Andreiev Pinzón, coordinador de proyectos de la organización no gubernamental ENDA Colombia, habló con Panorama de la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país suramericano. Entrevista.

 

Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 5 de mayo.- El Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinará por sexta vez a Colombia a más tardar en 2017. Para hacer el examen, los 18 expertos del Comité utilizan como insumos los reportes que presentan tanto el Estado como las ONG. Estos últimos, conocidos como “informes sombra”, suelen contrastar la versión oficial sobre la situación de derechos humanos.

Andreiev Pinzón, coordinador de proyectos de ENDA Colombia, organización especializada en medio ambiente y desarrollo, estuvo en Ginebra en el marco de la preparación del informe sombra que ENDA presentará al Comité en coalición con otras organizaciones colombianas. Panorama habló con él.

¿Por qué incluir los ambientales en los derechos económicos, sociales y culturales?

Porque la calidad de vida y el derecho al medio ambiente tienen todo que ver con el pleno disfrute de los demás derechos. Por eso hablamos de los “DESCA”, por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

¿Cuál es la situación de estos derechos en Colombia?

Por un lado, en el papel, hay unos logros importantes que ha hecho el Estado, como la reducción monetaria de la pobreza. Nosotros cuestionamos esos avances porque son parciales ya que las mediciones en las que se basan son muy arbitrarias.

Un ejemplo concreto: si una persona ha tenido trabajo tres meses, en las estadísticas se le considera empleada.

Andreiev Pinzón en entrevista con Panorama

Andreiev Pinzón en entrevista con Panorama

Además, los subsidios que recibe la población marginalizada se suman en esa metodología de agregados de superación de la pobreza, cosa que es muy grave porque el resultado disfraza la realidad. Sin embargo, hay un consenso entre los organismos multilaterales y el Estado sobre la validez de esta metodología para la construcción de estadísticas.

Hay, por otro lado, retrocesos que terminan siendo casos aberrantes: aunque el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo diga que Colombia ha sido un caso excepcional en superación de la pobreza monetaria, el estado ambiental del país es alarmante.

La misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que no se caracteriza por su altruismo, ha regañado al director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, por los costos que está trayendo el modelo extractivista al Estado, pues genera unos impactos ambientales muy fuertes. En ese caso, la cura sale más cara que la enfermedad y se traduce en una violación sistemática de los derechos humanos.

¿Como cuáles?

En principio, el derecho al agua: el acceso, la calidad y la cantidad suficiente que deben tener tanto familias rurales como urbanas, generalmente las más pobres.

En Colombia, el acceso al agua potable alcanza en las ciudades el 97 %, pero en zonas rurales llega a ser inferior al 50 %. Hay departamentos, como el Chocó, en los que una de cada dos personas tiene agua potable en los centros urbanos, pero en el campo dos de cada tres no la tiene.

“Por la minería de oro, las fuentes de agua están contaminadas con mercurio en vastas zonas del país.”

También la seguridad alimentaria que, además de la afectación en términos ambientales, se deteriora por el impacto de algunos tratados de libre comercio que crean dependencia frente a los mercados internacionales. Hoy por hoy, con la subida del dólar, hay una crisis evidente en la capacidad adquisitiva de los colombianos que no pueden acceder a algunos de los productos básicos de la canasta familiar.

En 2010 anotábamos que el 42.7 % de los hogares en Colombia presentaban inseguridad alimentaria, es decir, casi la mitad de la población colombiana. Hoy a esto se le suman dos factores: la externalidad, que es la divisa, y la dependencia de la importación de cereales que Colombia podría producir.

El panorama es más grave aún por el deterioro de la calidad de las fuentes de agua: hay contaminación por mercurio derivada de la minería de oro en vastas zonas del país. En el Amazonas, por ejemplo, un estudio comprobó que las comunidades indígenas presentan altos niveles de mercurio en la sangre por vertimientos a cuerpos de agua.

