ONU denuncia generalización de agresiones a defensores y periodistas en México

En su más reciente informe, los expertos del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas denunciaron una generalización de agresiones a defensores y periodistas en México e instaron tanto al Gobierno como a la iniciativa privada a mostrar cero tolerancia frente a los ataques y actos de intimidación ejercidos contra dicho colectivo.

Este informe fue redactado con motivo de su visita al país, que tuvo lugar del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, y será presentado el 8 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos.

“En vista de la generalización de las agresiones y los casos de intimidación contra las personas que defienden sus derechos, los más altos funcionarios del Gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán”, cita el documento.

El Grupo de Trabajo constató la existencia de una gran desconfianza entre Gobierno, empresas, comunidades afectadas y las diferentes partes interesadas.

“A esa desconfianza contribuyen los insuficientes niveles de transparencia y consulta con las comunidades afectadas, mientras que la percepción del poder que ejercen las empresas se ve reforzada por los casos de acoso e intimidación contra quienes denuncian violaciones de los derechos humanos relacionadas con proyectos de desarrollo y operaciones empresariales”, subraya.

“Los defensores de los derechos humanos y los periodistas deben estar mejor protegidos para que puedan desempeñar su importante función”, observa el Grupo en su informe y destaca la ausencia de diálogo con las comunidades, en la tradición y en la práctica, en el contexto de los proyectos a gran escala, así como la gran necesidad de establecer mecanismos eficaces de consulta y fortalecer una cultura de diálogo social.

Así mismo, instó al Gobierno de Enrique Peña Nieto a que adopte medidas adicionales para asegurar el cumplimiento, en la práctica, de las normas internacionales sobre el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. “Las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables’’, recomienda el grupo de expertos.

El Grupo de Trabajo alentó al Estado a fomentar la capacidad de los funcionarios públicos y los legisladores respecto de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y a que los haga más conscientes de su contenido y alcance. De la misma manera, urgió al Estado a que proporcione orientaciones y fije expectativas claras para todas las empresas, en particular en el sector bancario, sobre su obligación de respetar los derechos humanos en todas sus actividades, tanto a nivel nacional como internacional.

El Grupo considera que el Gobierno “debe velar por que las empresas que sean propiedad del Estado o estén bajo su control incluyan criterios de derechos humanos en sus prácticas de contratación pública, e integre la diligencia debida en materia de derechos humanos en las políticas y las prácticas de concesión de préstamos de los bancos nacionales de desarrollo”.

Así mismo, lo exhorta a que “facilite el diálogo y la mediación entre las empresas y las comunidades afectadas por las operaciones y proyectos empresariales”, y lo invita a que “elabore un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos con la participación de múltiples interesados, incluidos representantes de las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones empresariales nacionales, los sindicatos sectoriales y representantes de las comunidades indígenas”.

De igual forma, el Gobierno de Los Pinos “debe fortalecer la capacidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para vigilar la observancia de las normas ambientales en las actividades empresariales’’, señala el Grupo entre un gran número de recomendaciones.

Por otra parte, recomienda a las empresas tanto privadas como a las que son propiedad del Estado que adopten una política de derechos humanos y procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar los riesgos reales y potenciales que sus actividades pueden representar para el ejercicio de los derechos humanos.

“Las empresas deben ser más transparentes y estar más dispuestas a escuchar las voces críticas, buscando formas de facilitar el diálogo y la interacción con las comunidades afectadas”, enfatiza el informe.

Entre otros temas, el informe aborda la situación de contaminación industrial y analiza los casos del Río Santiago, Río Sonora, y evalúa sus efectos ambientales y sociales.

También hace referencia a otros casos, como el proyecto de construcción de un parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, ejecutado por la empresa Energía Eólica del Sur, y observa que, como había ocurrido en otros casos similares, este gran proyecto de desarrollo se vio detenido como consecuencia de una resolución de un tribunal federal, de diciembre de 2015, por la que se concedía el amparo.

El Grupo aborda el caso que afectaba a las comunidades mayas de Campeche y Yucatán, en el que las autoridades federales concedieron a una empresa la autorización para cultivar soja transgénica sin haber consultado antes a las comunidades indígenas afectadas

El Grupo de Trabajo destaca su visita a la comunidad indígena otomí-mexica de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México, cuyos miembros se han opuesto a una orden de expropiación que se dictó en 2012 para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, sin que se llevase a cabo ninguna consulta previa, pues atravesaría sus tierras ancestrales.

Este es el informe del Grupo de Trabajo: