Por: Edgar García

 

Ginebra, 18 de marzo.- El Estado boliviano decidió rechazar 15 recomendaciones en el marco de la aprobación del informe de su Examen Periódico Universal (EPU), proceso que se llevó a cabo el 28 de octubre 2014. El país no apoyó las recomendaciones sobre la erradicación del trabajo infantil y rechazó algunas recomendaciones relacionadas con la independencia judicial. Sin embargo, Bolivia aceptó 178 recomendaciones que buscan la reducción de la pobreza extrema o la mejora del encarcelamiento.

Esta sesión tuvo lugar en el marco del 28 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Por procedimiento, el resultado final del EPU se adopta de manera definitiva en la sesión del Consejo que tiene lugar aproximadamente 5 meses después de la celebración del examen.

En cuanto a las razones del rechazo de las 15 recomendaciones, Angélica Navarro Llanos, la representante permanente de Bolivia ante la ONU, explicó ante el Consejo de Derechos Humanos que su país rechazó “15 recomendaciones que no reflejaban la realidad del país y algunas que incluso vulneraban los principios de soberanía del Estado”.

Con respeto a la erradicación del trabajo infantil y las recomendaciones emitidas por Alemania, México, Noruega, Bélgica, Canadá, Israel y España, Bolivia defendió su posición asegurando que “el Código Niña, Niño, y Adolescente …, se encuentra en vigilancia para garantizar a [los niños], el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos … Las normas de este Código se interpretan velando por el interés superior de los [niños], de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos”. Bolivia es el único país del mundo que permite el trabajo infantil.

En materia de independencia judicial, Bolivia no dio su apoyo a todas las recomendaciones vinculadas al tema. El país rechazó las recomendaciones de Croacia, Eslovaquia, Israel y Hungría. El país andino explicó que sigue trabajado para “mejorar el acceso a la justicia y para lograr cambios concretos se ha programado una Cumbre Judicial Nacional que se realizará este año”.

Una precisión importante, la recomendación emitida por Hungría se refiere directamente al juicio de Elod Toásó, de nacionalidad húngara, quien ha sido condenado junto con Mario Tadic (Croacia) a una pena de cinco años y diez meses de cárcel por “el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado en grado de complicidad dentro del caso denominado “Terrorismo” ” según las declaraciones de Navarro Llanos.

Amnistía Internacional junto a varias organizaciones no gubernamentales, como Franciscanos Internacional y el Movimiento Franciscano Justicia y Paz Bolivia, pidieron a Bolivia que reconsidere apoyar todas la recomendaciones para “fortalecer la independencia judicial” y garantizar “el derecho a un juicio justo que asegura el respecto de los derechos humanos de los internos”.

De igual manera, Bolivia rechazó recomendaciones sobre la cuestión de los derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales) emitido por Israel, la protección de los defensores de derechos humanos (República Checa), el reconocimiento de la independencia de los medios de comunicación (Estados Unidos) y finalmente, la incorporación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU en la legislación nacional (España).

Bolivia apoyó y está implementando recomendaciones, según la representación diplomática, en aspectos como la erradicación de la pobreza extrema, con miras a incrementar “el poder adquisitivo de los hogares, lo que en la última instancia se tradujo en una reducción de la pobreza reconocida por las Organizaciones Internacionales” o también relacionadas con la eliminación de la violencia contra las mujeres ya que el país implementó “la Ley integral [que garantiza] a las mujeres una vida libre de violencia que penaliza el feminicidio con 30 años de privación de libertad …”.

Las organizaciones no gubernamentales que participaron en la sesión de adopción sobre el informe del EPU de Bolivia, destacaron el apoyo del Estado a las recomendaciones que buscan mejorar las condiciones de reclusión o consolidar la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Al cierre de la sesión, Amnistía Internacional celebró la decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia, de eliminar el requisito de una autorización judicial para que las mujeres puedan abortar en caso de violación.