche del 21 de abril “turbas orteguistas” prendieron fuego a las instalaciones del medio cuando había personas dentro.
Uno de los hechos que ha causado mayor indignación en la prensa y las redes sociales es el asesinato del periodista Ángel Gahona, del noticiero el Meridiano de Bluefields, mientras transmitía en vivo los enfrentamientos. En contradicción con las versiones oficiales, la periodista Ileana Lacayo declaró que solo los policías y antimotines estaban armados en el momento del crimen. El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, condenó hoy este asesinato e hizo un llamado a «determinar y sancionar a agentes estatales que han provocado tantas muertes o sus circunstancias».
En varias partes del mundo, como en Costa Rica, Ecuador, España y Estados Unidos, se han visto reuniones pacíficas en apoyo a las protestas en el país centroamericano. En Ginebra también se ha convocado a los nicaragüenses a manifestar este martes 24 de abril a las once de la mañana frente a la misión permanente de Nicaragua ante la ONU.
