Texto: Carmen Lucía Castaño
Fotografías: Klaus Sokoll
A las 3:00 pm de este lunes 29 de junio, inició en Ginebra el examen de la República Bolivariana de Venezuela ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (CCPR).
Instalación
El experto argentino Fabián Omar Salvioli, quien preside el Comité, dio la bienvenida a la delegación venezolana y destacó la presencia equitativa de hombres y mujeres.
Presentación del informe
La jefa de la delegación venezolana, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, presentó el cuarto informe que la nación suramericana dirige al Comité encargado de velar por la correcta aplicación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela en 1978.
Ortega concluyó su intervención diciendo que espera que la presentación del informe “permita la autoevaluación y el estrechamiento de nuestros lazos con el sistema internacional de derechos humanos”.
Preguntas de los expertos
La ronda de preguntas empezó con la intervención del experto costarricense Víctor Manuel Rodríguez, quien destacó la calidad de la información proporcionada por Venezuela. De igual manera, lamentó la salida del país del sistema interamericano de derechos humanos y recordó a la delegación que mientras más fortalecido se encuentre el sistema internacional, mayores garantías se dan para la protección de los derechos.
Por otra parte, señaló que es necesario fortalecer la independencia de la Defensoría del Pueblo y garantizar que la elección del defensor se haga conforme a lo dispuesto en la Constitución.
Finalmente, pidió información sobre las cárceles en Venezuela, calificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como unas de las más violentas de la región debido, entre otros factores, a la sobrepoblación que alcanza, en algunos casos, el 200% de su capacidad.
Por su parte, el experto británico Nigel Rodley destacó las reformas legislativas que buscan combatir la discriminación, así como la tipificación del feminicidio. Adicionalmente, pidió información sobre las medidas tomadas para garantizar la eliminación de la brecha salarial.
Por su parte, el experto Konstantine Vardzelashvili pidió indicaciones sobre el acceso de las mujeres a la justicia, en especial en lo que tiene que ver con la violencia de género. Así mismo, indagó por la opinión de la delegación sobre la solicitud hecha por grupos de la sociedad civil en el sentido de tipificar el embarazo forzado.
El experto Olivier de Frouville preguntó por los hechos ocurridos durante el primer semestre de 2014. Específicamente indagó por las personas detenidas a quienes, según informes que recibió el Comité, no les fueron comunicados los cargos que les eran imputados.
De otra parte, el tunecino Yadh Ben Achour (en la imagen) intervino para decir que un gobierno como el venezolano, con proyectos sociales de gran envergadura, solía despertar fuertes reacciones de parte de los “sectores reaccionarios” de la sociedad y que, por ende, debía asumir la hostilidad de sus opositores. En ese contexto, señaló, Venezuela debe esforzarse por mantener sus políticas sociales y, paralelamente, por respetar escrupulosamente los derechos humanos.
“Cuando yo oigo que hay jueces detenidos o torturados, me quedo boquiabierto. Así que tengo que preguntarles por esta situación, porque estas cosas emiten una pésima imagen ante la comunidad internacional y le quitan respeto a un proyecto político tan importante”. El experto añadió que los funcionarios judiciales deben ser respetados aunque tengan un pensamiento radicalmente opuesto al del gobierno.
La estadounidense Sarah Cleveland formuló preguntas sobre las estrategias puestas en marcha por el gobierno para prevenir la discriminación de género y por los mecanismos disponibles para elevar quejas.
Respuestas de la delegación
La jefa de la delegación señaló que durante la intervención de los expertos “43 minutos fueron de interpretaciones, elucubraciones y opiniones y tan solo 28 se ocuparon para formular preguntas”. Ortega señaló que “es incongruente que en este espacio para los derechos humanos se haya tratado de esta manera al Estado venezolano”.
“Para que le señor Ben Achour cierre la boca, quiero decirle que la señora Afiuni es una jueza y no un juez y que no ha sido violada ni torturada”. La fiscal anunció que facilitará al Comité un documento firmado por dicha funcionaria judicial en el que se indica que son falsas las acusaciones que se han hecho en ese sentido.
Con respecto a los brotes de violencia que empezaron en febrero de 2014, la fiscal mostró fotografías del Ministerio de Justicia en llamas y señaló que ninguno de los manifestantes que incendiaron el lugar fue detenido ni fue privado de su libertad. Así mismo, indicó que aún hay detenidos 14 miembros de la fuerza pública señalados de cometer violaciones de los derechos humanos durante las llamadas “guarimbas”.
A continuación, Larry Devoe, secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, informó que el defensor del pueblo fue elegido a través de un mecanismo alterno previsto en la Constitución. Este consiste en que, cuando el Comité designado para presentar candidatos al cargo ante la Asamblea Nacional no logra constituir una terna satisfactoria, el cuerpo colegiado puede escoger, por mayoría simple, al defensor del pueblo, al fiscal general y al contralor.
