Por: Ines Carel

 

Ginebra, el 25 de junio 2015 – Durante la adopción del informe final sobre el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo de evaluación sobre la situación de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU, España rechazó 20 recomendaciones de un total de 189 que le habían sido formuladas, de las cuales doce tenían relación con los derechos de los migrantes.

En el marco del Consejo de los Derechos Humanos, durante el cual tiene lugar la adopción de los informes finales sobre el EPU, una de las recomendaciones rechazadas fue la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

España justificó el rechazo de su adhesión a la Convención argumentando que “seguía la posición de la Unión Europea”, cuyos 28 países miembros no la han ratificado.

Asimismo, España renunció a “tomar nuevas medidas para garantizar los derechos de los migrantes tanto en situación regular como irregular” dado que “la Constitución y la legislación españolas garantizan los derechos de los migrantes”.

Frente a la negativa del Estado español de aceptar las recomendaciones sobre los derechos de los migrantes, diversas organizaciones no gubernamentales manifestaron su inquietud ante el Consejo de Derechos Humanos, durante el lapso que el organismo multilateral les otorga luego de la adopción final del informe del EPU.

El Centro por los Derechos Económicos y Sociales denunció la reforma sanitaria de 2012 que excluye a los migrantes irregulares del sistema nacional de salud, pese a que la delegación española aceptó “garantizar el acceso a la atención sanitaria y una cobertura eficaz para todas las personas, sin discriminación”.

El Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) llamó la atención sobre los “Centros de Internamiento de Extranjeros”, establecimientos públicos no penitenciarios donde son internados los migrantes irregulares en espera de la definición de su estatus. Según el Instituto, estos Centros “constituyen una de las principales preocupaciones respecto a los derechos fundamentales de los extranjeros”.

Sobre Ceuta y Melilla, los enclaves españoles en Marruecos, la embajadora Ana María Menéndez explicó que la recomendación hecha por Austria de modificar la legislación para “garantizar el derecho de las personas a solicitar asilo” ya había sido revisada por el parlamento cuando debatió la “enmienda a la ley de seguridad ciudadana”, por lo cual la recomendación fue “parcialmente aceptada”.

Al respecto, el IDHC también denunció que “Ceuta y Melilla se están convirtiendo en ciudades-cárcel o centros de detención donde la gente carece de libertad de movimiento” y que allí tienen lugar “expulsiones colectivas y sumarias, que son contrarias a la ley, violan el derecho de asilo, la protección internacional y el principio de no devolución”.

Por otro lado, España rechazó tres recomendaciones que la instaban a adoptar medidas legislativas y administrativas para fortalecer la protección de menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, el Estado aceptó armonizar su Protocolo marco de protección de los niños migrantes, acordado conjuntamente por diferentes Ministerios españoles en julio de 2014, y en concordancia con los instrumentos internacionales como lo recomendó Filipinas.

Finalmente, España expresó que, gracias a la aprobación de dicho Protocolo, considera “realizada” la recomendación formulada por Honduras en el sentido de proteger a los menores no acompañados de la repatriación y de la trata a través de la adopción de medidas legislativas. Por esa razón decidió “aceptarla parcialmente”.

España tendrá cuatro años y medio para implementar las recomendaciones que aceptó durante su EPU. Al cabo de este tiempo, deberá participar en un nuevo ciclo del Examen en el que explicará a los Estados miembros las medidas que adoptó para cumplir con las obligaciones adquiridas.