Los derechos de los pueblos indígenas, un tema pendiente para Costa Rica: ONU
Costa Rica respondió a las preocupaciones de los Estados de la ONU en el Examen Periódico Universal. PANORAMA recogió las reacciones del líder indígena Donald Rojas Maroto.
En apego a su imagen de país respetuoso de los derechos humanos, Costa Rica se encargó este lunes de resolver inquietudes sobre la situación de los pueblos indígenas en su territorio nacional. “El Estado ha tenido una evolución con respecto a la forma en que se relaciona y reconoce la autonomía e identidad de los pueblos indígenas”, aseguró la embajadora Elayne Whyte ante la ONU en Ginebra, en el marco del tercer Examen Periódico Universal (EPU) del país centroamericano.
Una relación que los indígenas, que conforman el 2.4 % de la población total, perciben sin embargo de manera distinta. Donald Rojas Maroto, presidente de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR) comentó en conversación telefónica a PANORAMA el poco avance que existe en algunos temas.
El EPU es un mecanismo de evaluación del Consejo de Derechos Humanos al cual deben someterse todos los Estados miembros de la ONU cada cuatro años y medio. Entre los puntos que tiene pendientes Costa Rica –evocados por varios países— están la restitución de tierras, la ley de autonomía indígena y las investigaciones acerca del reciente homicidio del líder bribri Sergio Rojas Ortiz, por cuyo esclarecimiento pidió específicamente Islandia en su intervención durante el examen.
El doble rasero de la justicia
El asesinato de Rojas Ortiz el pasado 18 de marzo en su vivienda en Salitre, Buenos Aires de Puntarenas, en el sureste del país, había provocado una fuerte reacción por parte de la comunidad internacional. El presidente, Carlos Alvarado, incluso ordenó a las autoridades hacer todo lo posible para esclarecer los hechos.
El defensor de tierras fue asesinado unas horas después de acompañar a dos indígenas a interponer ante la fiscalía una denuncia por amenazas. Él mismo contaba con medidas cautelares por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dos meses después, las investigaciones continúan, según explicó la embajadora en su alocución.
Rojas Maroto, por su parte, considera que la justicia avanza demasiado lento y teme que el caso termine en la impunidad. Por otro lado, el defensor observó que el sistema judicial es eficaz cuando se trata de criminalizar a un indígena: “Es un problema de desigualdad y racismo”.
La tierra y los territorios
La restitución de tierras y la aplicación de la Ley Indígena también fueron objeto de debate. “El Estado ha reconocido una deuda histórica con las poblaciones indígenas en cuanto a la devolución de tierras que actualmente están siendo ocupadas por personas no indígenas”, explicó la embajadora White. La diplomática aseguró la existencia de un plan nacional que “se encuentra actualmente en ejecución en su primera etapa, la cual consiste en definir exactamente cuáles son esos territorios y el tiempo estimado para su recuperación”.
Pero, de acuerdo con Rojas Maroto, “el plan tiene más de cuatro años y no se ha iniciado el proceso”. Más bien, explicó, se ha perdido aún más tierra. En ciertos casos la pérdida ha aumentado a proporciones extremadamente altas, como la comunidad china kichá del pueblo bribri, cuyo territorio está siendo ocupado hasta el 94 % por actores no indígenas, entre ellos empresas agroindustriales de piña y banano.
“No hay ningún diálogo”
Otra cuestión señalada por Alemania, República Dominicana y Paraguay, entre otros, fue el proyecto de ley de desarrollo autónomo, recientemente rechazado tras 25 años de mantenerse en manos de la Asamblea Legislativa sin ser considerado.
La embajadora Whyte explicó que “este debió salir de la corriente legislativa por el largo plazo transcurrido sin un dictamen y esto debido a una jurisprudencia constitucional” mas aseguró que “la Asamblea Legislativa ha iniciado un proceso de diálogo y consulta con los pueblos indígenas para diseñar un nuevo proyecto de ley”.
En reacción a esta declaración, Rojas Maroto aseveró que “no hay ningún diálogo con la Asamblea Legislativa”. El defensor considera, por el contrario, que un nuevo proyecto tomaría años, por lo cual ellos “plantearían otras alternativas para avanzar en temas urgentes, como gobernabilidad y restitución de tierras”.
Durante el examen, Alemania exhortó a Costa Rica a actualizar y aprobar el proyecto de ley.
La totalidad de las recomendaciones serán recogidas y publicadas esta semana en un informe. El Estado tendrá hasta la sesión del Consejo de Derechos Humanos de septiembre para comunicar cuáles acepta y se compromete a implementar y cuáles, por el contrario, decide rechazar.
