Por: Gabriela Sotomayor

 

Ginebra 29 Octubre.- Venezuela a través de diversas iniciativas ha cedido soberanía estableciendo una relación “impropia” con grupos armados y bandas de delincuentes, denuncia un nuevo informe de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

El informe de la CIJ “Venezuela: el ocaso del imperio de derecho” afirma que desde hace tiempo “se viene observando una relación impropia entre el Gobierno y sus cuerpos de seguridad con organizaciones criminales armadas”.

Esta relación de complicidad entre las autoridades y los llamados colectivos armados se expresa en el momento de ejercer represión en contra de opositores políticos o de manifestantes sociales o estudiantiles, subraya el informe dado a conocer en Ginebra.

La paradoja de esta situación es que estos grupos son conocidos, sus áreas de influencia están bien demarcadas y están identificados sus líderes, algunos de los cuales tienen páginas web donde describen sus actividades y dan a conocer sus objetivos.

Sin embargo, “el Gobierno no los persigue y prefiere llegar a acuerdos con ellos y, lo preocupante, es que se observa que también son parte o integran las acciones de represión en contra de los manifestantes de la protesta social”, observa CIJ.

Los llamados “colectivos” son un concepto que engloba una serie de organizaciones sociales impulsadas desde el Gobierno en apoyo a la revolución bolivariana.”Desafortunadamente, agrega CIJ, dentro de los colectivos también se encuentran grupos asociados con la violencia, las armas y el miedo”.

A comienzo del año 2000 eran conocidos como “círculos bolivarianos”, sin embargo, varios de estos grupos que se autodenominan “colectivos” existen desde los años 60, procedentes de la lucha armada.

El informe explica que bajo el paraguas de “colectivo” se incluye a una heterogénea gama de organizaciones como las comunas, las UBCH (Unidades de Batalla Bolívar-Chávez), los consejos comunales, los Círculos de Buen Vivir o de Lucha Popular.

Cada organización tiene diferentes formas y objetivos que van desde obras sociales o de propaganda política, hasta acciones paramilitares o parapoliciales.

Para el Gobierno y sus seguidores, agrega CIJ, los llamados “colectivos” tienen exclusivamente fines culturales, ideológicos y pacíficos.

No obstante, sostiene CIJ, “hay denuncias y evidencias gráficas que relacionan a algunos de ellos con labores de control político parapolicial y con su participación en la represión violenta de protestas pacíficas que se generaron desde el 12 de febrero de 2014”. Esto se refleja claramente con la instalación de las llamadas zonas de paz y también se observa en la manera en que están siendo gestionados los recintos penitenciarios.

Esta iniciativa destinada a llegar a acuerdos con grupos armados con el afán de disminuir la violencia y resocializar delincuentes “ha demostrado ser un completo fracaso”, con el agravante de
generar más violencia y “territorios liberados” al margen del control estatal. Se constata la presencia de numerosos grupos armados que tienen control social y territorial en las llamadas zonas de paz, junto con la existencia de “colectivos” armados que desarrollan actividades paramilitares o parapoliciales, valoró la CIJ.

“Este hecho da cuenta de un cuadro de descontrol estatal que afecta directamente el goce de garantías y derechos humanos de la población más vulnerable”, argumenta el informe.

Por otra parte, señala que los llamados operativos para la liberación y protección del pueblo (OLP) impulsados por el Gobierno para combatir el delito en determinadas áreas del país, incluyendo la ciudad de Caracas, actúan “en contra de la población más vulnerable y de paso provocan violaciones masivas de derechos humanos y libertades fundamentales”.

CIJ expresó preocupación al constatar que “el discurso político de las más altas autoridades del Gobierno, como el Presidente de la República y el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, para justificar los OLP, contiene elementos de xenofobia, reminiscencia de la doctrina de seguridad nacional y desprecio explícito hace el goce de los derechos humanos de la población más vulnerable”.

Por otra parte, en relación con la situación carcelaria, se observan altas tasas de hacinamiento y de gravísimos índices de violencia en el interior de los recintos. “El Estado no está cumpliendo con su deber de cautelar los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia. La situación penitenciaria es crítica y las autoridades no responden adecuadamente ante la magnitud del problema”, apunta el informe.

En cuanto al poder judicial y al estado de derecho “la CIJ ha constatado una vertiginosa degradación de la situación de los derechos humanos, un grave y sistemático menoscabo de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, y la total erosión del estado de derecho en Venezuela”, afirma el informe, y su braya que el sistema judicial de ese país “solamente es eficaz para servir al poder político”.

En este sentido el informe enfatiza que los líderes políticos de la oposición, las autoridades municipales que han discrepado con las decisiones del poder político central y los defensores de derechos humanos se encuentran en un permanente estado de amenaza de ver sus derechos humanos y garantías constitucionales violados o severamente afectados.

La situación que viven Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio José Ledezma y Vicente Scarano Spisso, es un ejemplo de cómo el poder político, de la mano con las autoridades judiciales, afecta gravemente los derechos humanos de las personas que públicamente han manifestado su discrepancia con el Gobierno, concluye CIJ.