Por: Diego de León Sagot
Ginebra, 10 de marzo (CERIGUA).– Al margen de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene lugar durante el mes de marzo en Ginebra, se discutió durante un evento paralelo el impacto de la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a nueve años de instalado este mecanismo creado por un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y Naciones Unidas en diciembre de 2006.
En el evento, convocado por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) y la Fundación Right Livelihood Award, y coauspiciado por las misiones diplomáticas de Guatemala, Suiza y Suecia, participaron, entre otros, el comisionado de CICIG, Iván Velásquez, la presidenta de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, y Anders Kompass, representante de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.
Iván Velásquez, comisionado de la CICIG.
El Comisionado Velásquez reiteró el carácter de apoyo de CICIG a las instituciones de justicia; su labor es “complementaria y no sustituta”, dijo el funcionario además de afirmar que el país debe asumir la responsabilidad de fortalecer sus instituciones y que “el respaldo social a los operadores de justicia será definitivo en los próximos meses”, en alusión a los casos de alto impacto que conoce el sistema de administración de justicia en la actualidad.
Por su parte, Helen Mack lamentó que en el país existan “remanentes de dinámicas y prácticas que caracterizaron el conflicto armado interno, particularmente aquellas que volcaron el aparato estatal hacia comportamientos perversos propios de la política contrainsurgente”.
Para la Presidenta de la Fundación Myrna Mack, “la aparición de nuevas amenazas y problemáticas, así como la transformación de las que ya existían, son elementos que definen en buena medida el contexto del posconflicto por el que atraviesa el país”.
Según Mack, “un indicador de impunidad es saber hasta dónde se puede llegar y las acciones han llegado a jueces, fiscales, policías que forman parte de esas redes dedicadas a la corrupción, cabecillas del crimen organizado o contra quienes han ejercido el control de facto en las prisiones, o hasta a un presidente y una vicepresidenta”, en alusión al exmandatario Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxanna Baldetti, quienes se encuentran privados de libertad a la espera de proceso.
Iván Velásquez y Helen Mack.
La acción de CICIG, de acuerdo con la activista de derechos humanos, “ha permitido mostrarle a la población que a través de investigaciones judiciales sólidas la justicia puede funcionar… la acción de la CICIG nos ha permitido recuperar la esperanza en las instituciones y que el sistema se puede cambiar para que satisfaga las necesidad que se requieren en las sociedad modernas, como más justicia, más seguridad y más educación”, añadió.
Durante el evento, la embajadora de la Misión Permanente de Guatemala ante Naciones Unidas en Ginebra, Carla Rodríguez Mancia, reconoció la labor de CICIG en el país, así como la decisión de Guatemala de continuar la colaboración entre Guatemala y Naciones Unidas en este marco; es la voluntad política la que permite que CICIG pueda seguir su labor en el país, aseguró.
El evento resaltó la posibilidad de que CICIG constituya un mecanismo que se pueda instalar en otros países; “una institución como ésta es un traje hecho a la medida de cada país y de sus circunstancias, ya que tiene que ajustarse a la legislación nacional con sus instancias nacionales y al fenómeno que se quiera atacar”, alertó Helen Mack.
“Antes de crear una CICIG, debe hacerse un análisis de la legislación vigente para poder diseñar su mandato y los alcances de su acción”; “el tiempo de una instancia de tales características depende de la voluntad política del Estado de hacer los cambios que se requieren para terminar la impunidad y la corrupción y fortalecer la democracias y el Estado de derecho”, concluyó.
