“La impunidad es la característica y la causa de la violencia en Honduras”: ONU
La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el reporte de su predecesor, Christof Heyns, sobre los hallazgos de la visita que hizo a Honduras del 23 al 27 de mayo de 2016. En su informe, el experto señala que la violencia en el Estado se caracteriza por el “ingente número de asesinatos y el número reducido de asesinos que comparecen ante la justicia”. La impunidad, que alcanza el 90 %, es “la característica y, en gran medida, la causa de la violencia existente”.
Adicionalmente, Heyns indica en su reporte que “los patrones regionales de contrabando de drogas, así como la acuciante pobreza y la gran desigualdad no ayudan a romper el ciclo de violencia” y, aunque destacó avances como la creación de una ley para la protección de los defensores de derechos humanos, aseguró que “el reto es implementar de forma sistemática las leyes vigentes sin miedos ni favores y con carácter urgente”.
Por otra parte, el experto recuerda que la sociedad civil debe tener un rol central en la construcción de soluciones “como se desprende por ejemplo de las manifestaciones multitudinarias contra la corrupción que se reprimieron por la fuerza”.
“Se percibe en Honduras cierta resignación, pues parece poco probable que la situación vaya a cambiar”, continúa el exrelator en su informe, al tiempo que invita a los hondureños a tomar en cuenta que, aunque hace unos años Honduras tenía la tasa de asesinatos más elevada del mundo, “la trayectoria actual de disminución de la violencia debería contribuir a contrarrestar esa sensación y demostrar que el cambio es posible”.
Recomendaciones del relator especial
Con el fin de que esos avances continúen “en la dirección adecuada”, el experto recomienda al Gobierno formular “una estrategia integral para proteger eficazmente el derecho a la vida. Ese proceso debería llevarse a cabo con una coordinación intersectorial o, si existen la necesidad y la voluntad necesarias, estar a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
De igual manera, lo insta a garantizar “la investigación plena, rápida, eficaz, imparcial y diligente” de los autores materiales e intelectuales de los homicidios perpetrados contra defensores de los derechos humanos, operadores de justicia, indígenas, periodistas, defensores de los derechos a la tierra, mujeres, migrantes, niños, reclusos y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero.
En otro sentido, Heyns pide al Estado garantizar que el uso de la fuerza por parte de la Policía, la Policía Militar y el sistema penitenciario se ajuste a las normas internacionales y que así lo haga también la reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Por otra parte, recomienda con carácter prioritario “la finalización e implementación del marco reglamentario para la aplicación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia” y garantizar que el sistema nacional de protección disponga del personal y los recursos suficientes para funcionar de manera eficiente.
Finalmente, en cuanto a la situación de las prisiones, el antiguo relator pide a Honduras mejorar las condiciones de reclusión y, en particular, combatir el hacinamiento, propender por la administración civil de las cárceles, velar por que las pandillas no se infiltren en estos establecimientos e impedir que los reclusos accedan a armas, drogas y teléfonos móviles,
“que pueden utilizarse para cometer delitos y poner en peligro la vida de terceros tanto dentro como fuera de las prisiones”.
La respuesta de Honduras
En su intervención en nombre del Estado concernido, el embajador hondureño reconoció que los elevados niveles de violencia, exacerbada por el tráfico de droga y la existencia de las pandillas, afectan de manera especial a las mujeres, niños, defensores de derechos humanos, periodistas y personas LGBTI.
Consciente de esta realidad, aseguró, Honduras “focalizó recursos financieros y humanos para combatir la impunidad de los hechos de violencia perpetrados por el crimen organizado, a través del establecimiento de mecanismos nacionales, por ejemplo, del mecanismo nacional de protección de los defensores de derechos humanos”.
Para fortalecer este mecanismo, anunció el embajador, el Estado invitó al relator especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Michel Forst, a hacer una visita oficial con el fin de recibir su asistencia técnica.
