Expertos de la ONU urgen a Chile a mejorar las condiciones de reclusión y poner fin a la brutalidad policial

Sobrepoblación carcelaria, falta de acceso de los reclusos a asistencia legal y sanitaria, condiciones precarias de detención, casos de tortura y malos tratos, uso excesivo de la fuerza y brutalidad policial. Estas son algunas de las preocupaciones que el Comité de la ONU contra la Tortura consignó en su reporte sobre Chile, luego de examinar su situación en materia de derechos humanos los pasados 30 y 31 de julio en Ginebra.

En el documento de 13 páginas divulgado el pasado viernes, los expertos del Comité formularon 25 recomendaciones al Estado con el fin de garantizar la protección y el ejercicio de los derechos consagrados en la Convención contra la Tortura, instrumento ratificado por Chile en 1988 y por cuya aplicación vela este órgano de la ONU.

Por ejemplo, el Comité recomendó a las autoridades chilenas asegurar que las personas privadas de la libertad tengan acceso a todas las salvaguardias legales, en particular a la asistencia de un abogado y de un médico independiente, a conocer los cargos que les son imputados y a ser llevadas sin demora ante un juez.

Con respecto a las condiciones de detención, los expertos instaron a Chile a combatir el hacinamiento, a velar por que los registros corporales se lleven a cabo respetando la dignidad de los detenidos, a asegurar el suministro suficiente de agua, camas, calefacción e iluminación en las celdas, en observancia de las Reglas Nelson Mandela que consignan los estándares mínimos para el tratamiento de los reclusos, y a atender las necesidades particulares de las mujeres privadas de la libertad, de acuerdo con las Reglas de Bangkok.

En el mismo sentido, el Comité recordó al Estado que el régimen de aislamiento solo puede ser utilizado en casos excepcionales y por tiempo restringido, y que las sanciones administrativas no pueden incluir la prohibición del contacto con la familia.

Uso excesivo de la fuerza, reparación de las víctimas e imprescriptibilidad del delito de tortura

Por otra parte, los expertos pidieron a Chile llevar a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas de “los numerosos episodios de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza”, incluyendo la violencia sexual policial, ocurridos entre 2009 y 2016 en varias manifestaciones sociales, y de las denuncias acerca de “abusos policiales a miembros del pueblo mapuche en el marco de allanamientos o redadas en sus comunidades”.   

De igual forma, el Comité urgió al Estado a garantizar que un órgano independiente investigue todas las denuncias de tortura o malos tratos y que los presuntos autores sean suspendidos inmediatamente de sus funciones y llevados ante la Justicia. Así mismo, solicitó a las autoridades “velar por que todas las víctimas de tortura, incluidas las que residen fuera de Chile, obtengan una reparación que incluya el derecho a una indemnización justa y adecuada exigible ante los tribunales, así como los medios para una rehabilitación lo más completa posible”.

Aunque saludó la nueva tipificación del delito de tortura, el Comité urgió a Chile a modificar el artículo 150 A del Código Penal “para que incluya expresamente los actos de tortura cometidos con el fin de intimidar o coaccionar a un tercero” y lo urgió a establecer un mecanismo nacional de prevención en cumplimiento de sus obligaciones en tanto que signatario del Protocolo Facultativo de la Convención. De igual manera, le pidió asegurarse de que el delito de tortura sea imprescriptible y que las penas con las que se castiga sean proporcionales a la gravedad de los hechos.

Finalmente, el Comité reiteró al Estado su recomendación de excluir de la legislación cualquier posibilidad de conceder una amnistía a quienes hayan sido declarados culpables por el delito de tortura e instó a las autoridades a continuar los juicios por las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, incluidas las perpetradas en el marco de la Operación Cóndor.