Por: Juan Gasparini

 

A pocos días que se le venza el plazo para responder a 62 recomendaciones que le formularan diferentes países en el Examen Periódico Universal (EPU) de octubre pasado, el viceministro de exteriores de El Salvador, Carlos Castaneda, mantuvo hoy martes el suspenso en Ginebra sobre si aceptará o rechazará esas recomendaciones, durante su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al fijar hoy martes la política anual de su país en la materia.

“El Examen Periódico Universal constituye la herramienta más completa para dar cuenta sobre los avances de los derechos humanos en el mundo. En nuestro caso la preparación del Examen Periódico Universal permitió a El Salvador realizar un balance de los progresos alcanzados … y con las recomendaciones recibidas en este nuevo ciclo, se afianzan nuestros compromisos para trazar el camino que El Salvador necesita para el bienestar y buen vivir de sus ciudadanos”, manifestó Castaneda.

Sin embargo, el ministro no aportó ninguna pista sobre las respuestas que adeuda El Salvador en torno a las recomendaciones producidas en el EPU antes mencionadas, que su gobierno prometió estudiar, para definirse “a su debido tiempo”, pero a más tardar”, el próximo miércoles 18 de marzo, en particular, entre varias otras, la elevada por Estados Unidos, que alentó a “mantener la separación de poderes del Estado a fin de que cada uno respete la autoridad constitucional de los otros”.

El ministro tampoco enunció adelanto alguno respecto a la recomendación de Grecia, que solicitó “medidas amplias para la desmilitarización de la policía y asignar a las instituciones adecuadas la responsabilidad en materia de seguridad pública”. Igualmente, no hubo indicios de la respuesta que aguarda Noruega, la cual abogó “poner fin a la participación de personal militar en tareas de seguridad ciudadana”, e instó a “capacitar a los agentes de policía para que cumplan su responsabilidad de proteger a la población de manera eficaz y con seguridad”.

Castaneda informó al Consejo los avances de El Salvador en “la efectiva implementación de la doctrina de la protección integral” que prevé la Convención sobre los Derechos del Niño”, pero eludió referirse al pedido reiterado de 19 Estados para que su país ratifique otros instrumentos internacionales, como la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y los protocolos facultativos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer y de la Convención contra la Tortura.

Castaneda sostuvo ante el Consejo que “desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, para El Salvador la construcción de la democracia y del sistema de los derechos humanos constituyeron premisas fundamentales”. No obstante, el ministro no se pronunció en cuanto a las recomendaciones de Corea y Suecia vinculadas a dichos pactos de paz, de “enmendar la Ley de Amnistía, que sigue impidiendo que se castigue a los autores de violaciones graves de los derechos humanos”, y la necesidad de “adoptar medidas concretas y sustanciales en la esfera de la justicia de transición para abordar las violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno entre 1979 y 1992”.

Por ultimo, faltó además saber qué responderá El Salvador al convergente pedido de once países en el EPU, que lo alentaron a “eliminar la prohibición del aborto”, en particular cuando las mujeres son “víctimas de violación, especialmente en los casos … de menores de edad y de riesgo grave para la salud de la madre” (…) ya sea mujer o niña embarazada”, como también cuando ha ocurrido “incesto y riesgo médico, y velar por la mejora del acceso a métodos anticonceptivos adecuados”, sin descuidar “el acceso a una educación sexual completa y a servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la anticoncepción”.