Recientemente la Corte Constitucional avanzó en la prohibición de minería en páramos porque son la fuente privilegiada del agua en Colombia, además de ser ecosistemas endémicos de solamente cuatro o cinco países en el mundo.

A eso hay que sumarle la precariedad del empleo, que supera el 60 %. El Estado colombiano no tiene una política laboral: se desentiende de su responsabilidad social y se la traslada al individuo.

El caso de la vivienda es grosero: no hay una política pública al respecto. Es uno de los temas en los que hay una mayor regresividad porque la especulación y la plusvalía del suelo es un monopolio, casi que una mafia, de los constructores privados.

En general es un panorama de regresividad muy fuerte.

Usted es enfático al señalar que el derecho al agua está siendo vulnerado en Colombia. ¿Cuáles son sus preocupaciones?

Lo que está pasando en el país es que se están preservando algunas zonas que tienen una producción de agua de excelente calidad y donde intervienen las empresas multinacionales. Coca-Cola, por ejemplo, viene haciendo concesiones en las mejores fuentes de agua en el páramo de Chingaza, cerca de Bogotá, para venderla embotellada.

“Defender el agua por encima de los intereses corporativos es un deber moral y ético.”

Pero para garantizar que el agua se compre en bloque o en botella se descuida la calidad ambiental de otras fuentes de agua. Es una ecuación perversa: las empresas no se apropian solo de los huevos de oro, sino que además quieren la gallina. Se trata de un confinamiento sutil del acceso al agua.

Esa tendencia a la privatización y al acaparamiento del agua está siendo un fenómeno recurrente en los países del Sur y creo que debe considerarse como una gran amenaza para los derechos humanos en general.

Ahora, el lobby corporativo internacional es muy fuerte porque es más rentable vender agua que gasolina. Además, es un asunto de múltiple espectro capaz de revivir debates que se han querido evitar durante mucho tiempo: cuando se toca el tema del agua, se toca el tema de la pobreza.

Por eso es tan importante hablar de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y de derechos colectivos: porque el agua no solamente es un bien común ligado a la vida humana, sino a la existencia de todo lo vivo en el planeta. Defender el agua por encima de los intereses corporativos es un deber moral y ético.

¿Cómo reacciona la sociedad civil ante esta situación?

El agua es un tema que logra aglutinar sectores que tienen contradicciones fundamentales, incluso en un país tan politizado como Colombia. Esto pasa porque es un bien indispensable independientemente de si se es rico, pobre, blanco o negro.

Hoy, por ejemplo, en el departamento de la Guajira, la empresa Cerrejón quiere desviar el arroyo Bruno para extraer el carbón que está debajo. Esto ha convocado la solidaridad tanto de ambientalistas y militantes por el derecho al agua como de actores de televisión y pobladores urbanos de estratos altos.

Esta confluencia genera una agenda muy interesante sobre los mínimos que se deberían cumplir en materia ambiental y de derechos económicos, sociales y culturales.

Más importante todavía: pone de relieve que la pobreza no es un problema de los excluidos, sino un asunto de política pública, de la concepción que el Estado tiene de lo social y de la lectura crítica que la sociedad puede hacer de los derechos.

¿Qué significa, en la práctica, ese cambio de paradigma?

Significa que hay una apropiación social del derecho. La confluencia de sectores en torno al agua logra, por un lado, cohesionar socialmente a partir de la solidaridad y la defensa, en este caso, del agua, los ríos, las lagunas… Y, por otro lado, lleva a que la gente eleve el nivel de exigibilidad en materia de derechos humanos sin que sea estigmatizada como enemiga del Estado.

La Corte Constitucional no se hubiera pronunciado sobre la explotación minera en los páramos si esta amalgama de solidaridad que atraviesa todos los estratos no hubiera surtido efecto, porque los derechos dependen en gran medida de cómo la sociedad logra negociarlos con el Estado.

A propósito de esa negociación, ¿cuál es la situación actual de los defensores de derechos humanos en Colombia?

