Por: Gabriela Sotomayor

 

Ginebra, 1 de julio.- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas demandó al gobierno de Venezuela garantías de seguridad para miembros de sociedad civil, activistas y defensores de derechos humanos.

​Miembros del Comité expresaron ayer en varias ocasiones su preocupación por las represalias de las que han sido objeto miembros de sociedad civil o activistas que han cooperado en ocasiones anteriores con organismos de la ONU.

En este sentido el experto israelí Yuval Shany se refirió a la “retórica tan recia de algunos funcionarios del gobierno en contra de defensores de derechos humanos por, entre otras cosas, colaborar con organismos de vigilancia internacionales”. “En particular el presidente de la Asamblea Nacional venezolana”, dijo Shany, en clara referencia a Diosdado Cabello.

“¿Acaso la delegación no cree que esto tiene que ver con ese clima de miedo del que se quejan algunos de los defensores de derechos humanos en Venezuela?”, cuestionó el experto. De igual forma, Shany pidió al gobierno de Caracas aclarar “por qué el defensor del pueblo no ha recibido ninguna denuncia de ataques a defensores de derechos humanos’’

¨“Eso nos sorprende, porque sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido muchas órdenes de protección para estas personas”, expresó.

Por su parte, el británico Sir Nigel Rodley también se refirió a “las represalias contra las personas que han ayudado a los órganos de tratados de la ONU en su trabajo’’.

“Es un tema que nos preocupa a todos nosotros, también preocupa, huelga decir, al Consejo de Derechos Humanos”, subrayó.

Sir Rodley mencionó el caso de una persona que después de asistir a un foro regional sobre el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, “el Presidente de la Asamblea Nacional (Cabello) en su programa de radio semanal ‘Con el Mazo Dando’ (…) no es la primera vez que ha impugnado su integridad”.

Al igual la integridad de los que han acudido a reuniones internacionales ya sea el Comité contra la Tortura o reuniones de trabajo de la CIDH, agregó.

El experto pidió especial atención de la delegación “para que se asegure que no haya consecuencias negativas o adversas, incluyendo palabras de intimidación contra cualquier persona que haya participado para ayudar a este comité a tener un diálogo cabal con el estado parte”.

En esta misma línea, al tomar la palabra, el experto francés Olivier de Frouville urgió al gobierno de Nicolás Maduro a “garantizar la seguridad y la integridad personal de todos los defensores de derechos humanos que están aquí presentes cuando regresen a Venezuela”.

Sobre todo, enfatizó De Frouville, “si tenemos en cuenta toda una serie de precedentes desafortunados”. “Ruego al Estado que intente ofrecernos una garantía”, lanzó.

En respuesta, la jefa de la delegación y fiscal general del ministerio público de Venezuela Luisa Ortega Díaz, sin ofrecer garantías de seguridad de manera explícita, llamó al diálogo a los miembros de la sociedad civil y defensores de derechos humanos presentes en la sala.

Ortega les invitó a acercarse a su oficina en Venezuela para entablar un diálogo “realmente constructivo”.