Por: Gabriela Sotomayor

 

Ginebra 26 Feb.-  La tortura es generalizada en México afirmó el Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, quien instó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a implementar reformas estructurales en materia de seguridad, de lucha contra la corrupción, y contra la impunidad para prevenir y erradicar este flagelo.

“La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”, afirma Méndez en su informe sobre su visita realizada a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo.

En un documento al que tuvo acceso Panorama, el relator de la ONU sostiene que “hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”. 

El documento señala que la mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada, lo cual “se potencia con el régimen de excepción constitucional y legal que afecta a los detenidos, lo que incluye el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, la posibilidad del Ministerio Público de ampliar el plazo de detención (“retención”) previo a la presentación judicial”.

Por otra parte señala que en México “las salvaguardias son débiles, especialmente para detectar e impedir la tortura en esos primeros momentos y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva”. 

Frecuentemente el registro de detención y los exámenes médicos son deficientes y no constatan alegaciones o evidencias de torturas, subraya Méndez haciendo hincapié en que “no existe control adecuado sobre la legalidad de la detención ni del plazo para la presentación al Ministerio Público”.

Además criticó que “no se accede a una defensa adecuada en forma inmediata; las declaraciones se prestan sin intervención judicial ni presencia del abogado; no se inician investigaciones de oficio ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura; y se hace una interpretación restrictiva e incorrecta del Protocolo de Estambul”.

Este protocolo es una herramienta fundamental para guiar las investigaciones de tortura y de malos tratos y con respecto a ello Méndez observó “importantes deficiencias en (su) aplicación tanto respecto a la práctica de los exámenes médicos como a la interpretación y utilización de los resultados”.

“La aplicación del Protocolo, agregó Méndez, suele ser tardía, incompleta y realizada por personal no capacitado”.

En cuanto al número real de casos de tortura, el experto reconoció que es “dificultoso” conocer una cifra puesto que “no existe actualmente un registro nacional de casos y cada entidad tiene datos propios”.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 2006 y 2014 hubo 11 mil 608 quejas por torturas y malos tratos, sin embargo, muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad.

En 2012, según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas citada por Méndez, el 57.2 por ciento de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención y el 34.6 por ciento declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.

El Relator Especial observó “inquietantes coincidencias” entre los testimonios de las víctimas. Las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención. 

Cuando se detiene a la víctima en su domicilio, describió Méndez, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos. La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. 

Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas, que combinan: golpes con puños, pies y palos; “toques” con dispositivos eléctricos (“chicharra”), generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca (waterboarding); desnudez forzada; suspensión; amenazas e insultos. 

En lo que respecta a la mujer Méndez expresó su preocupación por por “el uso de la violencia sexual como forma de tortura, principalmente respecto a mujeres detenidas”, incluyendo desnudez forzada, insultos, manoseo, introducción de objetos en genitales además de violación sexual reiterada y por varias personas.

En general, enfatizó Méndez, las víctimas de tortura y maltratos son personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados, lo que agudiza los problemas de estigmatización y debilidad de las salvaguardias de protección.

Aunado a ello Méndez sostiene que han aumentado las denuncias por abuso de la fuerza pública durante manifestaciones y contra periodistas o defensores de derechos humanos, lo que no ha sido acompañado de investigaciones efectivas. 

Para el experto independiente, la creación en 2012 del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con participación de la sociedad civil “constituye un positivo paso, pero debe fortalecerse para asegurar su continuidad y eficacia”.

Respecto al uso de la fuerza pública, existen protocolos expedidos por los cuerpos policiales y las fuerzas armadas, pero no existe legislación federal que regule esta materia en conformidad con estándares internacionales. 

El Relator Especial resalta la necesidad de atender este tema con prioridad, especialmente atento a las diversas manifestaciones ocurridas en los últimos tiempos en el país.
En lo referente al derecho a la reparación integral para las víctimas de tortura y malos tratos, Méndez asegura que “es ilusorio ya que apenas existen casos de víctimas que hayan sido compensadas, asistidas médica y psicológicamente o rehabilitadas en conformidad con estándares internacionales. Las reparaciones recomendadas por las comisiones de derechos humanos no son suficientes ni son generalmente cumplidas”.

El Relator Especial expresó “su extrema preocupación por lo ocurrido en Iguala (Guerrero) en septiembre de 2014 donde autoridades municipales, en colusión con el crimen organizado, desaparecieron forzadamente a 43 estudiantes normalistas, ejecutaron a otros 6, algunos con claras muestras de torturas, e hirieron a más de 20 personas”. 

La inaceptable tragedia de Ayotzinapa “constituye un llamado urgente al Gobierno para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos, que deben incluir remedios a la problemática evidenciada en el presente informe, en especial a la impunidad y las débiles garantías para prevenir y erradicar la tortura”. 

Cabe recordar que el 13 de febrero pasado el Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas también dictaminó que en México la desaparición de personas es un fenómeno “generalizado”, que ocurre en gran parte del territorio y en muchos de estos delitos hay participación de servidores públicos, por lo que es urgente que las autoridades lleven a cabo acciones para resolver dicho problema, entre ellas crear una unidad especial de búsqueda y un registro único de víctimas a escala nacional.

Finalmente, el relator especial de la ONU instó al gobierno mexicano a “reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”.