Por: Ines Carel
Ginebra, 4 de octubre.- Está en todas partes: conferencias, sala del Consejo de Derechos Humanos o tomando un café con miembros de la sociedad civil. De la crisis griega al desarme, pasando por el derecho a la autodeterminación, el Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas, está en ello.
El nombre del mandato que le fue atribuido por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 no acaba de hacer justicia a la complejidad de su misión que es, en sus palabras, mostrar la interconectividad entre todos los derechos humanos. O, más bien, darles coherencia formando un todo.
Más de dos décadas trabajando en la ONU le dan el aire de alguien que se siente en casa cuando uno lo cruza por los pasillos del Palacio de las Naciones. Con pajarita al cuello, el Experto destaca por su expresividad cuando habla con pasión de los temas que cubre su mandato.
Nació en Cuba, estudió en Harvard, hizo su doctorado en Göttenberg (Alemania) y vive en Ginebra: de Zayas es un verdadero ciudadano del mundo que pasa de un idioma a otro mientras explica en una entrevista exclusiva a Panorama su último informe sobre los efectos adversos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversión y libre comercio.
El peligro que presentan los tratados de libre comercio e inversiones es un tema poco tratado por la prensa internacional o por los políticos que los negocian. Más bien la sociedad civil es la que critica estos tratados y, por lo tanto, resulta ser un tema algo curioso para un informe al Consejo de Derechos Humanos. ¿Podría explicarnos cuál es el peligro de un tratado de libre comercio e inversiones?
Como yo dije en la presentación de mi informe, los arbitrajes privados que vienen incluidos en esos tratados son un caballo de Troya. Cuando esto se presenta hace 25-30 años, jamás los Estados habían pensado que podían ser llevados a un tribunal de arbitraje donde tres árbitros ignorarían por completo la ley doméstica y el derecho internacional, simplemente diciendo: “tenemos aquí un contratito, yo quiero ganar plata y si usted pasa una ley que va aumentar el salario mínimo, yo gano menos. Bueno pase la ley pero usted me paga (las pérdidas)”. De manera que los Estados pierden espacio y la facultad de tomar decisiones, porque en el momento en que tomen una decisión para proteger la salud pública o para proteger el medio ambiente, la compañía dice: “ah, no, eso no me va, eso es equivalente a una expropiación: me estás expropiando la ganancia que yo quería tener”.
Y usted, ¿qué piensa al respecto?
¡Es absurdo, es aberrante! ¿Y por qué es aberrante? Porque la ontología del Estado es precisamente adoptar legislación para la protección de la población. Para eso está el Estado. Y la ontología del negocio es tomar riesgos. Tú tomas riesgos para ganar más plata. ¡Si no, hazte plomero! Pero si tú quieres ganar más plata, tomas un riesgo y a veces ganas, pero a veces pierdes. Y eso es lo que esta gente no quiere. Es lo que yo llamo contra bonos mores. Es contra la buena moral. Y esto es un principio ultraviejo de derecho internacional: un contrato o un tratado que es contra bonos mores no es legítimo, no es legal, no es válido. Es nulo.
¿O sea que se puede anular?
Se anula en conformidad con el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El problema no es que yo lo diga: yo soy un relatorcito. Yo te escribo un informe y el informe va al archivo. ¡Y se acabó! Porque no hay sistema de seguimiento. Sin embargo, si los Estados – y hay muchos Estados que están interesados en hacer eso – lo elevan a la Corte Internacional de Justicia, entonces ya no lo pueden ignorar. Y la Corte Internacional de Justicia, ¿qué va a decir? Va a decir que el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas es archiclaro: un tratado que sea contrario, que no sea compatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, no es válido. Pero eso lo tiene que decir la Corte Internacional de Justicia, no yo.
Y para eso ¿qué se necesita?
La Asamblea General de las Naciones Unidas puede elevar eso a la Corte. Las organizaciones intergubernamentales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, todas, tienen la facultad de elevarlo.
¿Y los Estados?
Un Estado individual, no. Tiene que pasar por la Asamblea General. Y lo que yo quisiera tratar es que el Consejo de Derechos Humanos lo haga. La Comisión de los Derechos Humanos no podía. La Comisión era un órgano del ECOSOC. Pero la Comisión ha sido elevada a un Consejo: el Consejo de Derechos Humanos. Y yo interpretaría el artículo 96 de la Carta de Naciones Unidas como dándole autorización, competencia al Consejo de Derechos Humanos a referir una pregunta legal a la Corte Internacional de Justicia.
