Por: Gabriela Sotomayor

 

Ginebra 18 Septiembre.- El presidente del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) Luciano Hazan, instó al gobierno de México a responder a las recomendaciones del organismo de cara a la sesión que tendrá lugar a principios del año próximo. “El Comité está esperando que México responda en febrero a sus tres recomendaciones prioritarias”, subrayó Hazan en declaraciones
hechas a Panorama.

“Se le pidió a México que responda en febrero de 2016 y eso estamos esperando y el CED continuará trabajando con el gobierno mexicano en la implementación de esas tres recomendaciones”, agregó. “Es decir, subrayó Hazan, el diálogo con México continúa y en ese sentido el Comité está activo con el gobierno en el marco del seguimiento de sus observaciones y las expectativas están ahí”.

Las recomendaciones a las que el experto hizo referencia son las siguientes: En primer lugar el CED exhortó a México a adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante”.

Asimismo, debería adoptar las medidas necesarias para garantizar que las autoridades encargadas de ingresar los datos pertinentes lo hagan de manera uniforme, exhaustiva e inmediata luego de que se tenga conocimiento de una desaparición. 

En segundo lugar el CED pidió a México redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de migrantes que cruzan su territorio hacia Estados Unidos, además de perseguir penalmente a los responsables y proteger adecuadamente a los denunciantes, peritos, testigos y defensores. Y la tercera recomendación  se centra en “las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos y, en particular, que la búsqueda de las personas desaparecidas no siempre se inicia de forma inmediata”.

El CED urgió a México a redoblar sus esfuerzos con miras a la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, respeto y restitución de sus restos. En particular, el estado parte debe garantizar en la práctica que cuando se tenga noticia de una desaparición se inicie la búsqueda de oficio y sin dilaciones con el fin de acrecentar las posibilidades de encontrar a la persona con vida.

Además el CED le insta al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a que la búsqueda sea llevada adelante por las autoridades competentes con la participación de los allegados de la persona desaparecida. En este sentido, el presidente del Grupo de Trabajo de la ONU para Desapariciones Forzadas, Ariel Dulitzky, consideró que desafortunadamente ninguna de estas recomendaciones ha sido implementada hasta el momento y la situación se deteriora.

En rueda de prensa en Ginebra el experto criticó que el gobierno mexicano “tenga más informes sobre el número de teléfonos celulares que hay en el país que sobre el número de desaparecidos, cuyo número exacto se desconoce”. Dulitzky enfatizó que nadie sabe a ciencia cierta cuántos desaparecidos hay en México, dado que las cifras varían en miles de personas, pero esbozó que al parecer “son más de veinte mil”.

Y además, agregó, se presume que “la mayoría” constituyen desapariciones forzadas, es decir, en las que está involucrado el estado en algún grado. “El ejemplo más claro es el de los estudiantes desaparecidos en Iguala… El mundo entero sabía de ellos y el Gobierno tardó meses en incluirlos en su base de datos”, lamentó.

Por otra parte, para Dulitzky, a casi un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa  y a pesar de que en las últimas semanas “se ha percibido un cambio de actitud por parte del Gobierno mexicano tras la presentación del informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso no es suficiente”. “No queremos sólo retórica, sino pasos concretos”, enfatizó.

Para empezar, el país debe reconocer la dimensión de este flagelo, “ya que hasta ahora ha fracasado en asumir la gravedad de la dimensión del problema”.
 
Cabe recordar que en lo que va del año, el sistema de derechos humanos de la ONU ha golpeado duramente al país al exhibir en sus informes una incapacidad total de sus gobernantes para asumir sus responsabilidades y lidiar de forma adecuada con los reclamos de la ciudadanía que demanda protección y el pleno goce de sus derechos fundamentales.

En febrero, el Comité de Desapariciones Forzadas dijo que en gran parte del país existe “un contexto de desapariciones generalizadas, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”. Tiempo después, en marzo, el relator de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, afirmó que “la tortura es una práctica generalizada en el país” basado en cientos de entrevistas que realizó personalmente durante su visita a México.

Y finalmente el presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas indicó que una de las conclusiones del informe presentado esta semana al Consejo de Derechos Humanos señala que “existe un patrón de impunidad generalizada que promueve la desaparición forzada y es muy preocupante porque existe una democracia establecida”

Finalmente, Dulitzky al ser cuestionado sobre “¿qué país es capaz de permitir, soportar y no actuar en forma eficaz contra desapariciones forzadas, tortura e impunidad generalizadas?” El experto de la ONU simplemente respondió : “Ese país se llama México”.