Por: Carmen Carrasco
Ginebra, 27 de abril.- España será examinada estos 28 y 29 de abril en Ginebra por el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), donde deberá responder por los informes de distintas organizaciones de la sociedad civil sobre casos de tortura y otros tratos crueles cometidos por el Estado. España presentó su 6º examen periódico ante el Comité en virtud de la ratificación de la Convención homónima en 1987.
“El Estado español sigue negando que se producen torturas y malos tratos en España a pesar de la evidencia y por lo tanto no establece ningún mecanismo para prevenir o para investigar cuando estos ocurren, lo que conlleva a un círculo de impunidad para los policías que saben que sus actuaciones no van a tener consecuencias” señaló Virginia Álvarez, representante de Amnistía Internacional, en declaraciones a Panorama Diplomático.
“Existen malos tratos y tortura en diferentes contextos, donde Amnistía Internacional encuentra que la víctima en muchos casos está acusada por la propia policía y no hay ningún tipo de esfuerzo por parte de los jueces y fiscales en conocer realmente lo que pasó y en sancionar a los que han cometido estos delitos”, acotó Álvarez.
“La falta de investigación efectiva y el claro mensaje que debería haber por parte de todas las autoridades de que la tortura y los malos tratos no van a ser consentidos en ningún caso, está dando un mensaje de impunidad”, puntualizó.
La organización internacional denuncia en un informe enviado al comité el excesivo uso de la fuerza por parte de las los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones, en el que se expone “la falta de investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales frente a múltiples casos que ha documentado”.
Por otro lado, Amnistía Internacional considera que España “incumple con la obligación de ofrecer a toda persona – o a sus familiares- que haya sido sometida a tortura u otros tratos malos una reparación adecuada, que incluya indemnización, rehabilitación… restitución, satisfacción y garantías de no repetición”.
Por su parte, el informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) constató en el 2013 una disminución en las denuncias recibidas, porque las víctimas temen sufrir contradenuncias por parte de los agentes de policía “y por desconfianza hacia los órganos encargados de investigar las agresiones”.
