«Cerigua lleva años luchando por el programa de protección de periodistas en Guatemala»: IFEX

El Comité de Derechos Humanos de la ONU examinó a Guatemala los pasados 12 y 13 de marzo. Héctor Coloj, representante del Observatorio de Periodistas del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) y Silvia Chocarro, estratega de incidencia global de IFEX, estuvieron en Ginebra para asistir al examen y brindar información al Comité acerca de la situación de los periodistas en el Estado centroamericano. Panorama habló con ellos.

¿En qué consiste la labor de IFEX y cómo ha sido el trabajo con Cerigua?

Silvia Chocarro: IFEX es una red global de 119 organizaciones que tienen en común trabajar por la libertad de expresión y acceso a la información, cada uno desde una perspectiva diferente.

Desde hace un tiempo venimos trabajando con Guatemala por varios motivos. Uno, porque hemos visto un deterioro en la situación de los periodistas, y dos, porque nos parece importante que la red apoye a Cerigua, que lleva años luchando para que el Gobierno cumpla la promesa de crear un mecanismo de protección de periodistas.

Creemos, además, que la solidaridad de las otras organizaciones de la red, que vienen de 65 países, puede poner presión al Gobierno para que finalmente cumpla su palabra.

Ya habíamos trabajado juntos en el pasado y ahora lo hacemos para acudir ante el Comité de Derechos Humanos, pero nuestra colaboración no termina aquí. Diría que el haber venido a Ginebra es solo un principio: ahora vamos a seguir apoyando a Cerigua en lo más importante que es monitorear que el Estado cumpla con sus compromisos.

¿Cuál es la situación de los periodistas en Guatemala?

Héctor Coloj: Para entender la situación de los periodistas en Guatemala primero hay que comprender que hay dos realidades muy distintas: la de la capital y la de quienes ejercen afuera.

Los periodistas que ejercen en los departamentos son más vulnerables, porque diariamente se topan en las municipalidades o gobernaciones con funcionarios, quienes son de los principales actores que históricamente han agredido, amenazado, atacado o censurado a los periodistas, a los medios de comunicación locales o más recientemente a las plataformas digitales que informan sobre lo que ocurre en esas áreas.

Pero también tienen contacto con otro de los agresores históricos de la prensa: el crimen organizado. Y los periodistas han dicho que en muchas ocasiones estos actores están relacionados, y fuera de la capital, por la cercanía con ellos, hay mayor facilidad de que se les pueda atacar, amenazar, coaccionar o emplear diversas formas para censurarlos, clausurar sus medios o hacer que los despidan de los canales locales, por la influencia de los políticos, o asesinarlos como ha ocurrido en diferentes años y situaciones.

Más recientemente, una de las preocupaciones es el empleo de las redes sociales para denigrar, atacar o difamar a periodistas o medios de comunicación. Se sospecha que estos perfiles falsos están relacionados con el Gobierno y tienen discursos muy similares a los llamados “de línea dura” y a actores que podría decirse están en contra de la lucha contra la corrupción y de los medios que critican o difunden actividades de esta índole. Esto también les ocurre a medios pequeños que denuncian la minería, la tala de árboles o la persecución contra líderes indígenas.

A esto se le suma la ausencia de estadísticas oficiales y el subregistro en las agresiones porque muchos periodistas se abstienen de denunciarlas tanto pública como penalmente por desconocimiento o por desconfianza con las autoridades locales.

¿Qué hace falta para que se ponga en marcha el programa de protección de periodistas?

HC: Lo que falta es que la voluntad política pase del discurso a algo concreto: dos Gobiernos han manifestado su interés, lo han reiterado ante mecanismos de Naciones Unidas y ante la CIDH, pero este discurso no se plasma en la firma del acuerdo gubernativo con el cual se empezarían las acciones para crear el programa de protección a periodistas. El secretario de Comunicación Social ha dicho que el presidente está dispuesto a crearlo, que se va a dar todo el apoyo necesario, que las entidades interesadas pueden estar tranquilas, pero no pasa del discurso.

El primer ofrecimiento de este programa se hizo el 3 de mayo de 2012 y se reiteró en el EPU de ese mismo año en octubre. En 2016 el presidente Morales fue claro y dijo que apoyaba el tema y que instruía a sus funcionarios para que trabajaran en ello.

Lamentablemente, burócratas de menor nivel, que tienen un desconocimiento e ignorancia total sobre los compromisos que Guatemala ha adquirido a nivel internacional y nacional, bloquean el avance de este tema y no permiten que se concrete el programa ni que Guatemala, como Estado, pueda decir ante la ONU o la OEA que efectivamente cumple sus promesas.

¿En qué consistió la estrategia que usaron para presentar esta situación en el Comité de Derechos Humanos de la ONU?

SCh: Para responder esa pregunta retomo lo que dice Héctor: si no hay un programa de protección de periodistas es por falta de voluntad política. Esa es una de las principales razones por las cuales vinimos porque ¿cómo se cambia la voluntad política de un Gobierno? Se me ocurren dos formas: a través de una movilización importante por parte de la ciudadanía o con presiones desde el exterior, desde Gobiernos o instituciones con las que el Estado quiere mantener una buena relación. Queremos que el Gobierno vea que la comunidad internacional los está observando y que determinados países o instituciones de la ONU les están pidiendo específicamente que pongan en marcha el programa.

