“En Colombia no tenemos esperanza de que la justicia interna haga algo”: padre Javier Giraldo

Es difícil explicarle Colombia a alguien que no sea colombiano. Por qué firmaron la paz a regañadientes, por qué no celebraron el acuerdo, por qué, ahora que deberían estar tratando de vivir en paz, están masacrando a los defensores de derechos humanos y a los líderes sociales.

El pasado martes, el sacerdote jesuita Javier Giraldo encabezó en Ginebra un panel sobre la situación de los defensores en Colombia. El evento tuvo lugar en el Palacio de las Naciones, donde actualmente se celebra la cuadragésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El padre Javier es un referente en la defensa de los derechos humanos en Colombia. A él le pedimos que nos ayudara a contarles ese país a nuestros lectores de otros lugares del mundo. Hablamos de defensores y líderes sociales, de la situación tras la firma del Acuerdo de Paz, de paramilitarismo y del papel que puede tener la comunidad internacional en este momento crucial para la consolidación de la paz en el territorio colombiano.

¿Qué está pasando con los defensores de derechos humanos?

En Colombia los defensores de derechos humanos siempre han sido perseguidos. Pero, últimamente, después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC a finales de 2016, se ha agudizado mucho la matanza de los defensores en un sentido amplio, o sea, campesinos y miembros de organizaciones defensoras de los derechos del campesinado, sindicalistas, miembros de ONG de derechos humanos, líderes estudiantiles o de partidos políticos de oposición. Desde que se firmó el Acuerdo, más de 400 de ellos han sido asesinados.

Visto desde fuera, resulta paradójico que luego de la firma del Acuerdo la situación haya empeorado para los defensores. ¿Por qué ocurrió esto?

No es la primera vez que ocurre. Por ejemplo, cuando con el presidente Belisario Betancur (1982-1986), al comienzo de los ochenta, se firmó el primer proceso de paz que implicaba que la guerrilla de las FARC se convirtiera en un partido político legal, la Unión Patriótica, hubo una matanza generalizada de quienes se adhirieron a él: se calcula que más de 5000 personas de ese partido nuevo, legal, fueron asesinadas.

En otras ocasiones en que ha habido un cese de lucha de otras organizaciones guerrilleras, como cuando se firmó la paz con las guerrillas liberales, también sus miembros fueron asesinados después de firmar la paz.

O sea, ha habido como una tradición de que se firma la paz y luego hay una matanza, y eso está ocurriendo también ahora.

¿Por qué persiste el paramilitarismo en Colombia?

Porque las estructuras nunca fueron desmontadas: por el contrario. El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) habló mucho de negociaciones de paz y desmonte de estructuras paramilitares en su Gobierno. Pero si uno analiza a fondo qué fue lo que pasó allí en realidad, a mi modo de ver, fue más bien una legalización y ampliación de las estructuras paramilitares.

En el panel también estaban el relator de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Michel Forst, representantes de varias ONG, como Coljuristas y PBI, y un miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Él se las arregló para dar la impresión de que se estaban desmontando, que estaban firmando la paz, pero realmente las normas que él ideó en ese momento eran más bien para someterlas a unos procesos judiciales muy benignos, de mucha impunidad y que solamente cobijó a los más conocidos.

Los paramilitares de base, que actuaron bajo un nombre ficticio, no estaban en los archivos de la Fiscalía y por eso nunca fueron a la cárcel: solamente los grandes líderes paramilitares que sí eran conocidos en todo el país o en el exterior pagaron unos pocos meses de cárcel y luego fueron amnistiados.

Ahora, esas estructuras paramilitares, que existían ilegalmente hasta ese momento, se transformaron en unos cuerpos legales como, por ejemplo, las redes de informantes, las redes de cooperantes, los soldados campesinos… estructuras todas que legalizaban una vinculación de varios millones de civiles a la guerra.

Por eso yo digo que más bien esas estructuras paramilitares fueron legalizadas y ampliadas en el Gobierno del presidente Uribe: porque realmente lo que significa el paramilitarismo es la vinculación de la población civil a la guerra, es decir, la difuminación de las fronteras entre lo civil y lo militar. Desgraciadamente eso es lo que hemos vivido durante décadas en Colombia.

¿Cómo está la situación ahora?

El presidente Iván Duque (2018-2022) hace pocas semanas expuso su nueva política de seguridad en un cuartel de grandes proporciones, en donde hay mucha presencia de tropas norteamericanas, y allí habló de más de un millón de civiles ya vinculados para actuar armados. Entonces, el paramilitarismo sigue, y muy fuerte, como una política de Estado explícita.

Además, el presidente Duque antes de exponer públicamente esta política de seguridad había firmado un decreto, supuestamente, para restringir el porte de armas, pero dejando un artículo en que le da atribuciones al ministro de Defensa y a los comandantes de las brigadas militares para entregarles armas a quienes consideren discrecionalmente como desprotegidos.

Y entre ellos ya se ha mencionado, por ejemplo, a los ganaderos, que siempre apoyaron las estructuras paramilitares. O sea, se vuelve a legalizar el paramilitarismo de una manera muy explícita en este Gobierno.

¿Qué papel puede jugar la comunidad internacional en la implementación del acuerdo y la consolidación de la paz en Colombia?

La comunidad internacional lleva muchos años elaborando informes sobre la situación de Colombia y formulando recomendaciones que siempre son bien recibidas, en el discurso, por los Gobiernos: dicen que las aceptan con mucho interés, pero nunca las ponen en práctica.

Ahora, yo creo que una de las grandes fallas en Colombia es la justicia: allá siempre ha habido impunidad. Y cuando en el proceso de paz se habló de justicia se crearon unos nuevos mecanismos como la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero ya se le encontró la manera de continuar con la impunidad también a través de estos nuevos mecanismos.

Yo diría que la mejor participación de la comunidad internacional sería que se haga justicia por fuera de las estructuras del país. Por ejemplo, que la Corte Penal Internacional aplique realmente el Estatuto de Roma y juzgue a los máximos responsables de la violencia. Yo creo que los presidentes, desde hace un buen tiempo, tienen una responsabilidad enorme en toda esta violencia.

Por ejemplo, he sido acompañante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y llevamos cuatro presidentes a los cuales les hemos enviado, varias veces al mes, denuncias, llamados y súplicas apremiantes para que controlen el paramilitarismo, a los militares que están en esa región y que son criminales, pero nunca han querido escucharnos.

Por eso yo creo que debe actuar la justicia internacional: porque allá no tenemos esperanza de que la justicia interna haga algo.

Todas las intervenciones del panel en el que participó el padre Javier están disponibles en este enlace.