Las violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad deben ser investigadas por la justicia civil. Así lo reclamó el Relator Especial sobre la libertad de reunión pacífica en el reporte de su visita a Chile.

 

Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 18 de junio.- El Relator Especial de la ONU sobre la libertad de reunión pacífica y asociación, Maina Kiai, pidió al Gobierno chileno que reforme su legislación para que los militares y policías que cometan violaciones de los derechos humanos en contra de la población sean juzgados en instancias civiles y no, como ocurre actualmente, por la justicia penal militar.

Luego de su visita al Estado, en septiembre de 2015, Kiai concluyó que el hecho de que estos delitos aún sean competencia de la jurisdicción militar “es uno de los aspectos más visibles del legado de la dictadura en Chile”. Así lo plasmó en el informe que presentó ayer ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido en Ginebra por su trigésima segunda sesión.

En el documento, el experto recordó que la justicia penal militar solamente debe ocuparse de infracciones cometidas en cumplimiento de acciones militares y que esta jurisdicción no puede garantizar que los juicios por violaciones de derechos humanos se lleven a cabo con transparencia e imparcialidad.

Así mismo, el Relator Especial destacó el lugar preponderante que la comunidad internacional otorga a este asunto y se refirió a varios pronunciamientos de organismos internacionales, como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2005 ordenó a Chile limitar el alcance de la jurisdicción penal militar a temas de la misma naturaleza.

“Es decepcionante que casi siete meses después de mi visita a Chile no se haya entregado ningún proyecto de reforma al Congreso Nacional”: Maina Kiai

Según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, citadas en el informe, entre 1990 y 2011 fueron denunciados 40 000 casos de abuso policial, pero solo el 1.5 % de los acusados, casi todos procesados por tribunales militares, fueron sancionados.

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Kiai especificó en su informe que, mientras estuvo en Chile, discutió la necesidad de la reforma de la jurisdicción militar con los ministros de Defensa, Justicia y del Interior, quienes le aseguraron que se trataba de un asunto prioritario para el Gobierno y que sus despachos trabajaban en un proyecto de reforma para iniciar su trámite parlamentario.

Sin embargo, dice el experto en su informe, “es decepcionante que, en el momento de redactar este documento, casi siete meses después de la visita oficial, no se haya entregado ningún proyecto al Congreso Nacional”.

Por eso instó al Gobierno a priorizar una reforma ajustada a los estándares internacionales en materia de derechos humanos “que podría constituir el hito que dé la estocada final a la dictadura”.

Los temas que preocupan al Relator Especial

La recomendación del experto es todavía más relevante si se tienen en cuenta las denuncias por uso excesivo de la fuerza que recibió durante su visita al país.

Maina Kiai es el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de reunión pacífica y asociación.

Maina Kiai es el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de reunión pacífica y asociación.

Kiai cita, por ejemplo, la utilización de balas de caucho, gas lacrimógeno y chorros de agua por parte de las fuerzas especiales de la Policía para controlar a los manifestantes, a menudo sin observancia del principio de proporcionalidad y en ocasiones con consecuencias fatales, con el pretexto de contener brotes de violencia surgidos durante las protestas.

Al respecto, el Relator Especial precisó que la presencia de actores violentos en las reuniones pacíficas “no le da carta blanca al Estado para usar la fuerza indiscriminadamente” ni priva a estas personas del derecho a la vida y a la integridad física.

El acoso sexual por parte de miembros de las fuerzas de seguridad contra mujeres detenidas mientras protestaban es otro de los temas abordados por el Relator. “Insto a las autoridades a esclarecer los hechos, investigar a los responsables y sancionarlos de manera adecuada”, señaló.

El experto también llamó a las autoridades a garantizar que los mapuches puedan ejercer su derecho a la reunión pacífica y manifestó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza del que son víctimas los indígenas, por la impunidad en los casos en que miembros de la policía los han asesinado y por las detenciones arbitrarias que se cometen contra ellos.

Finalmente, el Relator Especial dijo confiar en que la investigación del homicidio de Nelson Quichillao, trabajador de la estatal CODELCO asesinado por las fuerzas especiales de la Policía en 2015 durante una protesta, será conducida de manera imparcial, transparente y exhaustiva.

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