Con respecto a la estrategia, elaboramos un reporte con la información extensísima que tiene Cerigua sobre libertad de expresión en Guatemala. Posteriormente, lo enviamos a los 18 expertos del CCPR para que estuvieran al tanto de la situación y formularan alguna pregunta durante el examen.

Por otra parte, Cerigua hizo una nota de prensa antes de venir para informar a los medios de Guatemala que estamos aquí para participar en el procedimiento.

Finalmente, el Comité dedicó unos minutos al tema de la libertad de expresión y retomó información y preguntas que habíamos propuesto en el informe, específicamente, sobre el programa de protección. La experta que abordó el tema preguntó si este estaba siendo implementado de manera eficiente. Luego del examen, me dijo que lo hizo así porque no se trata solo de ponerlo en marcha, sino de dotarlo de los recursos humanos y financieros suficientes para que funcione.

¿Cuál es su balance del proceso ante el Comité?

HC: Valoramos positivamente que el Comité se haya manifestado en el tema de periodistas porque precisamente la experta habló sobre el seguimiento al programa, pero también preguntó qué piensan hacer para que las investigaciones penales avancen y se llegue a los responsables de las agresiones y que sean sentenciados.

Otro de los expertos habló de radios comunitarias, que fue algo que nosotros abordamos en la reunión informal que tuvimos con ellos: los pueblos indígenas desde hace muchos años también han estado luchando por que se reconozca a los medios comunitarios. Pero, aunque es uno de los compromisos que el Estado suscribió en los acuerdos de paz, no ha hecho nada: al contrario, sigue criminalizando a las emisoras comunitarias. En 2012 hubo cambios a la ley general de telecomunicaciones, pero, en lugar de darles un espacio o de promulgar su desarrollo, fortaleció a los monopolios de radio y televisión. 

¿Qué opinan del silencio del Estado frente a las múltiples preguntas sobre libertad de expresión y periodistas planteadas por la experta?

HC: Hay un total desconocimiento de las autoridades que vinieron. Guatemala envió una comitiva enorme, de casi 30 personas, pero de ellas creo que ni la mitad tienen una experticia sobre lo que vinieron a hablar. Considero que el presidente de COPREDEH no tiene información de nada respecto al programa, a pesar de que esta es la comisión presidencial encargada de derechos humanos.

Desconocemos si en el plazo de 48 horas después de la evaluación dio alguna respuesta, pero en el informe que enviaron para el examen dijeron que el presidente se comprometió, que existe la voluntad política, pero hasta ahí: eso lo consideramos un engaño para quedar bien con la comunidad internacional.

Reiteramos: necesitamos que esto pase del discurso a lo concreto, que no se le siga dando largas. El discurso puede quedar muy bien en mecanismos internacionales y en otros espacios para que vean que Guatemala sí está haciendo algo para la protección de los periodistas, pero la realidad en el terreno es totalmente diferente.

SCh: No conozco perfectamente el contexto de Guatemala, pero cuando la delegación guardó silencio sobre el tema de periodistas pensé que o bien hay tal ignorancia que no dicen nada porque no tienen qué decir, o todo lo contrario: saben perfectamente que no quieren pronunciarse sobre este tema porque los mete en un problema. Porque lo cierto es que cada vez que vienen a Naciones Unidas, también ocurrió en el EPU, se habla del programa de protección y de la promesa incumplida.

Me hubiera encantado que hablaran de eso, pero vamos a esperar a ver qué dicen por escrito.

¿Con qué otras instancias de la ONU se reunieron durante esta visita a Ginebra?

HC: Nos reunimos con representantes de los relatores sobre libertad de expresión y sobre defensores de derechos humanos. Les explicamos la situación y nuestras preocupaciones por lo que puede venirse el próximo año en el contexto electoral y por la discusión de leyes que buscan criminalizar las críticas hacia los funcionarios y que no solo afectarían a la prensa y los periodistas, sino también a otros movimientos sociales.

¿Qué expectativas tienen frente al Comité?

HC: Esperamos que con la información que les enviamos y lo que hablamos en la reunión informal puedan hacer una fuerte recomendación respecto al tema y que a Guatemala no le entre por un oído y le salga por otro, sino que venga a reafirmar la preocupación internacional, de las entidades de prensa y también de la sociedad civil, acerca de lo que les pasa a los periodistas.

Ojalá que sea un incentivo para el Estado: que lo vean como una oportunidad para que demuestren a nivel internacional que Guatemala está comprometida con el respeto de los derechos humanos, con una prensa independiente y que, pase lo que pase, a pesar de cambien de Gobierno, de funcionarios y de contexto, Guatemala está comprometida y cumplirá con las recomendaciones y compromisos que adoptó frente a distintos mecanismos.

¿Qué balance hacen del proceso?

SCh: Me voy contenta en el sentido de que para ser un tema tan concreto sí se le dedicó un espacio importante y me parece un logro que la experta que habló del tema fue bastante contundente. Estaremos mucho más contentos si cuando salga el informe efectivamente hay alguna recomendación.

Esperamos que todo esto sirva para que el Gobierno de Guatemala empiece a tomar acciones concretas y nos ponemos manos a la obra.