ONU insta a Argentina a dar respuestas sobre violaciones cometidas en la dictadura
En el marco de su examen ante el Comité de la ONU Contra la Tortura, Argentina responderá en Ginebra sobre el estado de las investigaciones, condenas y reparaciones por las denuncias de torturas cometidas durante la dictadura militar.
Los próximos 26 y 27 de abril, Argentina presentará en Ginebra su quinto examen ante el Comité de la ONU contra la Tortura. Los diez expertos independientes que lo conforman solicitarán al Estado información relativa a las medidas adoptadas para procesar los actos de tortura perpetrados durante la dictadura militar, las disposiciones aprobadas para que los autores de dichos actos no queden impunes y las acciones para que las víctimas obtengan las reparaciones, indemnizaciones y rehabilitaciones adecuadas.
Han transcurrido ya trece años desde el último examen periódico de Argentina ante el Comité, organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por el Estado en 1986. En Argentina, dicha Convención es jerárquicamente superior a las leyes nacionales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución.
De acuerdo con la información solicitada por el Comité para la presentación del reporte de Argentina, el Estado deberá también proporcionar estadísticas detalladas sobre las denuncias de torturas, los resultados de las investigaciones emprendidas, las condenas impuestas a los perpetradores y el tiempo que se tarda en formalizar cada etapa de los procesos. De igual manera, se espera que el Estado informe sobre las responsabilidades específicas de los organismos federales y provinciales en estas violaciones de los derechos humanos.
En el informe que presentó al Comité, y que sirve como base para el procedimiento del examen, Argentina describió algunos de los avances hechos para esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura militar, que tuvo lugar de 1976 a 1983, periodo en el que, según Amnistía Internacional, hubo unos treinta mil desaparecidos.
El Estado destacó que, en la última década, se han puesto en marcha políticas que apuntan a la memoria, verdad y justicia en lo relativo a las violaciones cometidas durante la dictadura. Entre estas medidas, señaló que la Secretaría de Derechos Humanos interviene como parte querellante en los procesos en los que se investigan estos delitos, con la cooperación de otras áreas del Estado y con otros litigantes particulares.
Adicionalmente, Argentina indicó que ha habido 531 condenas, 110 de las cuales están en firme. El total de personas procesadas asciende a 1135, según cifras del Área de Investigación y Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, organismo que interactúa con la Dirección de Políticas Reparatorias, la Coordinación de Asuntos Jurídicos Nacionales, la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, el Consejo Federal de Derechos Humanos, y el Archivo Nacional de la Memoria (Archivo Digital, Fondos Documentales y Sitios de Memoria), todo lo cual ha creado una matriz de datos que permite proporcionar información sistematizada.
En su informe, el Estado también destacó la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, originada gracias a la petición que la organización Abuelas de la Plaza de Mayo hiciera al Gobierno Nacional, y cuya novedad consiste en el trabajo conjunto de ONG y Estado para la búsqueda de los niños desaparecidos durante la dictadura.
Además de Argentina, el Comité contra la Tortura examinará en esta sexagésima sesión a Afganistán, Bahréin, Corea del Sur, Líbano y Paquistán. El próximo 12 de mayo los expertos formularán sus recomendaciones a estos Estados. Los exámenes serán transmitidos en vivo a través de UN WebTV.
