Bachelet denunció que en Honduras persisten la impunidad y el uso excesivo de la fuerza
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos señaló la impunidad en Honduras como una preocupación mayor, especialmente en el caso de las protestas poselectorales en noviembre de 2017.
Más de un año después de la represión de quienes manifestaron en contra de la reelección del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, las investigaciones y procesos en contra de los miembros de las fuerzas de seguridad que cometieron violaciones de los derechos humanos han avanzado muy poco, explicó Michelle Bachelet este miércoles en Ginebra, durante la presentación del reporte anual de su Oficina en Honduras ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La alta comisionada reconoció los esfuerzos hechos para llevar a los responsables del asesinato de la defensora Berta Cáceres ante la Justicia, pero recordó que otros casos menos mediatizados también deben recibir atención.
La delegación hondureña, que tuvo la oportunidad de responder a las declaraciones de Bachelet, replicó que el Estado “se encuentra en ejercicio permanente de rendición de cuentas” y señaló que “el mecanismo nacional de protección de defensores de derechos humanos ha sido fortalecido con un incremento presupuestario de 70 %”.
Si bien la tasa de homicidios ha disminuido de 59.05 por cada 100 000 habitantes en 2016 a 40.72 en 2018, Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos, en particular para los que trabajan en la protección del medio ambiente y de la tierra.
Militarizar la policía para asegurar el orden público
En el informe se destaca el problema de la utilización de militares para asegurar el orden público, como sucedió en noviembre de 2017 en el contexto de las protestas, y que, aunque esta práctica está reservada a “situaciones de emergencia”, se ha normalizado y contribuye a la violencia.
La alta comisionada advirtió que aún prevalece el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Militar del Orden Público de las Fuerzas Armadas (PMOP), que permanece en función desde 2013. En el informe se cita el asesinato de tres agricultores misquitos durante una operación nocturna en mayo en la comunidad de Warunta, en la costa caribeña norte del país, por lo cual un miembro de la PMOP está actualmente en juicio.
“Deben tomarse otras medidas para desmilitarizar el orden público y conseguir tener una fuerza policial civil profesional que rinda cuentas y que esté siendo formada e investigada adecuadamente”, afirmó Bachelet ante el Consejo.
El Estado por su parte declaró que “el fortalecimiento y la profesionalización de la policía nacional continúa, contando a la fecha con 16 815 agentes de los cuales el 20 % son mujeres”.
El informe destaca otras inquietudes, como los altos niveles de pobreza, una corrupción cuyo costo es equivalente al 10 % del PIB, la ausencia de un mecanismo de consulta con pueblos indígenas y la criminalización de las mujeres que abortan de manera clandestina.
