Por: Juan Gasparini
Ginebra, 23 de julio.- El Comité de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por 18 expertos independientes y presidido por el catedrático argentino Fabián Salvioli, fustigó a las fuerzas del orden españolas por la represión de “las protestas ciudadanas (…) incluyendo tortura y malos tratos” y lamentó “los informes que dan cuenta de debilidades en las evaluaciones forenses en casos de investigación de violaciones de derechos humanos”.
Este Comité, encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, le pidió a España que disponga “órganos de denuncia independientes para atender las quejas de malos tratos”, que “las denuncias sean investigadas de manera rápida, completa e independiente, y que los responsables de esos actos comparezcan ante la justicia”.
Solicitó expresamente “prohibir en su ordenamiento jurídico la concesión de indultos a las personas declaradas culpables por el delito de tortura”, una práctica abundantemente denunciada durante la instauración democrática española, que “contribuye a una sensación de impunidad por parte de los agentes del Estado”.
Para impedir la tortura, la ONU exhortó a España a tomar otras medidas: grabar los interrogatorios de los detenidos, asegurar “que los exámenes forenses de los presuntos casos de tortura y malos tratos cometidos por agentes del Estado sean imparciales, exhaustivos”, y “que las víctimas reciban una reparación adecuada que incluya servicios de salud y de rehabilitación”.
Al respeto, la ONU no olvidó el reclamo que deriva de sus conocidas exigencias a los Estados miembros, cual es la abolición del régimen de incomunicación, y el reconocimiento del derecho de los detenidos “a un médico y a la libre elección de un abogado al que puedan consultar de manera plenamente confidencial y que pueda estar presente en los interrogatorios”.
La expulsión de los solicitantes de asilo y los inmigrantes indocumentados fue objeto de preocupación del Comité, en particular las “expulsiones en caliente” que tienen lugar en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla”. También las “deportaciones express” que se realizan por vía aérea, “incluyendo vuelos conjuntos programados por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (FRONTEX)”.
El Comité expresó asimismo su inquietud por que “dichas expulsiones sumarias se realizan sin las garantías suficientes para que se respete el principio de no devolución, cuando corresponda”, ante lo cual instó a España a “garantizar que todas las personas que solicitan protección internacional tengan acceso a procedimientos de evaluación justos e individualizados”.
La ONU precisó que se debería otorgar a los migrantes una “protección frente a la devolución sin discriminación, y (que) tengan acceso a un mecanismo independiente con autoridad para suspender las decisiones negativas”. En el mismo sentido recomendó que cuando esas devoluciones sean inevitables, se lleven a cabo sin que se someta a los expulsados o deportados a malos tratos o uso excesivo de la fuerza.
Entre tanto, los expertos de la ONU solicitaron a España que mejore las condiciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), adonde por lo general se destinan temporalmente los inmigrantes en situación irregular. El Comité recordó a España que debe generar condiciones sanitarias acordes con las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos.
