La ONU alerta sobre detenciones arbitrarias en el contexto de protestas sociales en Argentina
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en el que señaló esta práctica en Argentina contra manifestantes, sobre todo de grupos indígenas.
Un grupo de cinco expertos de la ONU expresó su preocupación por la persistencia de detenciones arbitrarias en Argentina en el contexto de protestas públicas y sociales, particularmente en el caso de los pueblos indígenas. Seong-Phil Hong, presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, presentó ayer el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que celebra este mes su 39. ª sesión en Ginebra.
Tras su visita al país del 8 al 18 de mayo de 2017, los expertos constataron que indígenas, sindicalistas y miembros de movimientos políticos y sociales eran privados de libertad al participar en manifestaciones, a menudo por el delito de «corte de ruta» o «desobediencia y resistencia a la autoridad», cuya definición «ambigua» puede conducir a detenciones arbitrarias, según se advierte en el informe.
Los expertos también cuestionaron el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, aprobado por el Ministerio de Seguridad en 2016. Si bien reconocieron que este no se había aplicado aún, advirtieron que «podría crear un riesgo mayor de detención arbitraria al ampliar las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad», por lo cual pidieron al Gobierno derogarlo.
En esta línea, recordaron al Estado que tiene el deber de garantizar el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión de sus ciudadanos.
«Violenta represión de las comunidades indígenas»
Los expertos se mostraron particularmente preocupados ante el hecho de que miembros de comunidades indígenas fueran reprimidos violentamente por medio de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y humillaciones por parte de agentes del orden y empresas de seguridad privada. Además, señalaron con alarma la detención colectiva de estas personas por participar en protestas sociales.
En este contexto, el grupo instó al Estado a «poner fin inmediatamente a la utilización de la legislación contra el terrorismo para penalizar a los pueblos indígenas y los dirigentes de las comunidades rurales por las actividades relacionadas con la defensa de su territorio y su cultura».
De igual forma, pidieron información actualizada sobre el caso emblemático de Milagro Sala, dirigente política y social de la Organización Barrial Tupac Amaru detenida en enero de 2016 tras participar en un acampe en la plaza Belgrano, en la provincia de Jujuy. Los expertos, quienes examinaron el caso, concluyeron en octubre de ese año que la detención de la líder indígena había sido arbitraria, por lo que ordenaron su liberación. Sala permanece en prisión preventiva hasta la fecha.
Por su parte, la delegación argentina, que respondió a la intervención del presidente del grupo, aseguró que tomarían en cuenta las recomendaciones hechas por los expertos. Sin embargo, no abordó el tema de las detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones.
