Por: Ines Carel

 

Ginebra, 7 de julio.- Con una discusión sobre el eventual ámbito de aplicación de un tratado sobre empresas y derechos humanos, este martes 7 de julio continuó la primera sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental para la elaboración de dicho instrumento internacional.

La cuestión de saber si el tratado debería incluir a las empresas nacionales además de las transnacionales e internacionales, únicas contempladas en la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos a través de la cual se creó el Grupo, fue formulada por la Unión Europea en los primeros minutos de la sesión. Desde entonces surgió la posibilidad de añadir una nota de pie de página en el texto de la Resolución con el fin de ampliar su ámbito de aplicación.

En el debate tomaron la palabra los Estados, las ONG y los panelistas invitados por el Grupo de Trabajo. Uno de ellos, Michael Congiu, experto en derecho internacional laboral, se mostró convencido de la necesidad de involucrar a “todas las entidades que hacen negocio” en el ámbito de aplicación del tratado. Según lo expresó, las cadenas de suministro de las corporaciones son tan complejas que tratar de regular únicamente su cima no sería suficiente.

Por su parte, el panelista argentino Carlos Correa, consejero especial sobre comercio y propiedad intelectual en el South Center, disintió de la opinión del experto Chip Pitts para quien un cambio en el pie de página no alteraría fundamentalmente el tratado. De acuerdo con Correa, “la extensión del instrumento a todas las empresas” haría al “objeto de la regulación totalmente diferente” ya que el mandato del Grupo de Trabajo, consignado en la Resolución 26/9, le exige limitarse a empresas transnacionales e internacionales.

Sobre el mismo punto hizo énfasis la delegación boliviana y destacó la importancia de concentrarse en las corporaciones transnacionales dado que estas “tienen un alto impacto en los derechos humanos” y, por falta de reglas internacionales vinculantes, han podido eludir sus deberes.

De otro lado, Cuba, además de manifestar su acuerdo respecto a focalizarse en empresas transnacionales, señaló que el mandato del Grupo era llenar los vacíos del derecho ya existente.

Ecuador afirmó que en el proceso de crecimiento de transnacionales “no ha habido un debate serio sobre el control de las empresas”. Acerca del alcance del futuro instrumento, la delegación ecuatoriana aseguró, en consonancia con Cuba, que su “principal objetivo es llenar los vacíos que existen en el derecho internacional” y “generar normativa universal sobre las empresas transnacionales”. Respecto de las empresas nacionales, añadió la delegación, Ecuador ya cuenta con un marco legal.

En su intervención final, el panelista Michael Congiu reiteró la importancia de incluir a las empresas domésticas en la regulación y fue avalado por su homólogo Chip Pitts quien subrayó lo fácil que es para una empresa transnacional eludir el derecho internacional haciéndose pasar por una empresa nacional. Por su parte, Carlos Correa se mostró preocupado por la posibilidad de que ese cambio modifique la esencia del tratado y de que, en lugar de crear obligaciones para las empresas transnacionales, termine por aumentar las obligaciones de los Estados.

El Grupo de Trabajo volverá a reunirse mañana a partir de las 10:00 am para dar inicio a su tercera jornada de sesión que abrirá con un panel sobre la obligación estatal de garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de las corporaciones transnacionales, incluyendo sus obligaciones extraterritoriales.