Gobierno venezolano rechazó liberar a los presos políticos y dialogar con la oposición

por | 16-03-2017

Venezuela aceptó 193 de las 274 recomendaciones que recibió en su Examen Periódico Universal. Descartó algunas relacionadas con la liberación de presos políticos, diálogo con la oposición e independencia judicial.

Delegación de Venezuela en la adopción del EPU. Foto: Lenín Pérez

El Gobierno de Venezuela rechazó ante Naciones Unidas 81 recomendaciones para mejorar los derechos humanos, entre las que destacan liberar a los presos políticos y entablar un diálogo con la oposición, reveló la Agencia France Presse (AFP).

Estas recomendaciones le habían sido formuladas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que consiste en una revisión “entre pares”, a la que están obligados todos los Estados una vez cada cuatro años.

Los países examinados en el EPU reciben recomendaciones de sus homólogos y deben pronunciarse acerca de si las aceptan o rechazan. La comparecencia de Venezuela fue en noviembre de 2016, pero tenía plazo hasta hoy para responder. Los rechazos incluyen 28 recomendaciones sobre las cuales Venezuela se limitó a un “toma nota”, fórmula que en la práctica de la ONU es también considerada un rechazo.

Las exhortaciones para liberar personas detenidas por motivos políticos fueron presentadas por Australia, Brasil, Irlanda, Canadá, España y Estados Unidos, mientras que Reino Unido emplazó a Venezuela a concretar “un diálogo constructivo con la Asamblea Nacional, con resultados convenidos en materia de desafíos económicos y de gobernanza para julio de 2017”. Francia abogó por “restaurar lo antes posible las prerrogativas del Parlamento electo”.

Estados Unidos solicitó “un diálogo entre todos los venezolanos, incluida la oposición, para resolver las divisiones políticas, la crisis económica y la situación humanitaria”, y “respetar el derecho constitucional de los ciudadanos a convocar un referendo revocatorio, permitiendo la reunión de firmas necesarias para ello”.

Venezuela aceptó 193 de las 284 recomendaciones que otros Estados le hicieron durante el EPU.

Venezuela tampoco atendió el llamado de 19 países para que invite a visitar el país a los expertos de la ONU que velan por los derechos humanos.

Ya han reclamado hacerlo los relatores sobre alimentación, vivienda adecuada, libertad de reunión pacífica y de asociación, tortura, ejecuciones extrajudiciales, independencia de jueces y abogados, libertad de expresión, defensores de derechos humanos, violencia contra la mujer, los grupos de trabajo sobre detenciones arbitrarias y sobre transnacionales y derechos humanos, y un representante del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos.

Venezuela asimismo desestimó los requerimientos de Brasil, Uruguay y Georgia para que reconsidere “su decisión de retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, y el de Perú, para que elimine “la instrucción premilitar en las escuelas”. Al igual que el de Liechtenstein por la creación de “un mecanismo independiente de supervisión” de los servicios de inteligencia, y el de España por hacer “un uso proporcional de la fuerza durante las protestas”.

Lo mismo ocurrió con los pronunciamientos de Alemania, Suiza, Australia, Brasil, Canadá, Argentina, Republica Checa y Costa Rica por el restablecimiento del estado de derecho, la independencia, autonomía e imparcialidad del sistema judicial, la separación de poderes y el respeto al debido proceso.

Venezuela tampoco aceptó la recomendación de Suecia en el sentido de “asegurar la cooperación con actores internacionales que ayuden a combatir la situación de inseguridad alimentaria y de salud pública”, una inquietud además recogida por Alemania, Canadá e Islandia. También dijo no a la petición de garantizar la libertad de expresión, en la que coincidieron Letonia, España y México.

Suecia agregó “adoptar medidas para reducir el número de homicidios, combatir el nivel de impunidad y poner fin a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad”; y Maldivas añadió “supervisar la actividad de las fuerzas del orden (…) para erradicar el uso excesivo de la fuerza y los patrones de ejecuciones extrajudiciales generalizadas a manos de agentes de policía y grupos parapoliciales”, pero ambas fueron impugnadas por el Estado venezolano.

Venezuela, que es uno de los 47 Estados que constituyen este año el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tildó al conjunto de recomendaciones rechazadas de “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas, elaboradas sobre bases falsas y contrarias al espíritu de cooperación y respeto que debe prevalecer” en este tipo de exámenes en Naciones Unidas.