Informe de la ONU confirma graves violaciones de derechos humanos en Venezuela

En un duro informe publicado este jueves, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) ilustra un panorama de violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en Venezuela, ocurridas en un contexto de escasez de alimentos y medicinas, hiperinflación, intimidación de la oposición y la disidencia política, y de impunidad generalizada.

El reporte examina la situación en Venezuela entre mayo de 2018 y mayo de 2019 y fue elaborado a partir de 558 entrevistas con víctimas, testigos, abogados, personal sanitario, periodistas y defensores de derechos humanos, tanto dentro como fuera del país. Los autores del informe también se reunieron con 159 fuentes de diversos sectores, incluido el Gobierno, y analizaron documentos oficiales, jurídicos, legales, forenses, periodísticos y otros materiales como fotografías y videos.

Persecución a críticos y opositores

Entre sus principales hallazgos, el informe identifica que, durante al menos una década, el Gobierno de Venezuela ha puesto en marcha reformas y políticas “que han erosionado el Estado de derecho”.

“Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y críticos al Gobierno”, afirma la ACNUDH en el texto, en el que también denuncia la retórica hostil que emplean funcionarios en contra de quienes critican al Gobierno o se oponen a él, y menciona el caso específico del programa Con el mazo dando, conducido por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente.

De igual forma, señala que esta tendencia ha aumentado desde 2016, cuando la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional “lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático”.

Para la oficina presidida por Michelle Bachelet, “el Gobierno ha utilizado las detenciones arbitrarias como uno de los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política y cualquier expresión de disensión, real o presunta, al menos desde 2014”. El reporte indica que, el 31 de mayo pasado, 793 personas permanecían privadas arbitrariamente de la libertad.

Los autores del informe documentaron en detalle 135 casos de víctimas de detenciones arbitrarias, ocurridas entre 2014 y 2019, y encontraron que en la mayoría de estos casos estas personas sufrieron “una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.

De igual manera, señalan que “las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”, y lamentan la falta de celeridad de las autoridades para investigar estas conductas, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.

Ejecuciones extrajudiciales

Los hallazgos del informe con respecto a la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) son tan graves que llevaron a sus autores a recomendarle al Gobierno disolver este organismo, y crear un mecanismo independiente capaz de esclarecer las ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido en el contexto de sus operaciones de seguridad.

Según pudo establecer la ACNUDH en entrevistas con los familiares de 20 jóvenes asesinados por las FAES entre junio de 2018 y abril de 2019, los miembros de esta fuerza llegan a los operativos en camionetas sin placas, usan pasamontañas, no tienen identificación y usan armas largas.

“Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada”, dice la ACNUDH en su informe. “Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax”, añade. Las denuncias también señalan que estas personas manipulan la escena del crimen y las pruebas.

En el mismo sentido, el reporte consigna que estas muertes son clasificadas oficialmente como producto de la “resistencia a la autoridad” y señala que las cifras de estos asesinatos son “inusualmente altas”. Según el Gobierno, en 2018 hubo 5287 muertes en estas circunstancias, y solo entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019 se produjeron otras 1569. Las cifras de las ONG son todavía más elevadas.

Salud y alimentación

El informe confirma la gravedad de la escasez de alimentos y que las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), principal programa de alimentación del Gobierno, es insuficiente para cubrir las necesidades nutricionales básicas de la población.

“Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas”, dice el reporte.

Con respecto a la salud, el panorama es igualmente grave. El deterioro de la infraestructura, la falta de acceso a medicamentos y suministros, que llega hasta el 100 % en algunas ciudades, la ausencia de personal sanitario, y el resurgimiento de enfermedades ya controladas, como el sarampión, son una muestra de la magnitud del problema.

Y, lo que es peor por sus consecuencias a mediano y largo plazo, la falta de métodos anticonceptivos ha disparado los embarazos no deseados: según el Fondo de Población de Naciones Unidas, el embarazo adolescente ha subido un 65 % desde 2015. A lo anterior hay que sumar el aumento en el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, como el VIH.

Migrantes y refugiados

En este contexto, la ACNUDH señala que la migración de ciudadanos venezolanos “aumentó dramáticamente” desde 2018, y recoge la cifra proporcionada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que estima que, hasta el 6 de junio pasado, al menos cuatro millones de personas habían dejado Venezuela.

El informe resalta que las condiciones en las que viven estos migrantes y refugiados en los países de tránsito y acogida son también precarias, y que se ven expuestos al tráfico de personas, la explotación laboral, la discriminación y la xenofobia. Las mujeres y las niñas son las más vulnerables a la trata y la explotación sexual.

El impacto de las sanciones

“La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial”, dice el informe, que reconoce, sin embargo, que “las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria, dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense”.

De igual manera, insiste en que la asistencia de organismos internacionales que hasta ahora ha aceptado el Gobierno “es mínima con relación a la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales”.

Este informe de la alta comisionada será discutido mañana viernes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que le solicitó su elaboración en septiembre de 2018 a través de una resolución en la que también llamó a las autoridades a permitir el ingreso de alimentos, medicamentos y suministros para aliviar la situación de la población venezolana.

Luego de la reciente visita de Bachelet a Venezuela, los pasados 19 al 21 de junio, dos personas de la ACNUDH quedaron instaladas en Caracas con el fin de brindar asesoría técnica al Gobierno y de monitorear la situación. Se sabe también que las autoridades acordaron con este organismo recibir, en los próximos dos años, a diez expertos de la ONU en materia de derechos humanos y que, dentro de seis meses, evaluarán conjuntamente la posibilidad de abrir una oficina del ACNUDH en ese país latinoamericano.