Expertos de Naciones Unidas condenaron el asesinato de Marielle Franco
Tras el asesinato de la política y defensora derechos humanos Marielle Franco, expertos de la ONU se unieron a la sociedad civil en condenar el acto y en exhortar al Estado brasileño a poner en marcha una investigación independiente.
Fotografía: Nathaly Leduc
El 26 de marzo, diez expertos de la ONU se sumaron a quienes han condenado enérgicamente el homicidio de la defensora afrobrasileña Marielle Franco y de su conductor, Anderson Pedro Gomes, ocurrido el pasado 14 de marzo en Río de Janeiro. «Su asesinato es alarmante ya que claramente busca intimidar a todos los que luchan por los derechos humanos y el Estado de derecho en Brasil», declararon, según un comunicado conjunto firmado por diez expertos de la ONU.
El asesinato de la concejala de Río, que ocurrió mientras el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sesionaba en Ginebra, ilustró el peligro y la violencia a la que se enfrentan las personas que alzan la voz contra las injusticias en Brasil y en muchas otras partes del mundo.
El 17 de marzo, más de cien organizaciones de la sociedad civil hicieron ante el Consejo una declaración conjunta, encabezada por la Red Internacional de Derechos Humanos, en la que denunciaron la insuficiencia de recursos financieros y humanos en el programa de protección de defensores con el que cuenta Brasil. También urgieron al Estado a «garantizar una investigación inmediata, imparcial e independiente para llevar a los responsables ante la justicia, mediante una seria exploración de la hipótesis de una ejecución extrajudicial». Esta demanda también fue reivindicada por los expertos en su comunicado, así como por más de cien personas que se reunieron el viernes 23 de marzo en la Plaza de las Naciones, ubicada en Ginebra frente a la sede europea de la ONU, para reclamar justicia por el asesinato de Marielle Franco.
Prominente activista lesbiana y afrodescendiente, Franco era una líder social en la promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTI, afrobrasileñas, mujeres y comunidades pobres, y denunciaba incansablemente la violencia policial y discriminación racial en las favelas. Según se reportó en el comunicado de la ONU, criticaba abiertamente el decreto del 16 de febrero que permite la intervención del ejército en asuntos de seguridad pública con el fin de «restaurar el orden», según el presidente Michel Temer, en una comunidad asediada por la inseguridad y la violencia.
Franco había sido nombrada en febrero relatora para la comisión de la Cámara Municipal de Río de Janeiro para dar seguimiento a los posibles abusos de poder y fuerza que fueran cometidos durante las operaciones militarizadas. Cuatro días antes de ser asesinada, la activista denunció actos violentos y de intimidación en contra de los habitantes de la favela de Acari por parte del Batallón 41 de la Policía Militar.
Organizaciones de derechos humanos, como la Organización Mundial contra la Tortura, consideran que su oposición a la violencia policial fue lo que motivó el ataque.
En su declaración ante el Consejo, las ONG expusieron una situación sumamente preocupante en la que «muchos de los que confrontan al poder en Brasil están viviendo una violencia y una estigmatización sin precedentes en lo que el país se sitúa entre los primeros en muertes de defensores». «La fuerza, compromiso y sororidad de Marielle sirve como fuente de inspiración para el trabajo de promoción y protección de los derechos de los grupos más marginalizados», concluyeron las organizaciones.
