El Salvador aceptó las recomendaciones de la ONU sobre agua y saneamiento
El Relator Especial de la ONU sobre el agua recomendó a El Salvador incluir este derecho en la Constitución, coordinar esfuerzos con Gobiernos vecinos y elaborar una ley general de aguas que garantice a la población un suministro suficiente, constante y asequible. El Estado aceptó.
El Gobierno salvadoreño acogió en Ginebra las recomendaciones del Relator Especial sobre agua y saneamiento, el brasilero Leo Héller, presentadas públicamente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Agradecemos el informe y las recomendaciones, las cuales compartimos y estamos llevando a cabo diferentes medidas para cumplir e implementar”, manifestó el embajador salvadoreño, Joaquín Maza Martelli.
El Relator Heller estuvo una semana en mayo pasado en El Salvador, por invitación del Gobierno. Allí se entrevistó con las autoridades concernidas y pudo hablar con indígenas y organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. Gracias a esa visita hizo un diagnóstico y posteriormente unas recomendaciones para mejorar el disfrute del derecho al agua y el saneamiento, “esenciales para la realización de todos los derechos humanos”, como lo estableció la Asamblea General de la ONU el 28 de julio de 2010.
Según su informe, actualmente “600 000 personas en El Salvador no cuentan con ningún tipo de servicio de agua potable y saneamiento”, “más de un millón solo tiene acceso a un servicio deficiente de agua y no se garantizan ni su cantidad ni su potabilidad”.
También encontró que 1100 centros escolares no disponen de cañerías instaladas para recibir agua, mientras que solo el 37,4 % de los hogares con servicio sanitario “tiene acceso a inodoro con conexión a alcantarillado y los demás a soluciones individuales”, sin olvidar que cerca del 7 % de la población rural salvadoreña no cuenta ni siquiera con este tipo de instalaciones.
“El Salvador debe incorporar el derecho al agua y al saneamiento al ordenamiento jurídico”: Léo Heller
Heller constató que, para la gente en El Salvador, las principales fuentes de agua son subterráneas y superficiales, como el río Lempa, y que las sequías son “frecuentes y graves”. Verificó también la contaminación de las fuentes superficiales, debido a “las aguas residuales urbanas no tratadas y las descargas del ámbito agrícola e industrial”.
En ese contexto, el experto de la ONU instó al Gobierno a entablar una cooperación con Guatemala y Honduras para buscar acuerdos mediante tratados bilaterales o tripartitos que permitan abordar de manera “constructiva” el hecho de compartir aguas superficiales de los ríos, lagos y arroyos.
Para atacar los problemas del “acceso discontinuo” de agua que sufre El Salvador, mejorar su calidad, asequibilidad, sostenibilidad, los impactos sobre la salud y la cobertura de las poblaciones vulnerables, Heller recomendó, ante todo, “incorporar el derecho al agua y al saneamiento al ordenamiento jurídico” del país, con la reforma del artículo 69 de la Constitución.
El dispositivo debería acompañarse de una Ley General de Aguas, actualmente en discusión, y de una “ley marco para el subsector de agua y saneamiento” que garantice “la regulación apropiada de los servicios” y que “afirme claramente que el uso prioritario del agua debe ser para el consumo humano”, un debate del que no deben ser ajenos la sociedad civil y “los grupos más desfavorecidos en el acceso al agua”.
#ElSalvador debe enfocar en los #derechoshumanos al #agua & #saneamiento en sus políticas https://t.co/kdchOhnpe8 pic.twitter.com/qDsDMtFXPP
— Léo Heller (@SRWatSan) 18 de mayo de 2016
Para lograrlo, el experto de la ONU sugirió a El Salvador elaborar un “Plan Nacional de Agua y Saneamiento” mediante un proceso participativo, que incluya a otros prestadores de servicios, como las juntas rurales de agua.
El Estado debería, además, dotarse de “un regulador independiente con competencia para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos de los proveedores”, que tenga “participación pública en la toma de decisiones a través de la divulgación de información adecuada y garantizar que el agua y el saneamiento sean asequibles para todas las personas”.
En dicho marco, esta relatoría de la ONU urgió a El Salvador a redoblar esfuerzos en favor de las poblaciones rurales para que encuentren “modelos de gestión sostenibles” y a revisar la prohibición de “los servicios de agua y saneamiento en asentamientos no legalizados por parte del proveedor nacional”, para que estas poblaciones consigan “el usufructo de sus derechos a los servicios” y que las personas que viven en situación de calle puedan acceder a “instalaciones gratuitas” de “acceso a agua y a baños”.
El Relator concluyó que El Salvador debería “crear políticas nacionales claras” para racionalizar el uso agrícola del agua, que posibiliten “ampliar la disponibilidad para consumo humano, especialmente en regiones de mayor escasez hídrica y más susceptibles al efecto del cambio climático, como en el Corredor Seco”.
