Por: Juan Gasparini

 

Ginebra, 2 de octubre.- Con 37 sufragios a favor, tres en contra y siete abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución que propone iniciativas para prevenir y erradicar el “extremismo violento”. De los 47 Estados que constituyen este órgano, ocho son latinoamericanos. En este caso, tres se abstuvieron (Bolivia, Cuba y El Salvador), apoyaron Argentina, Brasil, Paraguay y México, y se opuso Venezuela.

Impulsada por los países occidentales, la resolución propone embarcar al Consejo en un mecanismo de estudio de cuáles deberían ser los remedios para enfrentar al “extremismo violento”. A tal efecto decidió constituir un “grupo de expertos” a designar, que lleven a cabo un debate sobre los aspectos del problema, en vinculación con los derechos humanos.

De tales deliberaciones debería emerger un “informe resumido”, para que, junto a una recopilación de información encargada al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos “de las mejores prácticas y lecciones extraídas” por su experiencia en la materia, el Consejo vuelva a deliberar con el objeto de que la comunidad internacional tome “las medidas necesarias para intensificar su cooperación a fin de prevenir y combatir el extremismo violento”.

Cabe subrayar que en esta ocasión Cuba ha mostrado un cambio en su diplomacia respecto a los Estados Unidos. Normalmente vota en contra de todo lo patrocinado por Washington, como lo hicieron en esta oportunidad Venezuela y Rusia, sus tradicionales aliados. Pero ahora La Habana prefirió abstenerse, tal vez para acomodarse a las negociaciones de normalización de relaciones impulsada por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.

El texto votado hace “hincapié en las dimensiones de derechos humanos consustanciales a la prevención y erradicación del extremismo violento”, subrayando que luchar contra este último “y el terrorismo”, y a su vez proteger los derechos humanos, “las libertades fundamentales y el estado de derecho” significa un refuerzo mutuo.

El documento define “que no hay justificación alguna para el extremismo violento, cualquiera sea su motivación”, y que “en todas sus formas y manifestaciones, no puede ni debe asociarse con ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico”.

Advierte a los países que los abusos y violaciones de los derechos humanos “pueden contribuir a crear un entorno propicio para la radicalización de las personas, en especial los jóvenes, que conduce al extremismo violento y a la captación de esas personas por extremistas violentos y terroristas”.

Así mismo, enumera los hechos que caracterizan al extremismo violento, como las “ejecuciones extrajudiciales, ataques deliberados contra civiles, reclutamiento y utilización ilícitos de niños soldados, violencia sexual y de otros tipos, conversiones forzadas, persecución de personas por su religión o sus creencias, desplazamientos forzosos y secuestros, maltrato de mujeres y niños, actos de violencia contra miembros de minorías étnicas y religiosas y asedios (…) padecidos por civiles y minorías”.

La resolución condena “los ataques contra lugares de culto y santuarios y contra lugares de interés cultural (…) incluida toda destrucción deliberada de reliquias y monumentos”, y manifiesta su solidaridad con las víctimas del extremismo violento, a las que debe darse “el apoyo y la ayuda” sin perder de vista “los aspectos relativos a la memoria, la dignidad, el respeto, la justicia y la verdad (…) la rendición de cuentas y el fin de la impunidad”.

Deduciendo que el fenómeno inherente a la presente resolución apunta a las atrocidades perpetradas en los conflictos en Siria, Irak, Medio Oriente y África, y al consecuente desplazamiento de poblaciones, que hoy ya equivale al producido durante a la Segunda Guerra Mundial, de alrededor de 60 millones de personas, es de lamentar que el texto solo inste a los Estados a observar “el derecho internacional de los refugiados”, sin otras recomendaciones que habría valido la pena evocar, como exhortar a los países a que den plena acogida a los que buscan asilo al huir de la violencia.