A pesar de la evidencia, Guatemala dice en la ONU que “la CICIG ya no existe”
Aunque la CICIG sigue en funciones hasta septiembre, Guatemala dio esta respuesta a Michelle Bachelet, quien expresó su preocupación por el retroceso que representaría el fin de la Comisión.
“La CICIG ya no existe en Guatemala, ni mucho menos la figura de un comisionado”, dijo este miércoles en Ginebra el titular de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, Jorge Luis Borrayo, y atribuyó esta decisión a “presiones o intereses que se dieron en los últimos años”.
Este pronunciamiento fue la respuesta de Guatemala a Michelle Bachelet, quien expresó nuevamente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su preocupación por la decisión del Ejecutivo de poner fin al acuerdo que establece la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Al presentar el reporte anual de su oficina en Guatemala ante el Consejo, que sesiona este mes por cuadragésima vez, la alta comisionada Bachelet lamentó la decisión del Gobierno guatemalteco ya que podría conducir a “un retroceso muy significativo en la lucha por erradicar tanto la corrupción como la impunidad en el país”.
La CICIG sí existe
En agosto de 2018, el presidente Jimmy Morales anunció públicamente, rodeado de las fuerzas militares y policiales, la decisión de no renovar el mandato de la CICIG.
Este órgano dependiente de la Secretaría General de Naciones Unidas, creado en 2006 y prolongado cinco veces consecutivas, ha sido acusado de actuaciones “ilegales y arbitrarias” por parte del presidente Morales, quien ha calificado de “persecución penal selectiva” las investigaciones en su contra por financiamiento electoral ilícito y por fraude y lavado de dinero en contra de su hijo y su hermano.
En septiembre de 2018, el jefe del Ejecutivo prohibió entrar al país al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. En ese momento, también pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nombrar a otro comisionado. Este último expresó más bien su respaldo al comisionado Velásquez y, adicionalmente, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió la orden del Ejecutivo.
Velásquez, sin embargo, no ha podido regresar al país, pues además de que le han puesto obstáculos con la renovación de su visa, el 7 de enero de 2019 la Presidencia decidió dar por terminado, de manera unilateral, el acuerdo que otorga el mandato a la Comisión. De manera similar a lo ocurrido en septiembre, Guterres desestimó esa decisión por ser contraria a la normativa internacional y la Corte la suspendió el 9 de enero.
Por estas razones, y tal como lo han informado tanto la CICIG como el propio comisionado Velásquez, la Comisión continúa con sus labores hasta el próximo 3 de septiembre, hasta cuando está vigente el mandato. Hasta el momento, el comisionado continúa al frente de la CICIG desde fuera de Guatemala.
La ley de amnistía también preocupa a la alta comisionada
Otra de las cuestiones destacadas por la alta comisionada es la ley 5377 que está en discusiones en el Congreso, y que de ser aprobada llevaría a la liberación inmediata de los que están detenidos por haber cometido crímenes durante el conflicto interno armado.
“Esto constituiría una negación de justicia prima facie y podría poner a las víctimas y sus familias en alto riego de enfrentar represalias,” advirtió Bachelet en su alocución.
