ACNUDH ratifica que hay evidencia de tortura y encubrimiento en la investigación del caso Ayotzinapa

por | 15-03-2018

Informe del ACNUDH corrobora las alegaciones de tortura, malos tratos y otras violaciones de derechos humanos de 34 personas detenidas, como método para extraer confesiones.

En el informe Doble injusticia, publicado hoy, la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos (ACNUDH) indica que hubo detención arbitraria y tortura en el marco de los arrestos por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y concluye que las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR) presentan elementos de irregularidad y de encubrimiento.

El informe del ACNUDH corrobora las alegaciones de tortura, malos tratos y otras violaciones de derechos humanos de 34 personas detenidas durante los procedimientos, como método para extraer confesiones. Esto se suma a una larga lista de violaciones de derechos humanos y del debido proceso que han contribuido a la frustración de las víctimas y de la sociedad civil con la incompetencia del Estado mexicano para la obtención de justicia. “En la medida que los actos de tortura y las otras violaciones de derechos humanos cometidas no son investigadas y sancionadas, y no se excluyen las pruebas obtenidas bajo tortura, se afectan no solo los derechos de las personas procesadas, sino también el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas”, se concluye en el informe.

En el documento, el ACNUDH insta al Estado mexicano a iniciar una serie de acciones indispensables para esclarecer lo ocurrido en Ayotzinapa, castigar a los responsables y reparar a las víctimas. Recomienda que la PGR excluya o anule todas las pruebas obtenidas bajo tortura en acuerdo con los estándares internacionales y la Ley General sobre Tortura aprobada en 2017. También insiste en la necesidad de investigar los casos documentados en el informe con el fin de determinar los responsables en todos los rangos.

Más de tres años han pasado desde la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Camino a una manifestación en Ciudad de México, los buses en que iban los jóvenes fueron emboscados y baleados por la policía municipal. En el ataque fueron asesinadas seis personas —tres de ellas estudiantes— y al menos otras 40 resultaron heridas.

Las investigaciones, que estuvieron a cargo de la PGR a partir del 5 de octubre de 2014, determinaron que los estudiantes habían sido entregados por la policía al grupo criminal Guerreros Unidos y que estos los habían ejecutado para luego incinerar los cuerpos en un basurero municipal y arrojar los restos en el Río San Juan.

No obstante, esta versión de los hechos fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)—establecido como producto del diálogo entre el Gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—, que encontró irregularidades en el procedimiento del hallazgo de los restos de un estudiante en el Río San Juan. Además, expedientes médicos revelaron a los expertos que al menos 17 personas detenidas durante la investigación presentaban lesiones congruentes con malos tratos o tortura.

Hasta la fecha, no se ha condenado a nadie por los hechos de Ayotzinapa y 33 de las 34 personas que, según el informe, presentan evidencia de malos tratos o tortura, siguen en detención.

Además de la aterradora realidad de un país que cuenta con más de 34 000 desaparecidos, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, la implicación de la policía en los hechos de Ayotzinapa y en su encubrimiento ha sido motivo de preocupación para la comunidad internacional. El titular del ACNUDH, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien se reunió con las víctimas y los familiares en octubre de 2015, declaró en su visita que “en Iguala, de acuerdo a sólida evidencia puesta a la luz por la investigación del GIEI, elementos de la policía municipal, estatal y federal —junto con otros representantes del Estado y del Ejército— estuvieron involucrados, ya sea en los crímenes o en el hecho de no proteger a las víctimas, o tomando parte en el posterior encubrimiento”.

La inquietud de la sociedad civil y la comunidad internacional a raíz de la promulgación de la ley de seguridad interior está relacionada con esta realidad en México. El caso Ayotzinapa y la impunidad y corrupción que lo han acompañado son representativos de las irregularidades y violaciones de los derechos humanos de las que son constantemente señaladas las autoridades mexicanas. Defensores y activistas temen que muchos de esos abusos ya no serán considerados como ilegales bajo la nueva ley de seguridad.

El propio Zeid, en su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos del pasado 7 de marzo, compartió la preocupación de que “una nueva ley de seguridad interna autorice el uso de las fuerzas armadas para el orden público sin garantías adecuadas ni supervisión, y de que no esté de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos”.