Expertos de la ONU recomendaron a Panamá despenalizar el aborto en toda circunstancia

El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño recomendó a Panamá despenalizar el aborto en todos los casos. Durante la evaluación del Estado, llevada a cabo los pasados 17 y 18 de enero en el Palacio Wilson en Ginebra, los expertos notaron cómo las altas tasas de embarazos precoces han causado la vulneración de los derechos de niñas y adolescentes, pues, según el Comité, en Panamá «las niñas menores de 19 años de edad constituyeron el 18.7 % de los embarazos reportados en 2016».

Actualmente, la ley panameña solo permite el aborto en casos de violación, malformación fetal y riesgo a la vida de la mujer, por lo que muchas de las jóvenes que quedan embarazadas no tienen más opción que arriesgar su salud al acudir a abortos clandestinos, o asumir un rol de madres a temprana edad. Como lo señalaron los expertos, esto afecta sus posibilidades de seguir estudiando y desarrollar sus proyectos de vida.

Además de las consecuencias sociales para las jóvenes embarazadas, los expertos recalcaron las deficiencias en el acceso a servicios de salud. Por lo tanto, exhortaron al Estado a garantizarles el acceso a anticonceptivos, a un aborto seguro y a servicios de salud posabortivos.

Como parte de una política de prevención de embarazos precoces, el Comité también formuló como recomendación retomar el diálogo en torno al proyecto de ley No. 61 sobre educación sexual y reproductiva –estancado en discusiones en la Asamblea desde el 2014—, que tiene por objetivo integrar esta cátedra en el currículum escolar.

En el mismo sentido, y teniendo en cuenta la importancia de sensibilizar a las familias y a la sociedad, los expertos pidieron al Estado adoptar una estrategia de comunicación sobre salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de género.

Como signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, por cuya aplicación vela este grupo de 18 expertos internacionales, Panamá tiene el deber de aceptar las recomendaciones formuladas e implementarlas para así garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país se están respetando.

Antes del 10 de enero de 2023 el Estado deberá presentar su próximo informe, en el que comunicará al Comité sus progresos y eventuales obstáculos en la aplicación de las recomendaciones.