Por: Gabriela Sotomayor

 

Ginebra 2 Marzo.- El subsecretario de Relaciones exteriores sobre asuntos multilaterales y derechos humanos Juan Manuel Gómez Robledo aseguró en la sede europea de Naciones Unidas que el caso Ayotzinapa “no está cerrado”.

“La Procuraduría General de la República ha expresado claramente que la investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no está cerrada”, afirmó Gómez Robledo al hablar en el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Aseguró que “las investigaciones continúan y los detenidos enfrentan actualmente cargos por diversos delitos, incluyendo homicidio y desaparición forzada”. “Hasta tanto el juez no confirme las investigaciones y conclusiones de la Procuraduría, los estudiantes se consideran como desaparecidos”, señaló.

En este sentido, el diplomático mexicano indicó que “debemos enfatizar una vez más que la atención del caso Iguala es una de las prioridades de México”. Manifestó que la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa “puso de manifiesto que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña”.

Asimismo, el caso de los estudiantes desaparecidos profundizó el debate sobre cómo fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia.

“Como una muestra más de la voluntad del Estado mexicano de actuar con transparencia y beneficiarse del acompañamiento y colaboración de los organismos internacionales, en noviembre del año pasado se firmó un Acuerdo de Asistencia Técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, recordó.

“Dicho acuerdo estableció un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes cuyo mandato será la verificación técnica de las actuaciones del gobierno tras estos lamentables sucesos”, explicó Gómez Robledo. El Grupo de Expertos “tendrá además el mandato de formular recomendaciones que atenderán no sólo este caso, sino el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de investigación en este ámbito”, agregó.

Los cinco expertos que conforman este Grupo independiente inician el día de hoy 2 de marzo, su labor en México, destacó.

Por otra parte, Gómez Robledo observó que a pesar de que los países “somos todos distintos, tenemos procesos históricos diferentes, todos los países reaccionamos de forma idéntica cuando percibimos que aquellos actores con los que hemos colaborado y en quienes hemos depositado nuestra confianza, parecen olvidar los procesos de los que han sido más que simples testigos, auténticos coadyuvantes”.

Esta declaración surge en clara crítica a las conclusiones de mecanismos de derechos humanos de la ONU que recientemente coinciden en señalar que la desaparición forzada y la tortura son una “práctica generalizada” en México.

El 13 de febrero pasado el Comité de ONU contra Desapariciones Forzadas al dar a conocer sus conclusiones sobre el informe de México afirmó que “la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.

“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, cita el Comité.

De igual forma hace unos días el relator de la ONU contra la Tortura Juan Méndez, en un informe sobre su visita a México llevada a cabo entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, es decir antes de que sucediera la tragedia de Iguala, aseguró que “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”.

En este sentido, Gómez Robledo argumentó que “en ocasiones parecería que se desconocen los cambios profundos que han tenido lugar en México en menos de veinte años y los esfuerzos que ha dedicado la sociedad mexicana a la construcción de sus instituciones”.

“Es importante ponderar adecuadamente el contexto y la complejidad de la realidad para evitar que surjan voces que pongan en duda las bondades de un sistema que, a juicio de algunos, parecería perseguir fines distintos de aquellos que inspiraron su creación”, valoró.

¿Qué requerimos en esta etapa por parte de la comunidad internacional?, cuestionó Gómez Robledo. “El reconocimiento de lo que se ha avanzado y la confianza de que seguiremos por la senda que nos hemos trazado. La seguridad de que Gobierno y sociedad tienen la determinación de redoblar los esfuerzos para enfrentar los desafíos que siguen vigentes”, instó el funcionario mexicano.