Por: Diego de León Sagot

 

Ginebra, 20 de enero.– En la segunda comparecencia de Paraguay ante el Examen Periódico Universal (EPU), celebrada hoy miércoles en la sede de la ONU en Ginebra, doce Estados mostraron su preocupación por la situación de libertad de expresión y los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos en el país suramericano; en reiteradas ocasiones le recomendaron adoptar medidas para combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para el periodismo.

Según información provista para este examen por instancias nacionales e internacionales, como el Sindicato de Periodistas del Paraguay y la plataforma mundial de libertad de expresión IFEX, diecisiete periodistas han sido asesinados desde 1991, casos que aún no han sido esclarecidos y permanecen en impunidad. Además persisten en el país condiciones de precariedad y vulnerabilidad para realizar la labor periodística.

En su intervención inicial ante Estados, organizaciones no gubernamentales y representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Oscar Cabello Saburri, quien encabezó la delegación oficial del Estado paraguayo, no hizo alusión a la situación de violencia y agresiones contra periodistas, y se limitó a indicar que “la libertad de expresión” es parte de “una cultura democrática” que se “ha venido construyendo y consolidando” en Paraguay.

Miembros de la delegación oficial de Paraguay previo al inicio del EPU.

Miembros de la delegación oficial de Paraguay previo al inicio del EPU.

Según Cabello Saburri, para explicar los avances y desafíos del país respecto de la implementación de las recomendaciones emanadas del primer EPU, es importante resaltar el progreso democrático de Paraguay, que se manifiesta en “la alternancia política en el ejercicio del gobierno, la vigencia plena de las libertades civiles y políticas, así como la ampliación y profundización de las normas e institucionalidad para asegurar el pleno goce y respeto de los derechos humanos”.

Durante el diálogo interactivo con las representaciones diplomáticas presentes en el examen, y de acuerdo con las normas establecidas para el mecanismo del EPU según las cuales cada Estado interviene en atención al tiempo previamente definido –en este examen alrededor de 1:50 minutos–, países como Austria, Grecia, Canadá, Costa Rica, Georgia, Italia, Noruega, Macedonia y Estados Unidos, se refirieron expresamente a la situación de los periodistas. En total, diecisiete Estados lo hicieron apelando a la libertad de expresión y a las garantías necesarias para la labor de los defensores de derechos humanos.

 

 

Italia, en sus recomendaciones, instó al Estado a adoptar “medidas efectivas para investigar todas las acusaciones de ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, y asegurar que todos los responsables sean llevados a la justicia”. Grecia recomendó pedir al sistema de justicia de Paraguay que “considere la defensa de la libertad de expresión y la investigación y enjuiciamiento de crímenes contra periodistas, como asuntos de alta prioridad”.

Austria pidió “combatir la impunidad, investigar y enjuiciar a los perpetradores y asegurar un efectivo acceso a remedios para las víctimas en casos de periodistas, defensores de derechos humanos y abogados” que han sufrido violaciones de derechos humanos o abusos; en tanto, Canadá recomendó que se establezca una comisión dentro de la Fiscalía para llevar a los responsables a la justicia y romper con la impunidad “de todos los ataques contra defensores de derechos humanos, incluyendo la investigación de 17 asesinatos de periodistas desde 1991”.

Algunos países latinoamericanos hicieron alusión a esta situación y giraron recomendaciones a Paraguay. Entre ellos, Costa Rica instó al país suramericano a “implementar medidas para proteger a los periodistas y defensores de los derechos humanos, así como políticas concretas para garantizar la libertad de expresión”; Honduras recomendó la adopción de medidas en la esfera legislativa y en el ámbito político para la protección de los defensores de derechos humanos.

Por su parte, Brasil sugirió “crear mecanismo para visibilizar y valorar las actividades de defensores de derechos humanos y desarrollar y aplicar medidas para la protección de dichas personas en el caso que sufran algún riesgo o amenaza asociados al libre ejercicio de sus actividades.”

 

 

Anuncian proyecto de ley sobre libertad de expresión y protección a periodistas

En reacción a las preocupaciones y recomendaciones manifestadas por los Estados sobre la libertad de expresión y la protección a periodistas, la representante de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional informó que a la brevedad se iniciará el proceso de discusión de un proyecto de ley, con apoyo del Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “que establezca parámetros deseados sobre libre expresión y sobre todo seguridad de periodistas”.

Aseguró que estas propuestas normativas tendrán un alto nivel de discusión, “por lo que invitamos muy sinceramente a periodistas y a sociedad civil a acompañar esta iniciativa”, añadió.

 

Escuche las declaracianos de la delegada de Paraguay sobre el proyecto de ley que pretende impulsar el Gobierno a favor de la libertad de expresión.

Otros temas de preocupación

Además de la libertad de expresión, los Estados giraron recomendaciones sobre cómo garantizar de mejor forma los derechos de la niñez, sobre todo frente a la violencia sexual y la trata de menores, reducir los niveles de discriminación y proteger de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas y de grupos vulnerables, como mujeres y miembros de la comunidad LGTBI.

Los Estados reconocieron algunos avances importantes mostrados por Paraguay, tales como la creación de un sistema de seguimiento de las recomendaciones del EPU, denominado SIMORE, así como la creación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura, en atención a los estándares establecidos en el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura, del cual Paraguay es parte.

En su intervención final el Viceministro de Relaciones Exteriores no adelantó ni dio indicios sobre la decisión del Estado paraguayo de aceptar, rechazar o llevarse a estudio las recomendaciones que le fueron remitidas hoy. El próximo viernes, al filo del mediodía de Ginebra, se conocerá la posición oficial, cuando se difunda en la sala del Consejo de Derechos Humanos el informe preliminar del EPU de Paraguay, el cual será adoptado durante esa misma tarde por los Estados participantes del examen.

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