Ginebra, 10 de septiembre.- España manifestó su disconformidad con ciertas conclusiones de la visita a su país del Relator de la ONU sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, el colombiano Pablo de Greiff, en un debate esta tarde en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
“Pude constatar que los demás esfuerzos y medidas adoptadas para atender los legados de la Guerra Civil y de la dictadura han sido caracterizados por la fragmentación y no han respondido a una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, había resumido De Greiff sobre su visita a España, del 21 de enero al 3 de febrero pasados.
“La transición española es … un caso de reconciliación nacional sin justicia penal, de acuerdo a la decisión consensuada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias elegidas libre y democráticamente. El equilibrio entre paz y democracia, justicia y reconciliación, se encontró en España a costa de renunciar a la justicia penal”, explicó la delegación española.
“En el área de la justicia, la Ley de Amnistía, así como interpretaciones restrictivas de la ley y del principio de legalidad, además de seguir negando el acceso a la justicia, también impiden cualquier tipo de investigación y obstaculizan el derecho a la verdad”, resumió críticamente de Greiff.
“No estamos ante una ley de punto final otorgada por la dictadura para perdonarse a sí misma, sino una ley adoptada por los partidos parlamentarios democráticamente elegidos y plenamente conscientes de la importancia del paso que estaban dando”, justificó la diplomacia española en replica al discurso de Pablo de Greiff.
El relator respondió que España adoptó esa ley en 1977, con posterioridad a haber ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que a su entender prohibe las amnistías.
“No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial sobre las violaciones o el número de víctimas, ni mecanismos oficiales de esclarecimiento de la verdad. Predomina además un modelo de “privatización” de las exhumaciones, que delega la responsabilidad a las víctimas y asociaciones para buscar e identificar los restos de sus familiares”, alegó el Relator al presentar su informe al Consejo.
“Esto alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad. Muchos familiares, hoy ya personas muy mayores, reclaman poder dar sepultura a sus seres queridos antes de morir”, subrayó de Greiff en su intervención.
La diplomacia española criticó a de Greiff, quien estaría supuestamente influenciado por “la apreciación de las asociaciones de víctimas con las que el Relator ha tenido contacto”, olvidando a otras “que consideran que el mayor triunfo de sus pretensiones frente a las violaciones de derechos humanos parecidas lo constituye la consolidación de la democracia y las garantías de no repetición.”
