Por: Redacción
Ginebra, 12 de febrero.- Mañana viernes 13 de febrero el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) dará a conocer sus conclusiones finales sobre la situación de la desaparición forzada en México, país que compareció ante este órgano los pasados 2 y 3 de febrero. Uno de los temas sobre los cuales se pronunciará y emitirá recomendaciones será la impunidad que impera en estos casos, así como las deficiencias que persisten para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes.
Según cifras oficiales que el Estado mexicano entregó al propio Comité para su evaluación, en el país se han documentado más de 24 mil casos de personas desaparecidas; en contrapartida, hasta la fecha sólo ha habido seis sentencias relacionadas con casos de desapariciones forzadas, todas anteriores al 2006, según informó la delegación oficial en el marco del examen en Naciones Unidas.
“Lo sorprendente del examen fue que la propia delegación mexicana reconoció que esas cifras solamente responden a desaparecidos sobre los que tendría competencia el gobierno federal y que no existe información sobre los desaparecidos en las entidades federativas (estados) en donde creemos que el número es mucho mayor”, indicó José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en entrevista concedida a Panorama Diplomático.
Para el defensor mexicano, la impunidad con respecto a las desapariciones forzadas es “la constante en el país… México no ha hecho su tarea en la investigación, procesamiento y castigo” de estos crímenes. Uno de los problemas, según explicó, radica en que “el Estado mexicano no cuenta con la tipificación del delito de desaparición forzada de conformidad con la Convención… y no todos los estados de la República tienen tipos penales adecuados para investigar la desaparición forzada”.
“Presentamos (al Comité) información que constata que esa ausencia de buenas definiciones legales ha generado impunidad en algunos estados, como en Veracruz, en donde representamos un caso en el que una persona ha sido desaparecida y se está investigando por delito de robo de vehículo porque no tienen un tipo penal para investigar… eso genera consecuencias inconmensurables en la investigación”, afirmó el director de la organización mexicana.
Según Guevara, al no estar tipificada la desaparición forzada como delito grave, no se pueden solicitar medidas propias de la investigación, como requerir a las compañías telefónicas el listado de llamadas, o a los bancos el movimiento de la cuenta de la persona desaparecida, entre otras.
También indicó que al Comité de la ONU le “demostramos con nuestro informe que la reforma del código militar del año pasado fue inadecuada e insuficiente, porque no excluye de la competencia de los tribunales militares las violaciones graves de derechos humanos cuando son cometidas por militares y cuyas víctimas pueden ser también militares… hay casos que involucran a militares que han sido víctimas de tortura por militares cuando se han resistido a practicar tortura a civiles y esos casos caerían bajo la competencia militar.”
Para el director de la ONG mexicana, “no solamente no debiera tener la jurisdicción militar competencia material sobre esos delitos, sino que además los jueces, magistrados militares, los fiscales y la defensa son funcionarios nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional que depende del Ejecutivo, por lo que la jurisdicción militar no reúne los requisitos de independencia e imparcialidad que exigen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y en particular la Convención de Naciones Unidas sobre desaparición forzada.”
Por tal motivo, la CMDPDH solicitó en su informe al Comité que recomiende al Estado mexicano “reformar al Código de Justicia Militar a fin de asegurar que ningún caso que involucre la participación de un militar en la violación de los derechos humanos sea investigado o juzgado en el sistema castrense”.
A pesar de los problemas del marco jurídico a los que hace alusión, en la opinión de Guevara el caso Ayotzinapa, “rompe el paradigma que en México se pueden cometer crímenes de enormes proporciones y que normalmente no pasa nada… por primera vez se hace una investigación, de grandes dimensiones, buena o mala, no solo para la búsqueda y localización de los normalistas sino para la identificación y sanción a los responsables” concluyó Guevara.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas remitirá a México un conjunto de recomendaciones que deberán ser implementadas con miras a fortalecer la acción del Estado para prevenir, perseguir y sancionar este fenómeno y avanzar en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Convención Internacional. Por su parte, México deberá comparecer de nuevo ante los expertos en un plazo de cinco años para rendir cuentas respecto de los avances que ha logrado en la materia.