Ha habido un cambio en el patrón de los ataques a defensores de derechos humanos. En Colombia, históricamente se perseguía a los abogados litigantes en casos de los derechos civiles y políticos y a la oposición, hasta llegar al genocidio de la Unión Patriótica, que ya es conocido mundialmente.

Pero hemos visto, no solo en el país sino en Latinoamérica, un ataque sistemático a defensores del agua, del medio ambiente y los derechos económicos, sociales y culturales.

Estamos alarmados con toda la serie de amenazas y asesinatos que hay a líderes de restitución de tierras, a los garantes y defensores del agua y a quienes se oponen a operaciones inconsultas de las multinacionales en los territorios. Es una tendencia nueva que el Estado conoce, pero no ha logrado entender.

“Los defensores de derechos ambientales requieren medidas de protección colectiva.”

ENDA ha participado, como vocero nacional de la Plataforma de derechos humanos, en conversaciones de muy alto nivel con el ministro del Interior y el de Posconflicto. Inclusive hemos pedido cita con el presidente de la República.

Consideramos que en este caso no se requieren esquemas de seguridad duros para proteger a los defensores, sino medidas de protección colectiva que permitan a las comunidades blindar sus espacios territoriales y les den plenas garantías de asociación, participación y oposición política frente a la intervención de empresas, megaproyectos o infraestructuras que impacten fuertemente su territorio.

¿Cómo se relacionan esos ataques a los defensores con el conflicto armado?

El desmonte del paramilitarismo es muy cuestionable porque el fenómeno está vivo y rampante. Detrás de las empresas llegan a las regiones las amenazas, la ocupación territorial y el accionar paramilitar.

"Defender el agua por encima de los intereses corporativos es un deber moral y ético": Andreiev Pinzón.

“El paramilitarismo en Colombia está vivo y rampante”: Andreiev Pinzón.

Además, en el contexto del proceso de negociación de paz con las FARC hay una disputa territorial por los posibles vacíos que va a generar la eventual entrega de armas.

Creemos que esta es una oportunidad para garantizar una paz sostenible y el respeto de los derechos humanos en las comunidades es clave para lograrlo.

Se requiere una muy fuerte presencia del Estado en lo local, y un control matemático de las operaciones del paramilitarismo y de lo que implica su desmantelamiento en lo regional: los vínculos con la economía, el poder local y la fuerza pública.

¿Cómo están elaborando el informe sombra que van a presentar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

Una de las razones de mi vista a Ginebra es precisamente comenzar los acercamientos con Naciones Unidas para precisar fechas y conocer el informe que Colombia entregó para el examen.

Tenemos planteada una fase de construcción que comienza con un encuentro nacional de unas 100 organizaciones que conocen la dinámica de elaboración del informe alterno y pueden entrelazar las realidades locales con las obligaciones nacionales e internacionales del Estado.

Después viene una fase de recolección de información secundaria y de análisis de la estadística oficial.

“En el informe que presentaremos al Comité haremos énfasis en la relación del agua con los derechos económicos, sociales y culturales.”

Posteriormente siguen los procesos locales: vamos a ir a tres regiones en donde hay casos emblemáticos de violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales, y que van a ser muy problemáticas en el posconflicto porque han sido afectadas por la guerra, las actividades extractivas, la pobreza y la contaminación: me refiero a los departamentos de Arauca, Chocó y parte del Tolima.

La idea es construir el informe en respuesta a lo que reporta el Estado, claro, pero nosotros siempre vamos más allá y hacemos análisis desagregados por grupos poblacionales y por derechos.

¿Cuál va a ser el enfoque del reporte?

En este informe vamos a hacer énfasis en la relación del agua con los derechos económicos, sociales y culturales.

Haremos, de aquí a diciembre, un proyecto piloto en tres regiones del país para establecer la situación del agua con el fin de determinar las amenazas externas, los potenciales riesgos y los impactos en la economía campesina familiar, en el consumo de pequeños cascos municipales y en las implicaciones que tienen en la salud, educación, en la vivienda… es un reto muy importante.

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