Ginebra 23 de Septiembre. – En momentos en que Estados Unidos ataca con drones y aviones teledirigidos al Estado Islámico en Irak y Siria, en la ONU se debate sobre qué tan legal es el uso de estas tecnologías bélicas. Un panel de expertos reunido en Ginebra indagó sobre las graves violaciones a los derechos humanos causadas por estos artefactos y las herramientas que el derecho internacional contempla para regular su uso y garantizar que la llamada lucha contra el terrorismo respete los estándares de derechos humanos.
“Los Estados tienen el deber de tomar medidas para proteger a los individuos de actos terroristas, pero dichas medidas deben respetar la legislación de derechos humanos”, sentenció Flavia Pansieri, la Alta Comisionada Adjunta de derechos humanos de la ONU. El debate surgió al saberse que en los últimos años cientos de civiles en Pakistán han muerto en operaciones antiterroristas dirigidas por Estados Unidos mediante estos dispositivos.
Pansieri aseguró que el uso de drones “ha creado una atmósfera de miedo en las comunidades afectadas”, y que amenazan no sólo el derecho a la vida, sino los derechos a la educación, la religión, la libertad de asociación y la salud; esto, pues “los habitantes se abstienen de llevar a sus hijos a la escuela, de reunirse en grupos o de atender heridos por temor a ser alcanzados por nuevos ataques de los drones”, aseguró la alta funcionaria de la ONU.
El defensor experto, Shahzad Akbar, expuso casos concretos, como los ataques de 2011 en una plaza pública en Pakistán donde murieron 40 personas, el de 2006 a una mezquita donde perecieron 80 niños o el de 2009 en un funeral en el que murieron otros 80; en ninguno de ellos se encontraron terroristas entre las víctimas. La justicia pakistaní ha contado 1449 víctimas civiles en los últimos 5 años, cuyos familiares, según Akbar, “no han recibido razones sobre por qué atacaron sus familias, ni disculpas ni reparación”.
Respecto al marco jurídico que debe regular estas acciones, los expertos explicaron que el Derecho Internacional Humanitario (DIH), permite el uso de la fuerza letal contra otra persona, sólo si esta supone una amenaza inminente y si no hay otros medios para neutralizarlo, como la captura o retención. Sin embargo, el DIH sólo es vigente en el contexto de un conflicto armado, por lo cual, fuera de toda confrontación se debe aplicar el derecho internacional de los derechos humanos.
El experto de la comisión internacional de juristas, Alex Conte explicó que, “muchos de los ataques cometidos por Estados Unidos no se ejecutaron en el marco de un conflicto armado, según los criterios establecidos en las convenciones de Ginebra y por lo tanto no se pueden acoger al DIH”.
El experto indicó que, en ese caso, todo operativo debería respetar los principios de distinción entre combatientes y civiles y el principio de proporcionalidad de los ataques. No obstante, “los ataques con drones borran todas las pistas sobre si estos principios se cumplieron y la falta de transparencia hace imposible la rendición de cuentas. Esto otorga a los Estados una virtual licencia para matar totalmente inadmisible” aseguró Conte.
Los países latinoamericanos fueron particularmente activos durante el debate. Chile pidió la regulación de drones, “teniendo en consideración que existe un aumento exponencial de los Estados que buscan adquirirlos”; Brasil indicó que “estas muertes equivalen a ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales que están prohibidas por el derecho internacional”; Ecuador declaró “reprochar el uso de las aeronaves utilizadas para servicios de inteligencia en espacios extraterritoriales”, mientras que Venezuela y Cuba rechazaron “las muertes de las víctimas civiles a los que los imperialistas llaman indignamente daños colaterales”.
Por su parte, el mayor involucrado, Estados Unidos aseguró que sus operaciones antiterroristas “tienen la mayor transparencia posible consistente con las exigencias de nuestra seguridad nacional”, y que “tomamos muy seriamente todo los reportes creíbles sobre civiles muertos o heridos.” Y para finalizar declaró “seguir creyendo que la mejor manera de lograr nuestros objetivos humanitarios comunes en el conflicto armado es creando un foro que conduzca a compromisos serios y no politizados”.
Estados europeos como Francia, Reino Unido y Alemania se inclinaron por afirmar que el “Consejo de Derechos Humanos no es el foro más apropiado para discutir el tema” y que se debería considerar debatir en un foro sobre seguridad y desarme. Mientras Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional declararon que “las muertes ilegales por drones pueden equivaler a crímenes de guerra” y así mismo que los Estados concernidos deben “publicar la identidad y cantidad de víctimas asesinadas o heridas en dichas operaciones”.
A modo de conclusión el relator para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, dijo que más allá del marco legal, debe ser claro que “son los drones los que se deben adaptar a la ley y no la ley la que se adapte a ellos”. El nutrido debate se llevó a cabo el pasado lunes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, con motivo de la celebración de la 27 sesión regular de este organismo.
