El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud presentó hoy al Consejo de Derechos Humanos las conclusiones de su visita a Paraguay, en donde encontró que la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes es generalizada.

 

Por: Juan Gasparini

 

Ginebra, 14 de junio.- “En el Paraguay la violencia contra las mujeres y las niñas puede considerarse una epidemia”, afirma en el informe de su visita al Estado paraguayo, entre septiembre y octubre pasados, el Relator Especial de la ONU para la salud física y mental, Dainius Puras, quien presentó hoy martes sus conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos.

“El abuso sexual y otras formas de violencia, en particular la violencia doméstica, son fenómenos generalizados”, indicó el experto independiente mandatado por la ONU, un médico y profesor universitario que ejerce en Vilnius, Lituania.

“Las principales dificultades” para enfrentar el problema “son el hecho de que esos actos no se denuncian lo suficiente debido a los patrones de género patriarcal prevalecientes y la estigmatización conexa, y de que el alcance y la aplicación de las disposiciones legales vigentes siguen siendo insatisfactorios”, explicó el Relator Especial.

También dijo que recibió “denuncias de actos de intimidación y acoso contra personas, organizaciones no gubernamentales, defensores y defensoras de los derechos humanos y abogados que se ocupan de los derechos de la mujer y las cuestiones de género, en particular de la violencia contra la mujer y la violencia sexual”.

El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud instó a Paraguay a despenalizar el aborto.

Dainius Puras espera que una ley de protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia, que estaba en trámite en el Parlamento en diciembre de 2015, “se aplique sin demora”. Además, pidió “una ley contra todas las formas de discriminación” y reclamó por el “disfrute del derecho a la salud”, incluyendo a “las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, las personas con discapacidad y las personas que viven con el VIH/SIDA”.

En particular criticó “la normativa extremadamente restrictiva que rige la interrupción del embarazo, que tipifica el aborto como delito cualesquiera sean las circunstancias, excepto cuando la vida de la mujer o la niña corre peligro”, aunque matizó que esa excepción se utiliza “rara vez”, y “los abortos se llevan a cabo en lugares clandestinos, lo que genera graves complicaciones de salud que cada año provocan la muerte de muchas niñas y mujeres jóvenes”.

Al respecto recomendó al Paraguay que despenalice el aborto y garantice el acceso a los servicios “cuando el embarazo resulte de una violación o del incesto, en los casos de malformaciones fetales o cuando la vida o la salud de la madre esté en peligro”.

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