¿Hay algún precedente de un caso así?
No hay precedentes. Sería el primer caso. Si no lo quieren hacer, hay otra manera: pueden referir el asunto en su informe a la Asamblea General. Y desde luego los Estados que están aquí – y hay muchos Estados que están interesados en la idea – pueden hacer la campaña política en Nueva York para que sea la Asamblea General la que lo eleve a la Corte Internacional de Justicia. Porque el problema que yo ya dije en la presentación del informe es que nosotros los relatores podemos formular recomendaciones pragmáticas, claras, pero como no hay un sistema para traducirlas en acción, no pasa nada. Hay un poquito de discusión, sale un artículo por aquí, un artículo por allá y se acabó. La Asamblea General tiene otras facultades y, sobre todo, la Corte Internacional de Justicia puede pronunciarse, que es lo que yo quiero.
Wikileaks ha hecho un llamado para que alguien dé a conocer el texto del Tratado Transatlántico, uno de los acuerdos de libre comercio e inversiones que está siendo negociado en secreto actualmente entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Tiene usted algún comentario?
Gracias a Wikileaks conocemos lo que conocemos. Yo espero que haya aquéllos dispuestos a hacer público lo que tenía que ser público desde el primer día. Esto no es un asunto de seguridad nacional, esto es simplemente… ¡plata! Esto es simplemente arreglos para ganar más dinero. No hay ninguna razón, no hay ninguna justificación para que esto sea secreto. No hay posibilidad de adoptar un tratado sin tener la contribución y la participación de aquellas personas que van a ser afectadas, que, en este caso, es todo el mundo. Hay organizaciones de consumidores, hay organizaciones de protección del medio ambiente, hay organizaciones de protección de la salud, etcétera. ¡A esta gente hay que consultarla! Tú no puedes hacer un llamado “tratado” nada más que entre las corporaciones y luego presentar un acuerdo ya hecho y entonces con el llamado fast track ¡ni los parlamentarios pueden discutirlo!
¿A qué se refiere con “fast track”?
¡Es un voto sí o no! Claro, yo votaría no. Se acabó. Si a mí no me permiten participar en la elaboración de un tratado, para mí es evidentemente no. Pero como los parlamentarios – sobre todo en las democracias modernas, que son democracias de lobbies y de intereses particulares –, como las campañas de los senadores y de los congresistas son pagadas por las empresas transnacionales, son pagadas por los bancos, ellos se sienten obligados a hacer lo que estos les dicen. Un grandísimo problema. Es lo que diría yo en inglés the breakdown of democracy. Es decir, la democracia está atacada pero frontalmente por este sistema y afortunadamente la sociedad civil se está moviendo, ¡que hace diez años no se movía! ¡Y esto no se sabía! Y yo espero que, como veo que mucha gente – Estados y organizaciones no gubernamentales – han apoyado el plan de acción, que alguien en la gran prensa, ya sea el Times o el Washington Post o el Frankfurter Allgemeine Zeitung diga: “Caramba, esto tiene futuro. Esto puede que llegue a algo”. Y que le den un poco de publicidad.
¿Qué obstáculos ve usted a la implementación de sus recomendaciones?
¿Tú te fijaste quién tomó la palabra después de la presentación del informe? No hubo un Estado de la Unión Europea que tomase la palabra, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Australia, ni Japón. Los grandes no toman la palabra y entonces tienes, claro, a Rusia, a Bielorrusia, tienes a Irán, tienes, como se dice en inglés, the usual suspects, que son los que toman la palabra. Pero eso no es lo que se pensaba cuando se creó el Consejo de Derechos Humanos. Tú lo que quieres es que participen, pero no quieren participar. Es decir, me ignoran. Es decir, no me atacan porque es un poco difícil atacar un informe que está bien étayé, que está bien sustanciado. Así que como no lo pueden atacar, me ignoran. Y entonces esperan que se desvanezca, a la gente se le olvida porque mañana tienen otro informe y otro y otro y otro. Así que es uno entre tantos y tantos informes: “¡Uf! Ya pasó el mal rato, ¿no?” Y se les olvida. Pero, ¡esperemos! Vamos a ver cuáles son las reacciones en la prensa, si las hay. Y luego en la Asamblea General con el informe que acabo de sacar. Y si piensas que ese era duro, el otro es más duro. Y ya salió en todos los idiomas.
De Zayas presentará este informe en la Asamblea General de la ONU en Nueva York el próximo 26 de octubre.