Por esa razón, indicó Devoe, “no existe razón para modificar la acreditación de una institución que tiene todas las garantías legales y constitucionales para su independencia”.
Preguntas de seguimiento
Como está previsto para el funcionamiento de los Comités, los expertos hacen contrapreguntas tras la primera ronda de respuestas de la delegación. En este caso, Víctor Manuel Rodríguez preguntó por el Plan nacional de Derechos Humanos y por una prisión llamada “La Tumba”, de la que señaló tener información, y pidió saber la situación en la que se encuentran quienes allí se encuentran privados de la libertad. A continuación intervino Olivier de Frouville quien preguntó por los casos de desaparición forzada.
El tunecino Ben Ashour lamentó que la jefa de delegación se hubiera quedado solamente con una parte de su intervención, al señalar que él había dicho algo positivo sobre el sistema político y que no era necesario responder de manera desproporcionada ante una crítica. “Este Comité, dijo el experto, recibe información: nosotros no tomamos partido ni nos fundamos en prejuicios. Compartimos esa información con ustedes y esperamos sus respuestas”.
Finalmente intervino el experto Konstantine Vardzelashvili (en la imagen) quien señaló que la preocupación del Comité por el caso de la jueza Afiuni proviene de la información que ha recibido de múltiples fuentes, incluido el abogado de la funcionaria. Aunque el experto felicitó la sanción contra agentes policiales acusados de cometer violaciones de los derechos humanos, pidió información sobre casos que permanecen impunes.
Fin de la primera jornada
A las 6:10 pm, el presidente del Comité dio por concluida la primera sesión del examen de Venezuela.
La segunda jornada tendrá lugar mañana martes 30 de junio a partir de las 10:00 am hora local de Ginebra.
Segunda jornada
A las 10:00 am del martes 30 de junio inició la segunda sesión del examen de Venezuela ante el CCPR. Su presidente, el argentino Fabián Salvioli, dio la bienvenida a los expertos y a la delegación.
Ronda de preguntas
El experto israelí Yuval Shany pidió a la delegación explicar cuáles son las atribuciones que permiten al ejecutivo suspender las licencias a medios de comunicación por razones de interés nacional y citó como ejemplos los casos de las multas recibidas por Globovisión en 2011 y el cese de la emisión del canal colombiano NTN24 en 2014.
Adicionalmente, el experto manifestó estar preocupado por el monitoreo que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL hace a medios venezolanos para garantizar que transmitan lo que el gobierno considera información “precisa y oportuna”. Además de solicitar indicar quién y cómo define estas cualidades en la información, Shany pidió aclarar los procedimientos de elección de los comisionados del organismo.
Por otro lado, invitó a los delegados venezolanos a comentar el aparte de su informe en el cual se afirma que ni la Fiscalía ni la Defensoría habían recibido denuncias de amenazas en contra de defensores de derechos humanos, mientras que diferentes organismos internacionales habían emitido medidas de protección en su favor.
En el mismo sentido, Shany (en la imagen) les pidió pronunciarse sobre la “retórica tan recia de algunos funcionarios” en contra de los defensores de derechos humanos.
Por su parte, Nigel Rodley aseguró que se quedó sorprendido ante la negativa rotunda de la Jefa de delegación ante las preocupaciones expresadas por el Comité en el caso de la jueza Afiuni. “No lo encuentro coherente con el papel de un fiscal” teniendo en cuenta las pautas del Octavo Convenio de La Habana (1990) sobre el trato que debe darse a quienes hayan violado la ley.
“La jueza Afiuni se siente impotente porque no puede comunicarse con medios ni a través de las redes sociales, pero quiso comunicarse con el Comité para que aquí se trataran algunas cuestiones”, dijo Rodley quien sostuvo que la jueza Afiuni se ratificó en todas las acusaciones, incluida la violación y la tortura, y que negó haber firmado un documento que afirmaría lo contrario.
El experto Rodley, en la imagen, expresó a la delegación que no esperaba una respuesta inmediata sino que le hicieran llegar información en cuanto se tomen las medidas “para hacer frente a un caso tan grave”.
Ronda de respuestas
El presidente de la CONATEL, William Castillo, respondió que las sanciones que se impusieron a Globovisión tuvieron lugar porque se comprobó que el canal editó imágenes. “En Venezuela no se censura. En Venezuela no se cierran medios. No hay evidencia de que hayan sido cerrados por medidas administrativas”, aseguró y sostuvo que, de ser así las pruebas estarían disponibles porque todas las decisiones de la Comisión son públicas.
Sobre el caso de Radio Caracas Televisión explicó que no se trató de un cierre, sino que el Estado evaluó la renovación de la concesión del espectro electromagnético, y decidió no hacerlo. Acerca de la cadena colombiana NTN24 aclaró que su señal fue cancelada en Venezuela porque el canal incitaba a la violencia e intervenía en asuntos internos del país en menoscabo de su soberanía.
