Por: Diego de León Sagot, Corresponsal

 

Ginebra, 5 Mayo (Cerigua).- El procurador Yves Bertossa se dirigió durante más de tres horas a los jueces de la Cámara de Apelación y de Revisión para insistir en la responsabilidad del exjefe de la Policía Nacional Civil en la ejecución de 10 prisioneros durante su mandato al frente de la institución policial; por siete de ellas, ocurridas en 2006, Erwin Sperisen fue condenado a cadena perpetua en primera instancia, decisión que su defensa busca revertir en esta nueva fase del proceso.

Por las otras tres ejecuciones, perpetradas en 2005 luego de un operativo diseñado para recapturar prófugos, el antiguo jefe de la policía fue absuelto de todo cargo, no obstante la Fiscalía insistió hoy en atribuirle a Sperisen la responsabilidad; “las personas que trabajaban con él, cumplían sus órdenes… él estaba al frente de la organización del Plan Gavilán (para la retoma de los reos fugados de la prisión El Infiernito)”, apeló Bertossa ante los jueces.

El procurador ginebrino solicitó que se mantenga la pena de cadena perpetua contra el exjefe policial por tratarse de “ejecuciones extrajudiciales… crímenes de Estado cometidos por las más altas autoridades de la institución encargada de la seguridad en Guatemala”; remarcó ante el Tribunal que “lo excepcional de este expediente es el material que existe a disposición… una vasta cantidad producida por investigadores internacionales” que han intervenido a lo largo del proceso.

Su alegato final se concentró en hacer un recuento de los testimonios y las pruebas forenses y balísticas para demostrar que, sobre el caso Pavón, no hubo enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los privados de libertad; “¿cuántos heridos de la PNC hubo en el supuesto enfrentamiento? Cero”, exclamó Bertossa.

“¿Cómo puede ser que personas que recibieron cinco o siete balas tenían granadas sostenidas con las manos cerradas?” o bien, “¿por qué fueron los miembros del Comité de Orden y Disciplina (grupo al que se le atribuye el control de la prisión) los que fueron asesinados?”, fueron algunos de los cuestionamientos que esbozó el procurador para desmentir la versión del supuesto enfrentamiento armado entre los reclusos y las fuerzas del orden.

Bertossa se refirió además a que el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales y los escuadrones de la muerte en Guatemala ha sido “ampliamente” documentado por Naciones Unidas; de manera particular por el Relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, quien en 2006 visitó Guatemala y en su informe presentado en 2007 destacó la existencia de estructuras dentro de las fuerzas de seguridad dedicadas a la eliminación de “indeseables”.

Asimismo, hizo alusión a que la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2006 por medio de un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y Naciones Unidas, respondía a la necesidad de investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, tal como lo establece su mandato.

Al concluir su intervención, el Procurador solicitó que “se sostenga la pena de cadena perpetua, porque los crímenes de estado son deplorables, son una incitación a la sociedad, a los criminales, a actuar de la misma manera”.

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