Dos instancias internacionales cuestionan la legalidad de las medidas contra Juan Guaidó
Se trata del relator de la ONU para la independencia de magistrados y abogados y de la Unión Interparlamentaria, que llamaron a Venezuela a garantizarle sus derechos políticos.
Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la independencia de magistrados y abogados, y el Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP) manifestaron este viernes su preocupación por las medidas del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Dichas medidas prohíben al parlamentario salir del país y congelan sus activos financieros mientras esté abierta la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía General de la República “en función de los diversos acontecimientos violentos suscitados a partir del día 22 de enero”, según declaró a la prensa el fiscal venezolano, Tarek William Saab, cuando solicitó la aprobación de estas medidas al TSJ el pasado 29 de enero.
En un comunicado difundido hoy en Ginebra, el experto de la ONU afirmó que “hay poderosos elementos para concluir que las medidas contra el Sr. Guaidó no han sido adoptadas de acuerdo con los requisitos constitucionales, el procedimiento legalmente establecido y el respeto los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
Por su parte, la UIP publicó las decisiones que tomó el Comité de Derechos Humanos de este organismo en su sesión de la semana pasada, y en las que también hizo un llamado a las autoridades venezolanas a proteger los derechos de los miembros de la Asamblea Nacional.
Con respecto a Guaidó, la UIP, órgano adscrito a la ONU y con sede en Ginebra, solicitó a Venezuela aclarar los hechos y fundamentos jurídicos que dieron origen a estas medidas del Tribunal Supremo.
Además de calificar como “arbitrario” su arresto el pasado 13 de enero, la Unión Interparlamentaria pidió a las autoridades informar qué medidas se han tomado para llevar ante la Justicia a los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) que arrestaron al político opositor, y quienes, según el Gobierno, actuaron unilateralmente.
En el caso de Venezuela, las decisiones de la UIP cobijan en total a 60 miembros de la Asamblea Nacional para quienes pidió plenas garantías y respeto de sus derechos humanos. Entre ellos figuran los opositores Julio Borges, Carlos Paparoni, Freddy Guevara, Dennis Fernández, Gaby Arellano y Juan Carlos Requesens, actualmente detenido por su supuesta participación en el atentado contra el presidente, Nicolás Maduro, en agosto de 2018.
La UIP, que considera que el fuero parlamentario de Requesens fue gravemente violado, solicitó a Venezuela investigar las denuncias según las cuales el diputado opositor habría sido forzado a autoincriminarse y pidió a las autoridades garantizarle condiciones de vida dignas mientras se encuentre privado de la libertad.
En su decisión, la UIP llamó a todas las partes en Venezuela “a actuar de buena fe y a comprometerse de lleno en un diálogo político con ayuda de mediación externa” y reafirmó su disposición para acompañar los esfuerzos hechos en este sentido. Por su parte, el relator de la ONU finalizó su comunicado recordando que la independencia judicial “es un pilar fundamental para la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho” e indicó que sus inquietudes ya fueron transmitidas al Gobierno de Venezuela.