Castillo continuó diciendo que “en Venezuela nunca antes hubo tanta libertad de expresión, al punto que en algunos medios se ha llamado al asesinato del Presidente de la República, como lo hizo Globovisión con el presidente Chávez”.
En la imagen, William Castillo, quien finalizó su intervención diciendo que en la CONATEL están “siempre dispuestos a reconocer si algún funcionario se excede con la aplicación de alguna norma, pero, como acabo de mostrarlo, el gobierno es garante absoluto de la libertad de expresión y así seguirá siéndolo”.
Ante la abundancia de preguntas y en vista del poco tiempo que quedaba para responderlas, el presidente del Comité, Fabián Salvioli, decidió, de común acuerdo con la delegación y de manera excepcional, emprender una tercera jornada de examen a partir de las 3:00 pm del mismo día.
Tercera jornada
La sesión de respuestas extendida del Estado venezolano comenzó a las 3:00 pm con la intervención de Isis Ochoa, alta comisionada presidencial para la paz y la vida, quien admitió el rezago en materia de promoción de la igualdad de la comunidad LGBTI y señaló que en el seno del gobierno existe la convicción de que el tema debe ser abordado. De la misma manera, indicó que un proyecto para legalizar el matrimonio de parejas del mismo sexo fue presentado en la Asamblea Nacional.
A continuación tomó la palabra Larry Devoe quien señaló que no es cierto que las cárceles venezolanas sean las más violentas del continente y que los episodios de violencia están concentrados en los centros que están en transición hacia el nuevo régimen penitenciario. En el mismo sentido, negó que exista un hacinamiento de hasta 200% toda vez que, en la actualidad, hay un total de 48 009 personas privadas de la libertad en las cárceles venezolanas, que cuentan con capacidad para albergar hasta 51 127 reclusos.
La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Marjorie Calderón (en la imagen) señaló que su despacho presentó un proyecto a la Asamblea Nacional sobre la función judicial que va a regular el ingreso y la titularidad de los jueces por concurso público. Antes de la constitución vigente, aseguró, solamente el 3% de los jueces tenían la titularidad “por concurso de credenciales y no de conocimiento”.
Posteriormente, la viceministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal Ventresca, indicó que los 15 años de Revolución convirtieron una deuda histórica de 500 años de colonización en reivindicaciones cumplidas. Mencionó, por ejemplo, el caso de la titulación colectiva de territorios y los procesos de consulta. Hizo referencia también el apoyo que los pueblos indígenas otorgan a las fuerzas armadas y a su política de combatir al contrabando.
Posteriormente tomó la palabra la fiscal Ortega, jefa de la delegación, quien se refirió al caso específico del defensor de derechos humanos Humberto Prado. Indicó que efectivamente había formulado una denuncia “que se desestimó porque se trataba de una acción privada”, pero que, aun así, se emitieron medidas de protección en su favor que todavía se mantienen.
Durante su intervención, Ortega instó a todos los defensores presentes en la sala a establecer un diálogo constructivo con el gobierno para mejorar las políticas de promoción de los derechos humanos.
Sobre el caso del político opositor Leopoldo López, la Fiscal indicó que su juicio es un proceso público y que a él, como a todas las personas privadas de la libertad, se le han respetado sus derechos. La funcionaria añadió que durante la reciente huelga de hambre que adelantó López le fueron prestados servicios sanitarios y tuvo acceso a su médico de confianza.
Finalmente, Ortega reiteró la disposición del Estado venezolano para trabajar con los Comités y las agencias de la ONU.
En su discurso de cierre, el presidente del Comité dijo a la audiencia que la labor de los expertos no es juzgar a los Estados. “No tenemos facultades para eso: las tenemos para examinar la manera en que cumplen con lo establecido en el Pacto al que adhirieron de manera soberana. Aquí se responde no como en un juicio, sino como en un diálogo interactivo”, precisó.
Adicionalmente, indicó que los Comités están “para marcar lo que falta, no lo que está bien hecho: es nuestra manera de ayudar”. Salvioli anticipó que en las observaciones finales que formularán los expertos a Venezuela “seguramente van a encontrar preocupaciones serias”, y puso como ejemplo el caso de la Jueza Afiuni que, aseguró, “merece atención particular del Estado”.
El experto argentino agradeció el tiempo adicional que concedió la delegación para continuar con el examen antes de añadir que “el diálogo no termina aquí”.
A las 4:40 pm, Salvioli deseó a la delegación un buen retorno a Caracas y dio por concluida la sesión.
Los expertos del Comité formularán sus observaciones finales y recomendaciones a cada uno de los Estados que serán examinados. El documento se hará público el próximo 24 de julio cuando concluirá la presente sesión del CCPR.
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