El presidente uruguayo reivindica en la ONU el “derecho humano a la sensatez”

“En un mundo que por momentos se parece a un hospital psiquiátrico administrado por sus pacientes, no está de más reivindicar la sensatez y, por qué no, hacer otras reivindicaciones imprescindibles si realmente aspiramos a construir una sociedad de iguales”, pregonó este martes en Ginebra el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, médico de profesión, al inicio de la segunda sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Para Vázquez, “una sociedad de iguales” es “asumir que la misma implica un pacto recíproco por el que se reconoce el valor de la singularidad del proyecto de vida de cada persona y el aporte que su diferencia hace al colectivo. De allí surge el respeto y el compromiso con la dignidad de todas y cada una de las personas, en la que se fundamentan los derechos humanos”.

El diagnóstico planetario del presidente uruguayo es que “la convivencia hoy se encuentra amenazada por situaciones de injusticia, por procesos de desintegración y de creciente descreimiento en las instituciones y, como otra cara de una misma moneda, de creciente individualismo y competencia despiadada por bienes y lugares de privilegio”.

El mandatario reivindicó entonces “la libertad y la democracia, porque sin ellas, sin ese aire habitual que respiramos casi sin darnos cuenta pero sin el cual no se puede vivir, todo lo demás es imposible”, sin olvidar “la política como práctica social mediante la cual nos ocupamos colectivamente de los asuntos públicos”.

Sin embargo, aclaró que se refería a la política “en lo que tiene de debate de ideas, de competencia de proyectos y de expresión de democracia y ciudadanía, diferenciándola y alejándola del chimento, del griterío, del agravio, del espectáculo mediático o del ejercicio autorreferente de poder”.

Vázquez destacó en Consejo de Derechos Humanos de ONU necesidad de promover y fortalecer el multilateralismo https://t.co/VsYISYhNUR

— Sec. Comunicación (@SCpresidenciauy) 6 de junio de 2017

Vázquez precisó que “el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un medio para la dignidad de todas las personas y para sustentar el costo de los derechos inherentes a ella, porque los derechos valen… pero también cuestan”. Así mismo, advirtió que “los costos de la realización de los derechos humanos de los que viven hoy no pueden pagarse hipotecando los derechos de las generaciones futuras”.

Por otra parte, y mirando hacia atrás, recapituló que “estamos y continuaremos trabajando para esclarecer zonas oscuras del pasado reciente en materia de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado que padeció nuestro país y para que las mismas nunca más se repitan”.

“Estamos y seguiremos atendiendo situaciones de vulnerabilidad, convencidos de que la consideración de grupos específicos no debe ser en función de derechos diferentes para cada grupo, sino de atención a situaciones de no acceso a derechos universales. Tal vez no es lo más exitoso en lo inmediato, pero no se gobierna en función de la inmediatez y el éxito, ni para exhibirse, ni para los monumentos. Al menos nosotros no lo hacemos”, indicó.

“Cada vida es un proyecto que merece ser realizado plenamente y cada identidad, desde su particularidad, es una riqueza que conforma la sociedad. El compromiso con la dignidad de todos y cada uno es un posicionamiento ético político que da origen al programa en el que históricamente se han construido los derechos humanos”, reflexionó el presidente de Uruguay.

Además, afirmó que “el Estado es una creación humana y su única fuente de legitimidad es la realización de los derechos humanos de todas las personas, porque ellas no son objetos de buenas intenciones (suponiendo que todas las intenciones sean buenas), sino sujetos de derecho”.

“Si cada persona tiene derecho a que se respete su integridad física, todos y cada uno tenemos la obligación de no dañarla. Si cada persona tiene derecho a recibir del Estado determinadas prestaciones de salud, todos y cada uno tenemos la obligación de aportar en la medida de nuestras capacidades a la financiación de los costos del sistema de salud. No hay más obligaciones que las correlativas a los derechos, el punto de partida para la construcción del sistema normativo son los derechos humanos”, concluyó Vázquez.