Por: Edgar García

 

Ginebra, 7 de mayo.- Panamá enfrentó ayer su segundo Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo de evaluación de la situación de los derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU. En la vigésima segunda sesión del grupo de trabajo del EPU, conformado por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, el país centroamericano fue criticado por la falta de legislación que prohíba la discriminación de la que son víctimas los pueblos indígenas y afropanameños, así como las personas de la comunidad LGBTI.

Luis Ernesto Carles, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral y jefe de la delegación panameña, reconoció que en su país no existe una legislación “que prohíba la discriminación por cualquier motivo incluyendo la discriminación racial y étnica”, y que lo mismo ocurre con la orientación sexual.

Por otra parte, indicó que “persisten actitudes culturales y sociales que tienden a discriminar a ciertos grupos” e hizo énfasis en que el gobierno panameño considera estas prácticas discriminatorias como “incompatibles con la democracia y los derechos humanos” y que además deben ser “ejemplarmente sancionadas por los ordenamientos jurídicos internos”.

En este sentido, el jefe de la delegación destacó algunos avances en la lucha contra la discriminación racial, tales como la inclusión de la población afrodescendiente e indígena en el censo de 2010, ya que estaban ausentes en los datos estadísticos anteriores.

De igual forma, señaló que el gobierno se encuentra trabajando en un “plan de desarrollo integral con los pueblos indígenas” con el fin de mejorar sus condiciones de vida, toda vez que esas poblaciones “siguen teniendo los índices más altos de pobreza y pobreza extrema”.

Adicionalmente, el país centroamericano aceptó la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial para recibir quejas individuales, tal como le había sido recomendado durante el primer ciclo del EPU.

En materia de discriminación en perjuicio de la población lesbiana, gay, transexual, bisexual e intersexual, el delegado panameño destacó la incorporación de “un representante de esta población a la Comisión Nacional contra la Discriminación”, institución que “representa un espacio para presentar denuncias por las acciones de los funcionarios que cometan actos discriminatorios por su orientación sexual e identidad de género”, indicó Carles. Asimismo, destacó la puesta en marcha de una campaña de sensibilización contra la homofobia para “llevar un mensaje de tolerancia, respeto e igualdad de oportunidades”.

Si bien algunos Estados encomiaron los esfuerzos de Panamá para hacer frente a la situación de discriminación, otros manifestaron que los avances son todavía insuficientes. Irlanda, por ejemplo, reiteró la necesidad y la urgencia de implementar un marco legislativo que prohíba la discriminación “sobre la base de raza, identidad étnica, orientación sexual e identidad sexual”.

Además, otros veinte países como Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y Francia pidieron a Panamá “desarrollar esfuerzos para proteger los derechos de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes”, incluyendo la adopción de políticas públicas con el fin de garantizar derechos tales como el acceso a la educación, a la salud, a la justicia y a la participación política.

Por su parte Uruguay, Italia, Holanda, Argentina, Chile y Colombia recomendaron incluir “la orientación sexual y la identidad y expresión de género entre las causas de discriminación” y tomar medidas para promover los derechos de las personas LGBTI.