La ONU documentó “violaciones generalizadas” de los derechos humanos en Venezuela
Un grupo de colaboradores de la OACNUDH publicó hoy un informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en Venezuela en el marco de las protestas que comenzaron el pasado mes de abril.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, al que se le negó de facto la entrada a Venezuela, constituyó un equipo de colaboradores que recabó, mediante la realización de “entrevistas y reuniones con un gran número de fuentes”, pruebas sobre las “violaciones generalizadas” de los derechos humanos en ese país cometidas desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2017. Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas hoy en Ginebra.
“Las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva para impedir las manifestaciones, sofocar la disidencia e infundir temor”, “realizado detenciones arbitrarias de” quienes “participan en las manifestaciones”, y practicado “malos tratos que en ocasiones podrían llegar a constituir tortura”, dice el informe, que da cuenta de unas 5000 detenciones arbitrarias, y de la permanencia de 1300 personas en la cárcel tras los cuatro meses investigados.
“Las armas letales también se han empleado sistemáticamente con el fin de causar daño innecesario: por ejemplo, las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos directamente y a corta distancia contra los manifestantes, tanto mujeres como hombres, y han modificado las municiones para hacerlas más dañinas”, precisa el informe, y añade que “solo en contadas ocasiones las autoridades han condenado los incidentes de uso excesivo de la fuerza”, que en la mayor parte de los casos han negado responsabilidad de las fuerzas de seguridad en tales incidentes y han calificado repetidamente a los manifestantes de “terroristas”.
De las 124 muertes ocurridas en ese periodo, vinculadas a “las manifestaciones”, el informe de la ONU le atribuye, “presuntamente”, 46 a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que, junto con la Policía Nacional Bolivariana (PNB), son las fuerzas oficiales que actúan “para infundir temor en las comunidades y disuadirlas de seguir protestando”. A ellas se suman “colectivos armados”, o sea paramilitares, supuestos responsables de “27 muertes durante las recientes manifestaciones”.
“Las autoridades han violado sistemáticamente el derecho de reunión pacífica, principalmente reprimiendo las protestas, criminalizando a las personas que ejercen este derecho e imponiendo restricciones indebidas a su ejercicio”, llevando a cabo “allanamientos violentos e ilegales de viviendas en todo el país”, y sirviéndose de la “fuerza excesiva regularmente en el momento del arresto y en la mayor parte de los casos documentados” por el alto comisionado.
“Entre los malos tratos probados “figuran (…) (las) descargas eléctricas, fuertes palizas, posturas que causan estrés, asfixia y amenazas de violencia sexual y muerte, con el objetivo de castigar, humillar y aterrorizar a los detenidos, así como extraer confesiones e información”, respecto a “actividades gubernamentales”.
“Más de 600 civiles detenidos en el contexto de las manifestaciones han sido sometidos a la jurisdicción militar y acusados de delito de naturaleza militar, en violación de las garantías de un juicio justo previstas en el derecho internacional de los derechos humanos”, sostiene el informe, en el que también se critican “la falta de órdenes de arresto, la detención en régimen de incomunicación, la falta de acceso a un abogado y el incumplimiento del principio de presunción de inocencia”.
La ONU también reporta los “ataques por parte de las fuerzas de seguridad en contra de periodistas y profesionales de los medios de comunicación, que han sido víctimas de tiros directos con perdigones y bombas lacrimógenas, detenciones y la sustracción de su equipo para evitar que cubrieran las manifestaciones”.
Finalmente, el alto comisionado pide “un acceso directo y sin restricciones” a Venezuela, que cesen “la represión violenta de las manifestaciones pacíficas (…) las detenciones arbitrarias (y) los allanamientos ilegales de viviendas”, que sean liberadas “ todas las personas detenidas arbitrariamente (…), condenar todos los casos de torturas y malos tratos, desarmar a los colectivos armados”, y “abstenerse de adoptar medidas encaminadas a acosar o interferir indebidamente en las actividades legítimas de la oposición política”.
