Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 8 de junio.- Acceso a la educación, reconocimiento constitucional de las comunidades indígenas y despenalización del aborto serán tres de los temas clave en el examen que el Estado chileno afrontará ante el Comité de la ONU para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales estos 9 y 10 de junio.

El Comité, cuya función es velar por la aplicación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Chile en 1972, recibirá a la delegación chilena y le hará preguntas relativas a la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas en su anterior comparecencia, que tuvo lugar en 2004. De la misma manera, indagará por temáticas relacionadas con denuncias de diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Es el caso, por ejemplo, del derecho a la educación que, según una coalición de ONG liderada por The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, no es garantizado por el Estado chileno, toda vez que el 60% de los estudiantes están matriculados en instituciones privadas cuyos costos exceden la capacidad adquisitiva de buena parte de la población.

Por esta razón, la coalición considera que el sistema educativo chileno es discriminatorio y segregacionista y que esta condición es consecuencia de decisiones políticas tomadas “en contravía de las obligaciones de los Estados a la luz del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. El informe alternativo presentado por esta coalición ante el Comité afirma que “es esencial que Chile adopte e implemente, con carácter prioritario, reformas educativas capaces de corregir las sistemáticas violaciones del derecho a la educación en el país”.

De otra parte, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas denunció ante el Comité que el Estado chileno sigue sin reconocer constitucionalmente la existencia de comunidades indígenas. Por esto, solicitó a los miembros del Comité recomendar a Chile proceder a dicho reconocimiento y llevarlo a cabo mediante consultas con estos pueblos “de buena fe, a través de procedimientos apropiados y de sus instituciones representativas, y con miras a llegar a acuerdo o lograr su consentimiento”.

A este respecto, el Estado chileno había dicho en su informe al Comité que el programa del actual gobierno contempla la elaboración de una nueva Constitución que incluirá el reconocimiento de los pueblos originarios. “En el proceso de debate y decisión se garantizará la participación plena de los pueblos indígenas y la idea de un Estado pluricultural que garantice sus derechos colectivos”, se lee en el informe de Chile.

En otro sentido, el Centro por los Derechos Reproductivos denunció la penalización total del aborto que hoy persiste en el Estado suramericano. Según ellos, que la interrupción voluntaria del embarazo sea un delito en todos los casos deja a las mujeres ante dos alternativas: acceder a abortos inseguros o llevar a término embarazos indeseados. “Criminalizar el aborto sin excepciones es per se una violación del derecho a la salud”, sentencia en su informe la Organización.

Con base en el diálogo que sostendrán con la delegación, el próximo viernes 19 de junio los 18 expertos independientes que conforman el Comité formularán recomendaciones a Chile y a los demás países evaluados durante esta, su 55.ª sesión.