Por: Edgar García
Ginebra, 4 de marzo.- El viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia Juan Carlos Alurralde, en su discurso durante el inicio de la primera sesión del año del Consejo del Derecho Humanos, destacó los avances y los desafíos de su país en términos de derechos humanos. Sin embargo, no hizo referencia alguna a la ley 548 – Código Niño, Niña y Adolescente, que legaliza al trabajo de los niños desde los 10 años y que ha sido altamente criticada en el seno de Naciones Unidas.
“La plurinacionalidad de Bolivia, que se reconoce constitucionalmente, nos ha permitido la inclusión de quienes no tenían voz” señaló Alurralde. Entre el 2005 y el 2013 más de dos millones de personas lograron superar la pobreza extrema y “se alcanzó la primera meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio” declaró el viceministro. De igual modo, la meta con respecto al agua ha sido superada “con antelación … entre muchos otros logros de derechos económicos, sociales, y culturales que son de conocimiento internacional” continuó.
El representante boliviano sostuvo que “todavía tenemos desafíos pendientes… la administración de la justicia es un tema que nos preocupa… [La herencia] de un sistema de justicia excesivamente burocrático permite la corrupción y por lo tanto dificulta el acceso a la justicia”. En este sentido, anunció la celebración de una Cumbre Nacional en el 2015 “para revolucionar la justicia”.
La legalización del trabajo infantil
A finales del 2013 el gobierno boliviano presentó un proyecto para promulgar una ley que prohíba el trabajo de los niños menores de 14 años. Sin embargo, los niños trabajadores organizados en sindicatos tomaron las calles de las ciudades del país para manifestar su desaprobación y reivindicar su derecho al trabajo. En reacción a las protestas, el gobierno de Evo Morales decidió promulgar en junio 2014 la ley que autoriza “excepcionalmente” el trabajo infantil. Bolivia se convirtió en el único país del mundo en autorizarlo.
En el Examen Periódico Universal (EPU) del país andino, celebrado en octubre 2014, algunos países, entre ellos Noruega, Brasil y Países Bajos, mostraron su preocupación por la legislación que permite a los niños de 10 años trabajar legalmente y “que corran el riesgo de explotación laboral”. De igual manera indicaron que la Ley 548 contraviene el Convenio N°138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo.
A las preocupaciones manifestadas por los Estados, Bolivia había respondido que su legislación “se ajustaba a los tratados internacionales, en particular al convenio de la OIT en la materia; sin embargo todas las leyes promulgadas en el Estado Plurinacional de Bolivia pretendían reflejar la realidad objetiva sobre la que se procuraba normar. El trabajo del menor estaba protegido dentro de los límites por los tratados internacionales y la Constitución Boliviana.” Bolivia rechazó todas las recomendaciones sobre la erradicación del trabajo infantil emitidas por Alemania, México, Noruega, Bélgica, Canadá, Israel y España.
Bolivia apoya instrumento internacional contra empresas transnacionales
Alurralde indicó que Bolivia estaba preocupado que “la priorización del capital por encima de vidas humanas, haya generado enormes brechas entre ricos y pobres, así como entre países del norte y países del sur”.
Así, Bolivia, indicó el funcionario, continuará apoyando la propuesta presentada por Ecuador, sobre la creación un grupo de trabajo que “elabore un instrumento jurídicamente vinculante para defender los derechos humanos frente a las transnacionales”. Igualmente, dará su apoyo durante este Consejo de Derechos Humanos a la iniciativa de Argentina que pide a que el Comité Asesor del Consejo “realice un estudio sobre los fondos buitre y los derechos humanos”, y recordó que Bolivia jugará un rol importante respecto del control de la deuda, ya que en la actualidad preside el Comité para la reestructuración de la deuda soberana, que se reúne en Nueva York.
