El Consejo de Derechos Humanos de la ONU desactivó la relatoría para Haití
La máxima instancia de la ONU en materia de derechos humanos clausuró el mandato del experto independiente sobre Haití. Así se gestó el fin de este procedimiento que monitoreaba al país más pobre del hemisferio norte y le formulaba recomendaciones para mejorar su situación.
Al cierre de su primera sesión anual, concluida hoy viernes en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cesó de facto a su experto independiente sobre Haití, el colombiano Gustavo Gallón. Es la primera vez en sus 11 años de existencia que este Consejo suprime un mecanismo de control directo sobre un Estado, sumido en deficiencias graves de los derechos humanos, por la oposición del Gobierno de turno a la continuidad del mandato.
El hecho sienta un precedente inquietante que podría servir a otros Estados que, al margen de los niveles de inobservancia de los derechos humanos y las intrínsecas razones de cada uno, están al propio tiempo mereciendo el tratamiento de “procedimientos especiales” de este Consejo. Son los casos de Siria, Myanmar, Corea del Norte, Irán y Sudán del Sur, cuyas autoridades también se oponen a que el máximo órgano de la ONU en materia de derechos humanos les aplique una vigilancia específica.
La inquietud se acrecienta cuando Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador, la mitad de los ocho países latinoamericanos que actualmente ocupan los escaños de la región en el Consejo de Derechos Humanos, se manifestaron hostiles a que las otras relatorías para países fueran impuestas por la ONU pese a la oposición de sus Gobiernos.
Por las precariedades, intereses, y motivaciones que han animado a los actores que jugaron algún rol en la defunción de la relatoría para Haití, ha sido inédito el caos que la rodeó. Luchó sin suerte por impedirla Gustavo Gallón, un aguerrido abogado que lidera la Comisión Colombiana de Juristas y a quien en el plano internacional le tocó lidiar anteriormente con la relatoría de Guinea Ecuatorial, que supo sacarse de encima la prolongada presidencia de Teodoro Obiang.
.@Haiti_UNOG agradece a Gustavo Gallón quien fue, hasta hoy, el experto independiente sobre la situación de los #DDHH en #Haití.
— Panorama (@panoramaDH) 24 de marzo de 2017
El martes pasado, Gallón presentó ante el Consejo el informe anual de su gestión, formuló recomendaciones para mejorar el respeto de los derechos humanos en Haití y pidió que le renovaran el mandato por un año, para acompañar la puesta en marcha de esas recomendaciones.
Así mismo, señaló cinco prioridades: las debilidades institucionales de la democracia, con un presidente elegido por el 55.6 % del 21 % del electorado; el acuciante analfabetismo que castiga al 30 % de la población; la enorme cantidad de presos en detención preventiva prolongada y las condiciones inhumanas de cautiverio; la impunidad de la fenecida dictadura de Jean-Claude Duvalier y, finalmente, las víctimas del terremoto de 2010, de la epidemia de cólera, y de la expulsión de haitianos de la vecina República Dominicana.
Sin embargo, Gallón advirtió que el Gobierno recientemente elegido, presidido por Jovenel Moïse, se oponía a la continuidad de su labor. Dijo que el motivo esgrimido era la creación de un Ministerio de Derechos Humanos y el refuerzo del Comité Interministerial para los Derechos Humanos, de lo que podía deducirse que esas medidas le quitarían la razón de ser a su tarea. Pero de inmediato aclaró que, a la postre, el Gobierno no incluyó la creación del citado Ministerio en su mensaje al Parlamento por una presunta falta de presupuesto, carencia que afectaría inclusive el pretendido refuerzo a imprimirle al mencionado Comité Interministerial.
Gustavo Gallón, último experto independiente de la ONU sobre Haití
Formalmente, varios Estados deploraron, en el debate que motivó en el Consejo la presentación del informe de Gallón, que el Gobierno de Jovenel Moïse resistiera la renovación de su mandato. Se gestó de inmediato un movimiento subterráneo de sensibilización hacia los tres países que podían ejercer influencia sobre el Gobierno haitiano para que aceptara la continuidad de un mandato creado, por la entonces Comisión de Derechos Humanos, en 1993: Francia (el antiguo colonizador), Estados Unidos, por su implicación en la asistencia frente los desastres naturales, y Brasil, por haber dirigido las fuerzas de paz de la ONU y su participación sustancial en la ayuda humanitaria.
Fue en vano. Al parecer, Francia se inclinó silente ante la negativa del presidente Moïse a recibir en audiencia a su embajador en Puerto Príncipe. La nueva política de derechos humanos de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, echó por tierra cualquier iniciativa. Y Brasil habría optado por usar como trampolín su trayectoria con cascos azules y socorro ante las calamidades naturales para transformarse en inversor privilegiado que espera sacar ganancias del desarrollo que se aguarda ponga en marcha la convaleciente Haití.
El presidente de este Consejo en 2017, el embajador salvadoreño Joaquín Maza Martelli, extendió el certificado de defunción de la relatoría para Haití al caer la tarde de este viernes en Ginebra. Leyó una declaración que los 47 miembros del Consejo aceptaron. Proclamó que corresponderá a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recoger la herencia de Gustavo Gallón y supervisar al Gobierno de Jovenel Moïse en el cumplimiento de las recomendaciones. Para concluir, indicó que la ONU tendrá gastos adicionales para financiar estos cambios.
En Puerto Príncipe, un portavoz del Gobierno confió a un diario local el verdadero móvil de lo que se revela finalmente como un escándalo: la persistencia de una relatoría de la ONU para derechos humanos en Haití no contribuiría a un clima propicio para las inversiones.
