Comité de Naciones Unidas urgió a Colombia a implementar el acuerdo de paz
Expertos de la ONU recomendaron a Colombia garantizar la implementación de los puntos centrales del acuerdo de paz, proteger a los defensores de derechos humanos y respetar los resultados de las consultas populares.
El Comité de la ONU sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales afirmó que Colombia “se encuentra en un momento crucial de construcción de paz”, por lo que instó a las autoridades a adoptar “todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva implementación de los puntos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
De igual manera, recomendó al Estado garantizar “el efectivo funcionamiento de los mecanismos previstos para supervisar su implementación, en particular de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final”, y asegurar la participación de la sociedad en el proceso de implementación, “en particular de los grupos más afectados y de las víctimas del conflicto”.
El Comité señaló que las agresiones y atentados contra defensores de derechos humanos y líderes sociales y sindicales son “un serio obstáculo en la construcción de una paz estable”, e instó al Estado a protegerlos investigando de manera exhaustiva las denuncias de agresiones en su contra, garantizando el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección y llevando a cabo campañas de sensibilización “a fin de asegurar un ambiente de pleno respeto que les permita llevar a cabo su labor sin temor y libres de todo tipo de intimidación, amenazas y represalias”.
Con respecto a la desigualdad en el acceso a la tierra “que continúa afectando a campesinos, pueblos indígenas y afrocolombianos”, el Comité pidió al Estado que “adopte las medidas necesarias para garantizar la implementación de la Reforma Rural Integral contenida en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto” y aplicar de manera efectiva las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 en materia de restitución de tierras para las víctimas del conflicto.
El grupo de expertos de la ONU también recomendó a Colombia asegurarse de que los refugiados que retornan al país y las personas desplazadas internamente “tengan acceso a una vivienda adecuada, a proyectos productivos, así como a servicios básicos como el agua, saneamiento, salud, educación, asistencia social, incluyendo acceso a créditos”. Así mismo, en los casos en los que el retorno no sea posible, el Estado debe proporcionarles soluciones alternativas adecuadas.
En lo que se refiere a la población involucrada en cultivos ilícitos, el Comité recomendó a Colombia garantizar que el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito “ofrezca proyectos productivos alternativos que aseguren un nivel de vida adecuado para los campesinos concernidos y sus familias, asegurando su debida participación, tanto en el diseño como implementación de dichos proyectos, así como oportunidades reales de comercialización de sus productos”.
De la misma manera, los expertos pidieron a las autoridades que la reincorporación social y económica de los desmovilizados garantice el goce de sus derechos humanos, en particular el derecho a un nivel de vida adecuado, para lo cual pidió que “los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación garanticen el acceso a proyectos productivos que conlleven, entre otras cosas, la debida formación técnica y participación activa de las personas y comunidades concernidas”.
Empresas, explotación de recursos naturales y derechos humanos
Otro aspecto de preocupación para el Comité es el impacto que las actividades de las empresas que operan en Colombia pueda tener sobre los derechos humanos, de manera que recomendó al Estado incorporar el principio de diligencia debida en su Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, reforzar los mecanismos para investigar las denuncias de violaciones y facilitar el acceso de las víctimas a compensaciones y reparaciones.
Finalmente, el Comité exhortó al Estado a “valorar y tomar en cuenta” los resultados de las consultas populares acerca de proyectos de explotación de recursos naturales, cuya puesta en marcha debe hacerse “de manera concertada con las comunidades afectadas”, y a llevar a cabo estudios minuciosos del impacto social y ambiental de este tipo de actividades.
Estas recomendaciones son el resultado de la evaluación que hizo el Comité, los pasados 19 y 20 de septiembre, de la situación en Colombia en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este órgano de la ONU está compuesto por 18 expertos internacionales, cuya misión consiste en revisar la observancia de los Estados a las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que fue ratificado por Colombia en 1969.
A más tardar el 31 de octubre de 2022, Colombia deberá informar por escrito al Comité acerca de las medidas tomadas para cumplir con estas recomendaciones.
